Las reservas de gas en el territorio comunitario rozan el 77% de su capacidad, mientras va tomando forma el escenario que llevó a Bruselas a marcarse una reducción del 15% del consumo, el 7% en España, hasta el 31 de marzo del próximo año. Después de semanas aminorando el flujo, Gazprom, el gigante estatal ruso, cortó definitivamente ayer el suministro a Engie. No es un gravísimo problema porque afecta a solo el 4% de las importaciones de la firma francesa, pero sí supone la enésima evidencia de la progresiva desconexión energética entre la UE y el régimen de Putin.
Con las primeras medidas en marcha ya desde el pasado agosto, el Gobierno español prepara un Plan de contingencia para cumplir el acuerdo europeo y evitar problemas de abastecimiento de gas a hogares e industrias durante el otoño y el invierno en colaboración con las autonomías. La Xunta arremete en sus propuestas contra Moncloa por no compartir “el contenido sobre el que está trabajando” porque “hubiese contribuido a una mejor coordinación y enfoque” de las iniciativas. La mayoría de las suyas se enfocan más al largo plazo que al corto, recogen algunas ideas difundidas por el Partido Popular en las últimas semanas –la reducción del IVA del gas al 5% refrendada ayer mismo por el presidente Pedro Sánchez o la extensión de la vida útil de las centrales nucleares, entre otras– y muestran un cambio claro de estrategia desde el equipo liderado por Alfonso Rueda en la eólica marina, para la que ahora pide urgencia, junto con la apuesta por sistemas de bombeo para almacenar electricidad en los embalses.
La Xunta apela al espíritu “voluntario” del plan de ahorro europeo para reclamar que el apagado de los escaparates y el cierre de puertas “sean solo de carácter obligatorio para las administraciones públicas”. En San Caetano son partidarios de “campañas de información específica” para que hogares y empresas tomen la decisión que consideren. Aparecen medidas que llevan años en marcha, incluso en la propia Xunta: fondos para la compra de aparatos más eficientes e incentivos fiscales para renovar calderas de combustibles fósiles por bombas de calor o biomasa. En paralelo a la reducción del IVA al gas, la Xunta apuesta por compras conjuntas de energía entre administraciones y auditorías energéticas en los inmuebles.
Sin menos cargas administrativas es imposible, según la Xunta, revisar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que también propone: subir al 55% la cuota de renovables en el consumo final, al 82% en el caso de la electricidad y un 70% las instalaciones fotovoltaicas. Solicita una “mayor dotación de personal” para revisar proyectos de renovables y “mecanismos simplificados” para la aprobación. La Xunta aprovecha la ocasión para exigir al Gobierno que se archiven los proyectos, básicamente de eólica, que reciban el “no” de las comunidades.
Después de las enormes reticencias que mostró cuando surgieron los primeros proyectos, el Ejecutivo regional defiende que Galicia “cuenta con uno de los principales recursos eólicos marinos de Europa” y tiene “el potencial de convertirse en un referente” en producción y en desarrollo tecnológico e industrial de los sistemas flotantes. Ahora demanda “la aprobación inmediata y consensuada” de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) que delimitarán las zonas, un sistema de retribución a los promotores y “procesos de tramitación administrativa ágiles”. Las mismas premisas que defiende para sacar adelante los proyectos de bombeo en centrales hidroeléctricas.
Pensando en el auge latente del hidrógeno verde y el biometano, la Xunta requiere facilitar la conexión a la red de las instalaciones de gases renovables e impulsar un nuevo gasoducto hacia la Meseta (en el tramo Guitiriz-Zamora) y otro hacia el norte de Portugal. El documento remitido al Gobierno central insta a la “diversificación tecnológica” en las fuentes, con la solicitud de extender la explotación “segura” de las nucleares y sacar “una regulación adecuada” para la retribución a la cogeneración; y esboza la necesidad de “una política energética vinculada a acuerdos con aliados de España”. “Con especial atención a la relación con Argelia –remarca– y las últimas decisiones diplomáticas que han deteriorado esta posición preferente en detrimento de otros países europeos”.
Del ajuste de carbono en la frontera a incentivar desplazamientos a pie y el teletrabajo
La Xunta considera prioritario que, pase lo que pase en los próximos meses, hay que “garantizar siempre y en todo momento el mantenimiento de la actividad industrial y el fomento de nuevas inversiones industriales” agotando “todas las posibilidades de sustitución” del gas, planes de ahorro no obligatorios y fuentes de energía alternativa antes de posibles restricciones al sector. El relevo de fuentes de energía debe ser, según la administración gallega, incentivado y acompañar las medidas de lucha contra el cambio climático del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono para evitar la “competencia desleal de países con estándares más bajos”. Además de actualizar y desarrollar su estatuto, la propuesta incorpora subastas de energía propias para las electrointensivas y la petición expresa de “mecanismos” de apoyo a Alcoa.
En materia de movilidad, el Ejecutivo regional plantea fomentar el teletrabajo para “evitar desplazamientos innecesarios” e incentivar desplazamientos a pie, en bicicleta y el uso del coche compartido, con “conducción eficiente” a “velocidad moderada, evitando elevadas revoluciones y aprovechando las inercias del vehículo”. Hay, en su opinión, que intensificar las ayudas para el despliegue de la infraestructura de recarga del coche eléctrico y para la renovación de las flotas del transporte por carretera.
