Pocos pensaban que una guerra tan terrible como la de Ucrania sacudiría a un planeta tan debilitado por la pandemia. Con las olas virales perdiendo altura en el plano estadístico gracias al avance de las vacunas, todas las miradas se dirigían a la recuperación económica: tan deseada como precisa. Lamentablemente no fue así, y Rusia –nostálgica de la Unión Soviética– propiciaba otra crisis a nivel mundial sin precedentes en el siglo XXI. Ocho meses después, con el General Invierno acercándose al Viejo Continente, Europa se sigue rearmando entre líneas de ayudas para los aliados y múltiples sanciones para el adversario.
En España, el Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico (el MITECO), aprobó este martes el Plan Más Seguridad Energética (+SE). La iniciativa, que incluye 73 acciones destinadas a ahorrar entre un 5,1 y un 13,5% de gas natural, apoyará a los hogares con calderas comunitarias y fomentará la instalación voluntaria de contadores y repartidores de gastos en las instalaciones centralizadas.
A nivel gallego, cerca de 90.000 hogares se verán beneficiados. Viviendas que se refugiarán del frío sin sorpresas en sus facturas bajo un “mecanismo de protección” que, a falta de detallar, no será low cost: “El Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación”.
En un contexto tan singular como peligroso –marcado por el agravamiento de las tensiones en los mercados internacionales de materias primas, especialmente en los energéticos– se desenvuelven las nuevas actuaciones avanzadas por el Gobierno estatal, que busca aliviar el bolsillo de los consumidores vulnerables. La situación invita a hacerlo: más de una docena de países comunitarios ya han visto reducciones de los flujos de gas, con interrupciones totales o parciales, y sólo el 30% de los estados miembros tienen acceso al mercado global de Gas Natural Licuado (GNL), lo que evidencia su escasa capacidad para importar este producto.
Para conseguir evitar esa amenaza y que la inflación provocada por las tensiones entre Oriente y Occidente no salpique aún más al ciudadano de a pie, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a “reducir” la factura de gas a los hogares que cuenten con calderas comunitarias, que en este momento no se están pudiendo acoger a la Tarifa de Último Recurso (TUR): conocida por la mayoría como la “regulada” y más asequible que las del mercado libre. Sin saber todavía cuándo y cómo lo hará, la medida beneficiará a 1,6 millones de familias españolas que actualmente tienen sistema de calefacción central y, por tanto, comparten contrato con todos sus vecinos.
El territorio gallego es el más rezagado en la instalación de contadores únicos
De ellas, unas 90.000 son gallegas –eran 89.873 viviendas el año pasado y casi 37.000 pertenecientes a la provincia de Pontevedra– y todas carecen de contador individual. En esta línea, además de la medida 48, la cual avanza que “se aprobará un mecanismo de protección para consumidores domésticos de gas que formen parte de comunidades de propietarios con calderas comunitarias”, existe la medida 10, la cual paralelamente contempla “el fomento de la instalación voluntaria de contadores y repartidores de costes en las instalaciones centralizadas”.
En síntesis, esta última consiste en promover en inmuebles con sistema central de calefacción la instalación de contadores individuales de energía, incentivando el ahorro. “Se articularán mecanismos con el sector de instalación de estos contadores que permitan su financiación, de modo que los costes sean sufragados a cargo de los ahorros generados”, explica el MITECO en su Plan Más Seguridad Energética (+SE), que recoge las 73 acciones para gastar de un 5,1 a un 13,5 por ciento de gas natural menos.
A menos de un año para que los domicilios españoles con calefacción central dejen de pagar en función del gasto total de los vecinos, y que cada uno pague por lo que consume, quedan muchas viviendas sin estos dispositivos (contadores y repartidores) dirigidos a medir el consumo en los edificios que tienen calefacción centralizada. A 31 de mayo de 2022, la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF) cifró en 1,5 millones estas viviendas, siendo Galicia la autonomía menos previsora (con solo un 9% de sus hogares cumpliendo la normativa).
