El Gobierno ha planteado un incremento salarial del 6% para los empleados públicos hasta 2024. Así se lo ha transmitido el equipo de negociadores de María Jesús Montero a los sindicatos Csif, CCOO y UGT en la reunión de este miércoles, según explican fuentes de los mismos. Las centrales han considerado "insuficiente" la propuesta, puesto que implica una pérdida de poder adquisitivo a corto plazo y se han emplazado a una nueva reunión este jueves para intentar seguir avanzando en la planificación de las subidas de sueldo para los próximos años. El pacto (o no) que puedan alcanzar entre el Ejecutivo y las centrales afectará directamente a la nómina de 3,4 millones de personas en toda España. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública han declinado realizar declaraciones al respecto de la negociación en curso.

La primera propuesta de incrementos salariales que ha puesto encima de la mesa Hacienda para los funcionarios ha sido la siguiente. Este 2022, en el que los salarios subieron el 2%, el Gobierno plantea subir de manera retroactiva otro punto y medio, para compensar la elevada inflación. De cara al año que viene, en 2023, las nóminas pretende que suban el 2,5%. Y en 2024 la subida ofertada sería del 2%. Es decir, un acumulado para los dos próximos ejercicios sería del 6%. Cerrar un pacto plurianual es una línea roja de los sindicatos, especialmente de cara al 2024, cuando por ciclos electorales puede ser complicado que haya un Gobierno en plenas funciones para acordar un nuevo incremento e implementarlo desde principios de año.

Las centrales han rechazado la primera oferta y las negociaciones continúan. Está en manos de Hacienda decidir cuando acaban, pues en su haber tiene competencias para sacar adelante los incrementos sin el beneplácito de los sindicatos más representativos entre la función pública. Fuentes sindicales explican que desde Hacienda les han manifestado urgencia para cerrar la negociación. Formalmente tienen este jueves a las cuatro de la tarde programada una nueva cita. Y los de Montero han deslizado que querrían tener la negociación clausurada para el próximo martes.

Semana laboral de 35 horas

El Gobierno es consciente que las cifras que está poniendo encima de la mesa provocan que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo. Es por ello que están abiertos a negociar sobre otras condiciones laborales más allá de las salariales, como la duración de la jornada. Desde Hacienda se baraja reducir a 35 horas semanales la jornada ordinaria para toda la Administración, algo que sería bien visto por parte de las centrales. Estas también reclaman abordar la reclasificación profesional de determinados colectivos, lo que, de facto, implicaría un aumento salarial para algunos y con especial incidencia entre el profesional sanitario y de educación.

La cifra de aumento salarial que ha puesto Hacienda encima de la mesa para el próximo año, que de facto es un 3,5%, promete erigirse como referencia de cara a las negociaciones en el sector privado. Es exactamente la misma que estuvo sobre la mesa negociadora entre patronal y sindicatos. La CEOE estaba dispuesta a aceptar una subida salarial del 3,5% para este año, aunque los sindicatos aspiraban a blindarla con una cláusula de revisión que equiparara a final de año esa cifra con el IPC final. No obstante, CCOO y UGT han anunciado este mismo miércoles que esa cifra de salida del 3,5% ya no les parece suficiente dados los actuales niveles de inflación y que, si se vuelven a sentar a la mesa con la patronal, pedirán más.