La viguesa que puso patas arriba las condiciones laborales del empleo doméstico en España llevaba más de ocho años en alta laboral cuando pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social cotizar por la eventual contingencia de desempleo para asegurarse el derecho a una prestación en el futuro en caso de perder el trabajo. Su solicitud incluía el consentimiento por escrito de la jefa para contribuir a la cotización. Cinco días después de entregarla, el 13 de noviembre de 2019, la administración rechazó las pretensiones de la mujer. “En la actualidad –esgrimía– no es posible la cotización en el sistema de la Seguridad Social para la protección por desempleo para este colectivo de trabajadores/as”.
El programa electoral con el que Pedro Sánchez ganó sus primeras elecciones incluía la promesa de rubricar el famoso convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza a las empleadas del hogar la misma protección social que el resto, pero la firma se hizo esperar. Llegó el pasado 9 de junio, ya con el Ejecutivo de coalición y después de que el Tribunal de Justicia de la UE evidenciase que la normativa española era contraria al Derecho comunitario en la cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo con el caso de la trabajadora de la ciudad olívica que denunció la negativa de la Seguridad Social.
Nuevo real decreto
El Consejo de Ministros aprobó formalmente ayer la reforma que acaba con la discriminación histórica de un colectivo de más de 24.000 mujeres en Galicia y que servirá de incentivo para regularizar hasta 15.000 puestos más en la economía sumergida ahora mismo. A partir del 1 de octubre, será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en el régimen especial de empleados del hogar con bonificaciones del 80% en la parte que corre a cargo de los empleadores para evitar “un sobresfuerzo económico” de las familias.
Se mantiene la reducción del 20% en su cuota en la cotización de contingencias comunes y aumentarán los tramos de bonificación superiores a ese 20% “en función de la composición del hogar, niveles de renta y patrimonio” para elevar el número de beneficiarios. El real decreto ley elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa en una ocupación que el Gobierno quiere también dignificar con políticas de formación y acreditación y con la creación de una comisión de estudio para incluir la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades profesionales.
"Las trabajadoras más vulnerables"
“España es un país mejor”, valoró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Esta iniciativa pone en el centro de su actuación pública el bienestar para las que, hasta el día de hoy, han sido las grandes olvidadas”, remarcó, “las mujeres trabajadoras más vulnerables”. Díaz presentó las nuevas condiciones para las empleadas domésticas como la medida más importante de todas las desplegadas por su departamento “porque corrige una discriminación” y “restituye derechos de los que fueron injustamente privados” las mujeres. “Es una norma transversal, inclusiva y feminista”, proclamó.
De las 24.300 personas afiliadas al régimen especial de empleados del hogar en Galicia a 31 de julio, el 98% son mujeres. Es la ocupación más envejecida de la comunidad, por encima incluso del sector primario y la administración pública. Seis de cada diez tienen 50 o más años y alrededor de 20%, unas 5.300, supera los 60 años. “
Un sector "refugio"
Se puede hablar de un empleo refugio”, explica Maica Bouza, secretaria de Emprego de CC OO en Galicia. Llegan a él “mujeres que vieron interrumpida abruptamente su vida laboral y muchas veces supone un complemento, una ayuda para alcanzar la edad de jubilación”. Por esto hay tantas de edad elevada. Es también un nicho de ocupación muy relevante para la población extranjera (4.100 afiliaciones) y para las mujeres que, en general, carecen de formación. Su base de cotización en toda España no llega ni a los 1.000 euros, motivado, entre otras razones, por la enorme tasa de parcialidad que en Galicia afecta al 75% de los contratos.
“Hacer atractiva la ocupación y la incorporación de las bonificaciones debiera contribuir a estimular la regularización de los empleos sumergidos en el sector”, asegura Bouza. Entre las afiliaciones existentes y los empleos en negro, el colectivo suma “entre 35.000 y 40.000 mujeres” en Galicia, según los cálculos de los sindicatos. “Ahora todos debemos trabajar y empujar para que sea así”, apela.
