España no parece dispuesta a dar su brazo a torcer en la construcción del gasoducto MidCat. Tras la negativa del presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en mantener el debate abierto en el seno de los Veintisiete, y el primer punto parece a favor del Gobierno español: los ministros europeos acordaron el viernes que un grupo técnico sobre interconexiones valore cuáles son las infraestructuras que deben reforzarse para llegar a tiempo al invierno 2023-2024, según contó a la salida la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Justo lo que llevaba semanas pidiendo. El objetivo español es estratégico: posicionarse antes que nadie para la futura exportación de hidrógeno verde en el continente. Y la guerra de Ucrania se ha abierto como una ventana de oportunidad para acelerar el proyecto que el Gobierno no quiere dejar escapar.
"El interés porque España sea hoy un 'hub' de gas natural es una estrategia a largo plazo para participar en el juego del hidrógeno. Es publicidad para mover voluntades y generar conversaciones. Hay muchos fondos de la UE en juego y los países van a la cacería", explica el profesor del máster de energías renovables la Universidad Internacional de Valencia, Andrés Schuschny.
Tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea (UE) ha redoblado sus objetivos de hidrógeno verde para 2030 hasta producir 10 millones de toneladas e importar otros 10 millones. Hoy en día la UE produce 0,6 millones de toneladas de hidrógeno gris, según apuntó el consejero delegado de Nedgia (distribuidora de gas de Naturgy), Narcís de Carreras, en el VII Foro de Energía de El Economista celebrado la semana pasada. “El famoso MidCat tiene la lógica en última instancia de ser uno de los grandes ejes troncales de exportación de hidrógeno de España a los grandes consumidores europeos y esto no nos lo hemos inventados nosotros sino que lo dice el plan RepowerEU”, defendió el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, en el mismo foro.
El hidrógeno verde es un vector energético todavía en desarrollo porque es muy costoso, pero que resulta fundamental para descarbonizar sectores a donde es complicado que llegue la electrificación, como la industria o el transporte pesado (marítimo o aviación). Por eso el Gobierno aprobó el año pasado un PERTE para destinar 1.555 millones de euros públicos al desarrollo de esta tecnología. El objetivo es crear una nueva industria. Y el interés es máximo. Todas las grandes empresas energéticas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona o Enagás han puesto en marcha proyectos.
Las dos primeras convocatorias de ayudas del PERTE que se lanzaron en diciembre han sido un éxito. Una se dirige a proyectos pioneros y ha recibido más de 126 solicitudes por más de 700 millones, más de cinco veces lo presupuestado; mientras la otra apunta a la cadena de valor (mejora de las capacidades de I+D y fabricación) y ha recibido 92 proyectos por valor de 525 millones, el doble del presupuesto, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno aspira a que a finales de 2023 se hayan concedido ayudas para más de 1.000 megavatios de electrolizadores con el objetivo de llegar a 2030 con 4.000 megavatios de potencia instalados y un 25% del consumo de la industria.
Mucho por hacer
El reto es mayúsculo. Y España compite con el resto de países que parten del mismo punto. Según apuntó la socia responsable de Estrategia y Consultoría de Energía de la consultora EY, Marta Sánchez, en el foro de El Economista, España va más avanzada por el lado de la oferta (por la elevada generación renovable del país) pero no de la demanda. En Reino Unido, por ejemplo, ya hay proyectos piloto de calderas de hidrógeno. “Hay que equilibrar la complejidad de desarrollar la demanda y la oferta al mismo tiempo”, coincidía el consejero delegado de Redexis, Fidel López Soria, en el mismo foro.
El Ejecutivo español ha avanzado en la normativa, con la creación de un sistema de garantías de origen, una especie de certificado que permite diferenciar gases limpios de aquellos de origen fósil. Pero todavía falta mucho por hacer, como una planificación integrada de energía eléctrica y gasista, según coincidieron el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, y el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, porque para la producción de hidrógeno renovable se necesita una mayor instalación de potencia solar y eólica de la que esta prevista en la planificación eléctrica actual, y toda una regulación específica que se adelante a los problemas que puedan surgir.
