El Banco de España ha puesto cifras a algunos de los escenarios que contempla la actual reforma de las pensiones, en la que se debate si la Seguridad Social debe y cómo ampliar el sistema de cálculo de las prestaciones en base a los últimos años cotizados. Según un informe publicado este miércoles, el organismo advierte de que pasar de los actuales 25 años hasta 35 -sin introducir ninguna otra variable compensatoria- para para calcular las nuevas pensiones supondría un recorte de las futuras prestaciones del 8,2%. La modificación del periodo de cómputo es una de las grandes bazas de la negociación que justo ha reanudado el Gobierno esta semana. El ministro José Luís Escrivá sí pretende ampliar el periodo de computo, aunque se apresuró en el arranque de las conversaciones a descartar explícitamente llegar hasta los 35 años. Si bien el titular de Seguridad Social sí llegó a barajar meses atrás dicha opción.

El estudio también apunta que la ampliación del periodo de cálculo y posibles efectos amortiguadores -como dejar al futuro pensionista elegir sus mejores años de cotización- perjudica en mayor medida a los trabajadores con salarios medios, beneficia a aquellos con nóminas bajas y tiende a un efecto neutro para las más altas.

Los economistas Alejandro Muñoz-Julve y Roberto Ramos han realizado una estimación de qué impactos ha tenido la última ampliación del periodo de cálculo en el pago final de las pensiones y cuales podría tener de abordarse una nueva modificación. La primera conclusión de su análisis es que la reforma aprobada en el 2011 por el gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero ha sido negativa para el poder adquisitivo de los nuevos pensionistas, ya que supuso un recorte del 5% sobre la cuantía de sus prestaciones. Una reforma que justo este 2022 ha acabado de entrar plenamente en rigor.

En 2011 se aprobó pasar de calcular la pensión en función de los últimos 15 años cotizados a hacerlo sobre los últimos 25 años. Lo que, según los números del Banco de España, ha supuesto ese recorte del 5%. Es decir, antes un trabajador que se jubilaba en base a los últimos 15 años cotizados le quedaba, de media, una pensión de 1.400 euros brutos (14 pagas). Ahora, ese mismo trabajador se jubila en base a los últimos 25 años cotizados y le queda una pensión media de 1.330 euros.

Objetivo: Mejorar en equidad

El ministro Escrivá ha manifestado públicamente su intención de modificar el sistema de cómputo, con la intención de introducir cambios para hacer el sistema más equitativo. Ya que, argumenta, este estaba pensado para trabajadores con una alta estabilidad laboral y que llegaba a su edad de retiro en su mejor momento laboral. Y, por ende, los últimos 25 años cotizados coincidían con los 25 años en los que más habían estado cobrando. Según los datos que maneja Seguridad Social, eso ya no sucede así en todos los casos y uno de cada tres trabajadores presentan lagunas de cotización en la recta final de su carrera. Ya sea porque han sido despedidos y están un tiempo en paro antes de jubilarse, porque se han visto obligados a cambiar de trabajo por uno peor o porque han sufrido un recorte salarial en sus últimos años.

En base a este razonamiento, Escrivá pretende ampliar el periodo de cómputo a la vez que introduce variables de compensación. Es decir, a la vez que amplía el número de años cotizados para calcular la pensión -todavía no está claro hasta cuantos-, permitir que los futuros pensionistas escojan qué años prefieren introducir en ese cómputo para salir más beneficiados. Aquí el Banco de España también arroja cifras y concluye que si se toman en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación, la pensión que le quedaría al jubilado sería similar a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación.

Los investigadores del Banco de España también apuntan a que permitir excluir más de seis años dentro de un cómputo de 35 años provocaría un aumento del importe medio de la pensión. Es decir, aumentaría el gasto de la Seguridad Social. Escrivá ha anticipado que su pretensión es redistributiva y no recaudatoria y que el cambio en el sistema de cómputo tendrá un efecto neutro sobre las arcas públicas.