El encuentro entre el Gobierno y el sector bancario ha finalizado sin apenas novedades respecto a cómo empezó. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, no ha dado detalles sobre el tributo, según han declarado ambas partes, y los bancos han insistido en su oposición a cualquier gravamen. Calviño, no obstante, ha anunciado que será la semana que viene cuando los partidos de coalición presenten el gravamen como proposición de ley en el Congreso de los Diputados y ha subrayado que "la negociación se producirá (a partir de entonces) con los grupos políticos en el parlamento" y no con el sector.

"Habrá un trámite parlamentario. Y en ese trámite es donde se podrán incorporar las mejoras" al impuesto para evitar que no perjudique a la solvencia de la banca, ni a la concesión de créditos y proteja a los clientes, ha insistido la vicepresidenta al término de la reunión con las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC, y representantes de distintas entidades --Banco Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja-- así como con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y la subgobernadora, Margarita Delgado. 

La gran incógnita es cuál será el será el hecho imponible, es decir, aquel que generará la obligación de pagar el tributo. Desde el Ejecutivo se ha trasladado que será un impuesto de nueva creación, lo que descartaría un gravamen sobre los beneficios y sobre los depósitos que guardan las entidades financieras a sus clientes, puesto que ya existe un impuesto específico sobre ambos. El objetivo del nuevo impuesto es generar unos ingresos para el Estado de 1.500 millones de euros al año durante dos ejercicios. En este sentido, Calviño ha subrayado que los representantes bancarios le han trasladado su "comprensión de proteger los ingresos fiscales y seguir con una política fiscal responsable".

Justo antes que se celebrase la reunión, en declaraciones a Televisión Española, Calviño ha pedido "no criminalizar" a las entidades financieras en relación con la propuesta de Unidas Podemos de imponer penas de cárcel a los bancos que trasladen a sus clientes el nuevo impuesto y los representantes de la banca han pedido a la vicepresidenta que "no se les estigmatice", según ha asegurado Calviño. El Gobierno ha emplazado a los banqueros a arrimar el hombro con este impuesto para "proteger a los clientes y su propia reputación en un momento tan delicado".

Pero los bancos mantienen --y así lo han trasladado en su reunión a la vicepresidenta-- su posición contraria a cualquier gravamen porque "no es el momento, ni la medida que pueda resolver los problemas", según ha defendido la presidenta de la patronal AEB, Alejadra Kindelán. "No ayuda a contener inflación, ni al crecimiento, ni al empleo", ha insistido Kindelán que ha citado a los "informes" que señalan que una tasa al sector podría ser "contraproducente". Esta misma semana, el Instituto de Estudios Económicos ha asegurado que este impuesto, junto con el de las energéticas, podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 72.000 empleos.

El impuesto fue anunciado por el presidente del Gobierno durante el Debate sobre el Estado de Nación, junto al impuesto sobre los 'beneficios caídos del cielo' de las energéticas. Pero a diferencia de ese gravamen, que se ha puesto en marcha en países como Italia, una tasa nueva a los bancos es una 'rara avis' en Europa. "Estamos dentro de la unión bancaria, competimos con otros captar depósitos, activo y accionistas, lo ideal seria buscar armonizaciones tributarias en toda la Unión Europea", ha advertido el director general de CECA, José María Méndez.

Méndez ha recordado, además, que la banca ya tiene un impuesto sobre los depósitos, un tipo de sociedades más elevado que otros sectores y que carga con el Impuesto Jurídico de Actos Documentados (IJAD), "que en el resto de Europa es para el prestatario y aquí, para el prestamista", además de soportar el impuesto de transmisiones financieras.