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Expertos dan el visto bueno al plan de ahorro energético pero lo encuentran poco ambicioso

El Foro Económico de Galicia y el Clúster de Enerxías Renovables critican “las formas” con que se ha aprobado el real decreto-ley

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Marta Fernández Jara - Europa Press

Hoy es el último día en el que las empresas y las administraciones públicas que han de cumplir el plan de ahorro energético decretado por el Gobierno central pueden no hacerlo. A partir de mañana, entrarán en vigor sus primeras medidas. La iniciativa ha generado una importante polémica entre la patronal (el gerente del Clúster Naval Gallego criticaba a FARO ayer mismo lo “repentino” de este real decreto, insistía en la dificultad de poner el marcha los cambios necesarios para adaptarse al nuevo marco normativo y consideraba una “irresponsabilidad” que la medida se hubiera publicado en el BOE sin hablar con los sectores afectados). No solo eso: las cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia) han pedido que se directamente se retire el real decreto-ley. Sin embargo, expertos consultados por FARO dan el visto bueno a la medida aunque consideran que no es suficiente para hacer frente al reto de la transición ecológica. Eso sí, “las formas”, consideran, no han sido las mejores.

El plan de ahorro energético contempla disposiciones sobre la temperatura de los locales afectados (como norma general, el aire acondicionado debe marcar, como mínimo, 27 grados y la calefacción no podrá calentar el recinto más allá de los 19) y su aislamiento (de este modo, deben contar con un sistema de cierre de puertas que impida que la energía se despilfarre al mantenerse abierta la entrada). Igualmente, los escaparates de estos establecimientos deben apagar las luces, como muy tarde, a las 10 de la noche).

“Este tipo de medidas es imprescindible”, valora el subdirector del Foro Económico de Galicia, Patricio Sánchez. “Incluso debería ser más ambicioso y, además, llega tarde”, añade. Eso sí, su elogio no es incompatible con la crítica: “La principal es que el Gobierno no ha cuantificado ni el ahorro ni el gasto que va a suponer implementar esta medida” para las empresas y administraciones sujetas a ella. “Eso tendría que venir estimado en el texto y no está”, lamenta.

Sí al fondo, no a las formas

En una línea similar se pronuncia el gerente del Clúster de Enerxías Renovables de Galicia (Cluergal), Oriol Sarmiento,. “Nosotros valoramos positivamente la medida, estamos de acuerdo con el fondo”, explica a este periódico. “Pero no con las formas”, añade a renglón seguido. En este sentido, critica “la inmediatez, la urgencia y la manera tan repentina y sin consenso con que se ha aprobado”. También critica “que no haya una discriminación en cuanto a que una administración que funciona con energías renovables tiene los mismos requerimientos que una que no ha hecho nada en materia de transición energética”.

Tanto Sánchez como Sarmiento critican, asimismo, la falta de diálogo con las empresas y con los ayuntamientos y comunidades autónomas. Una de ellas, de hecho, Madrid, ha adelantado ya que llevará el asunto al Tribunal Constitucional. “Los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España”, protestaba ayer la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en un tuit, en el que también decía que el plan es una “imposición” que “invade competencias” y que “va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad”.

Posibles consecuencias jurídicas aparte, Sarmiento lo tiene claro: “Esta situación recalca la necesidad de impulsar aún más el proceso de transición energética y de hacer inversiones en eficiencia energética más allá de políticas encaminadas a la reducción de consumo”. Y agrega: “Es necesario acelerar esto mediante subvenciones y ayudas segmentadas por sectores y empresas”.

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