El freno de Francia
Una vez España consiga producir hidrógeno verde, el siguiente paso es su exportación. Y ahí es donde entra el 'nuevo' Midcat (según explica el profesor Andrés Schuschny, el hidrógeno es más corrosivo y volátil que el gas por tanto para transportar el nuevo fluido se requiere un recubrimiento de plástico y elementos sintéticos y evitar las fugas en las llaves de paso; para hacerse una idea en un gasoducto se puede meter actualmente solo un 5% de hidrógeno y el 95% restante debe ser gas natural). Este debate se podría demorar unos años, pero la guerra abre una oportunidad. “Tiene sentido acelerar su construcción para utilizarla para gas en una fase inicial porque Europa necesita ese gas”, aseguró Gonzalo Aizpiri, quien reconoce un cuello de botella en las actuales interconexiones: “Eso lo vemos nosotros y lo ven los TSO (operadores del sistema gasista) franceses”.
Pese a esa teórica evidencia, el presidente francés negaba la mayor y rechazaba el conducto hace unas semanas. El Gobierno español es comprensivo con su vecino. A su difícil situación eléctrica (con más de la mitad de las nucleares paradas) se une que la construcción del tramo francés del gasoducto es “bastante más complicado” (y costoso) que la parte española, según explicaba Ribera en un foro organizado por Infolibre. "En estos momentos tienen preocupación en el sistema eléctrico y tienen que organizar sus prioridades nacionales", reconocía Ribera, pero también añadía: "Hay un punto de incoherencia cuando Europa destaca que es capital utilizar las infraestructuras de una manera más inteligente y utilizar todas las complementariedades y que esto tiene interés europeo y, sin embargo, luego no participar en ese debate sobre qué es el interés europeo y cómo se resuelven los problemas técnicos o financieros que pueda haber y dejarlo a la decisión de uno o dos países. Dos no se pelean si uno no quiere, pero es muy difícil que dos se pongan de acuerdo si uno no quiere. Y es injusto porque no se trata de imponer nada a nadie, sino ver cómo se concilia el interés europeo. Por tanto, yo creo que no es un debate cerrado y nuestra posición debe ser la de disponibilidad para con el conjunto de Europa".
Éxito de las primeras convocatorias del PERTE de hidrógeno
El Gobierno lanzó las dos primeras convocatorias de ayudas del PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento (ERHA) en diciembre, con un presupuesto de 400 millones de euros, y las empresas le han remitido solicitudes por más de 1.225 millones para 218 proyectos, según fuentes del ministerio para la Transición Ecológica. Tras un primer análisis de las líneas de proyectos pioneros y cadena de valor se estima que podrían contribuir al desarrollo de proyectos entre 315 megavatios y 500 megavatios de electrolizadores. El resultado final se conocerá en los próximos meses.
En el caso de las ayudas a "proyectos pioneros o singulares" –proyectos reales de fabricación y uso (en transporte, usos industriales, etc.) de hidrógeno renovable-- han solicitado la ayuda 42 grandes empresas, 44 PYMEs (era un requisito de las bases el que en los consorcios participara una PYME), 31 consorcios sin personalidad jurídica propia, 3 consorcios con personalidad jurídica propia, 6 entidades del sector público. Los proyectos representan a la práctica totalidad del territorio nacional y un 40% de los expedientes piden la ayuda adicional por llevarse a cabo en zonas de reto demográfico (municipios de menos de 5000 habitantes), transición justa o islas. La mayor parte de expedientes se centran en tecnología PEM (81%), aunque también hay alcalina (17%) y otros (2%), mientras que por rango de potencias, la mayoría de los expedientes son electrolizadores de 0,5 a 5 megavatios (76%), hay 13 expedientes de 5-10 megavatios (MW), 6 expedientes de 10-15 MW y 11 expedientes de 15-20 MW. En la mitad de los expedientes, se plantea la construcción de una instalación renovable dedicada, conectada físicamente al electrolizador.
En relación a las ayudas a la cadena de valor, han solicitado la ayuda 21 grandes empresas, 30 PYMEs, 34 consorcios sin personalidad jurídica propia, 5 consorcios con personalidad jurídica propia, 1 centro tecnológico y 1 entidad del sector público. Estas convocatorias cubren no solo proyectos de innovación, sino también proyectos de fabricación, líneas de ensayo y grandes demostradores de electrólisis.
Por otro lado, la Comisión Europea ha seleccionado cuatro proyectos españoles (el 10% del total) en la lista de IPCEI --acrónimo de 'Important Projects of Common European Interest' o proyectos que involucran a más de un estado miembro y que suponen una amplia ambición de I+D+I— que presentó antes de verano.
Entre las líneas de ayuda ya en marcha y las previstas para 2022 y 2023 (Valles de Hidrógeno e IPCEI), a finales de 2023 se habrán concedido ayudas para instalará más de 1 gigavatio de electrolizadores, un 25% del objetivo previsto para 2030.
