Aunque las hipotecas se llevan todos los titulares por el impacto que supone para cientos de miles de familias –solo en Galicia hay 191.600 hogares pagando su vivienda y otros 20.500 con crédito para una segunda residencia–, el cambio de estrategia del Banco Central Europeo (BCE) con el precio del dinero afecta de lleno a la caja pública también. “Tenemos que devolver la inflación al 2% en el medio plazo y haremos lo que tenemos que hacer, que es continuar subiendo los tipos de interés durante las próximas reuniones”, insistía su presidenta, Chirstine Lagarde, hace un par de días en una comparecencia pública en Fráncfort. En su reunión del mes pasado, el organismo impulsó el mayor incremento de su historia, 75 puntos básicos, que llegó tras el alza de 50 puntos de julio. El tipo oficial se sitúa ahora mismo en el 1,25%.
“El proceso de normalización de las políticas monetarias, como consecuencia de la intensificación y persistencia de elevadas tasas de inflación, están encareciendo el coste de las nuevas emisiones de deuda”, admitía ayer la Consellería de Facenda, que, “ante las expectativas de un endurecimiento de las condiciones de financiación para final de año”, ha dado un giro en su calendario de operaciones, “adelantando el programa de endeudamiento”.
Entre abril y junio, la Xunta ha formalizado operaciones de deuda por valor de 510 millones de euros. Son todo préstamos: 222 millones en créditos a corto plazo y 297 millones a largo plazo, según el balance publicado por el Banco de España. No hay, por el momento señales de que el Ejecutivo regional vuelva a lanzar bonos al mercado. En valores acumula 2.500 millones de euros y una de las emisiones de 225 millones vence en diciembre de este año.
Con las nuevas operaciones, la deuda pública gallega escala a los 11.824 millones de euros, un 17,7% del PIB regional. El departamento que dirige Miguel Corgos hace hincapié en que la comunidad se mantiene como la sexta con menor saldo en relación al PIB y la tercera en función de la población: 4.393 euros por habitante. La media de las autonomías roza los 6.700 euros. Es, además, la autonomía “que menos aumentó su endeudamiento desde el año 2009” –6.965 millones de euros, el 143%–, “lo que le permite estar ahora en una mejor posición financiera para responder a las exigencias económicas derivadas de los efectos negativos de la pandemia y la crisis de subida de precios”.
Casi todas las comunidades apostaron por la misma estrategia. La deuda autonómica medró en 6.911 millones en el segundo trimestre. Solo se redujo en Asturias y Madrid.
