Hace poco más de dos meses, el 12 de julio, trascendió la decisión del Gobierno de encargar a Red Eléctrica un informe sobre el futuro de la térmica de Endesa en As Pontes: su cierre o su reactivación ante el temor a un desabastecimiento energético este invierno por la guerra de Rusia en Ucrania. Finalmente, el desmantelamiento total de la planta de carbón coruñesa como se proponía el Ejecutivo en 2020 queda aplazado ya que operará a medio gas: si fuera necesario podrían funcionar dos de los cuatro grupos, con unos 350 MW cada uno. Será, por tanto un cierre gradual y, en todo caso, condicionado por la situación energética.
La primera fase supone el cierre de dos ciclos de producción, mientras que el futuro de los otros –que suman 700 MW– deben quedar listos para su reactivación si fuese necesario y así lo solicitase el operador energético hasta que se produzcan dos circunstancias: la puesta en marcha por parte del Ejecutivo de las ayudas de cogeneración y la vuelta de la subasta de interrumpibilidad de los grandes consumidores eléctricos. Los proyectos previstos para la reconversión industrial de la zona suman una inversión superior a los 2.500 millones de euros.
La decisión fue anunciada ayer tras una reunión de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, para abordar el futuro de la central y sus trabajadores, una vez recibido el informe del operador eléctrico sobre la solicitud de cierre de la planta presentada por la energética.
No es el primer informe de Red Eléctrica Española (REE). El departamento dirigido por Ribera contaba otro elaborado en 2020 para autorizar el cierre de los cuatros grupos de la central de carbón, pero la pasada primavera decidió solicitar un nuevo informe por las tensiones provocadas en los mercados energéticos a raíz de la guerra en Ucrania y la elevada exportación de electricidad debido a la sequía y la indisponibilidad de buena parte del parque nuclear francés.
Este segundo informe de REE contempla “escenarios no previstos anteriormente, con distinta participación de la cogeneración y una elevada y constante exportación a los países vecinos”. “El análisis revela la conveniencia de cerrar los dos grupos inoperativos y de que el cierre de los otros dos quede condicionado al refuerzo de variables de disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico mediante diversas medidas que se están poniendo en marcha, como el aumento de la disponibilidad de la cogeneración o el establecimiento de un mecanismo de respuesta activa de la demanda”, según el comunicado emitido ayer por Transición Ecológica.
La clausura parcial de la central de As Pontes se explica por la actual situación energética, que obliga a tirar de centrales de carbón, prácticamente desmanteladas en los últimos años, para garantizar el suministro en todo el país si la crisis energética así lo requiere.
En lo que va de 2022, la producción de luz procedente de centrales de carbón es de un 3,2% sobre el total; hace apenas un año, representaban un 1,7%. Es decir, en doce meses prácticamente se ha duplicado, según los datos de Red Eléctrica. Con este incremento se trata de cubrir la menor producción hidroeléctrica y de cogeneración –casi en mínimos desde el inicio de la excepción ibérica–, así como la mayor aportación de las centrales de ciclos combinados de gas, de donde llega un 23% de la luz, con puntas diarias de hasta un 42%.
“Compromiso total”
En su reunión con el consejero delegado de Endesa, la vicepresidenta recordó su “compromiso total con zona afectada por el cierre”, recordando que se ha puesto en marcha un Convenio de Transición Justa para desplegar instrumentos de apoyo a proyectos municipales, empresariales, de formación profesional y, especialmente, proyectos energéticos de renovables innovadores.
Ribera emplazó Endesa a promover proyectos de reconversión e inversiones alternativas en la zona, en cumplimiento del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre, firmado en abril de 2020 entre el Gobierno, sindicatos y las empresas propietarias de las centrales.
