La historia reciente de las energías renovables en Galicia deja el tímido intento de algunos promotores de esquivar la autorización autonómica con parques de más potencia que son competencia del Estado. Hoy son muchos los que guardan turno en la ventanilla del Ministerio para la Transición Ecológica, pero hace 13 años, con el mismo reparto de competencias –la Xunta solo revisa los de menos de 50 megavatios (MW)–, presentar proyectos por alguna vía que no fuera la autonómica parecía una extravagancia y tanto el bipartito como los populares tras su regreso a San Caetano no disimularon su enfado con las empresas que sí lo intentaron. Fueron dos. Endesa solicitó 567 MW y Estela Eólica casi 200 al entonces Ministerio de Industria, a cambio de operar a pulmón, sin las primas que por entonces recibía el sector para compensar las elevadas inversiones en los molinos y su contribución a la lucha contra el cambio climático. Acabaron renunciando en la antesala a la celebración del concurso autonómico de 2010.
De los frutos de aquel polémico reparto que iba a rejuvenecer la industria gallega poco se sabe, salvo que hay parques que todavía tramitan ahora la autorización y el Ejecutivo regional les da prioridad en el papeleo. Como ellos hay 275 expedientes que suman 7.200 MW bajo la lupa de los organismos de energía, medio ambiente y urbanismo. El evidente atasco en las aprobaciones llevó a la Xunta a reforzar el equipo de tramitaciones con 73 efectivos y a decretar una moratoria de 18 meses en la entrega de nuevos proyectos a contar desde el inicio de este año.
"Ordenación del sector"
“Atendiendo al número de proyectos de parques eólicos admitidos y actualmente en tramitación y a la cifra de MW prevista en estos proyectos”, justificaba la Vicepresidencia y Consellería de Economía, “no se admitirán a trámite nuevas solicitudes” para llevar a cabo “una ordenación racional”. Quedaban al margen “aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados como tales por el Consello da Xunta”. La administración autonómica se reservaba la opción de reabrir “temporalmente” el cupo si había muchos desestimientos, caducidades o informes contrarios a las instalaciones en tramitación.
El Estado vio un claro abuso de competencias en la medida de la Xunta porque esa disposición incluida en la ley de medidas fiscales y administrativas de los presupuestos autonómicos de 2022 se llevaba por delante en teoría cualquier proyecto presentado para Galicia o aquellos que compartan espacio con otras comunidades. El conflicto no llegará al Tribunal Constitucional. El acuerdo de la Mesa Bilateral de Cooperación publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Diario Oficial de Galicia (DOG) refleja que la moratoria afecta “únicamente” a “las instalaciones que sean competencia de la comunidad”, dejando fuera, por tanto, las iniciativas tramitadas en Transición Ecológica y las fronterizas.
El Estado obliga también a la Xunta a matizar su decisión de dar los proyectos admitidos a trámite sin permiso de acceso y conexión a la red eléctrica o con él caducado 12 meses para conseguirlo o renovarlo. No se podrá dar la autorización administrativa si el titular no dispone del enchufe concedido.
