Se llamaban a sí mismas “el G7” del sector en España, tomando prestado el conocido apodo de las principales potencias económicas del mundo. “Después de doce años es la primera vez que recibo una crítica de esta magnitud, por no decir que pocas críticas he recibido. Supongo que alguna vez debería ser la primera, y por qué no, puestos a hacerlo que sea bien, con copia a las siete constructoras más importantes del país”, escribía vía mail en mayo de 2013 uno de los consultores contratados por la selecta pandilla para realizar los trabajos técnicos de las ofertas que presentaban a las licitaciones del Estado, las autonomías o, incluso, las administraciones locales. En aquel momento formaban parte de la alianza Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Lantania. Las integrantes fueron variando desde que empezaron sus encuentros semanales en 1992 para analizar las novedades de las plataformas de contratación pública y decidir, según la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “los concursos en que iban a compartir, entre todas o en un subgrupo”.
El modus operandi se extendió durante 25 años, hasta que el propio G7 decidió disolverse en 2017 “manifestando expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia” tal y como concluye la CNMC. Les multa con 203,6 millones de euros –de los que se libra Lantania, para la que se archivan las actuaciones–, la mayor sanción de la historia del organismo por “prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por administraciones públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”.
Licitaciones en Galicia
En la retahíla de licitaciones seleccionadas por la CNMC a modo de ejemplos en la resolución de la multa publicada ayer destacan varias convocadas en Galicia. Figuran el edificio de juzgados de Santiago de Compostela, la adecuación de espacios e instalaciones de los juzgados de A Coruña, el edificio para el Centro de Emergencias 112 de la comunidad y el nuevo colegio de infantil y primaria de Oroso que sacó a concurso la extinguida Sociedade Pública de Investimentos (SPI) de la Xunta; el contrato de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para la primera fase del ferrocarril al muelle de Ferrazo; las vigas de rodadura de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao; las obras de urbanización de los sistemas generales de la primera fase de la Plisan; las obras de mejora de la seguridad vial de la A-55 entre Vigo y O Porriño; y un par de actuaciones para Adif en la línea de alta velocidad con la Meseta.
Las empresas “desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento” que evolucionaron “durante el tiempo que duró la conducta”. Siguiendo un orden alfabéticamente inverso, se turnaban para acoger en sus sedes las cumbres del G7. Había un orden del día con archivo de Excel adjunto que recogía las obras que se iban a debatir en la reunión y la posibilidad de compartir aspectos de sus ofertas técnicas”. “Durante su vigencia –añade Competencia– sirvió también para compartir en ocasiones otros elementos sensibles de las ofertas, incluidas las memorias”. Luego encargaban a un consultor externo “la elaboración de varios de los aspectos que debían contener las propuestas técnicas que cada una de ellas presentaba a la licitación correspondiente”.
Sin independencia
“El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”, reprende la CNMC, en un momento, además, en el que la parte técnica de las ofertas en este tipo de concursos rondaba el 70% de la puntuación final frente al 30% de la propuesta económica. Los trabajos compartidos eran, principalmente, los apartados de medio ambiente, seguridad y salud, comprobación de mediciones, estudios de detalle, topografía, geotecnia, servicios afectados, revisiones técnicas y otros aspectos relacionados con el proyecto de obra.
Los “acuerdos colusorios”, remarca la resolución, “han derivado en una menor variedad y calidad” de las ofertas técnicas y “también produjeron efectos” sobre las empresas competidoras, que concurrieron “en desventaja competitiva” por el mayor coste asumido para la preparación de sus ofertas. La sanción, recurrible ante la Audiencia Nacional, incluye la prohibición de contratación con la administración.
Una sanción histórica a las grandes constructoras
1. Investigación abierta con otro caso
Las primeras sospechas surgieron con la documentación incautada en noviembre de 2014 en una empresa investigada en el cártel de los prefabricados de hormigón.
2. Cuatro días de inspecciones
La CNMC realizó inspecciones a las sedes de Acciona, Dragados, FCC, Sacyr, algunas filiales y a la patronal de constructoras.
3. 25 años de “modus operandi”
Las primeras reuniones para concertar ofertas se remontan a 1992.
4. El autodenominado G7
Así se llamaban a sí mismas, según figura en la documentación requisada.
5. Seis multadas y una con archivo
La CNMC impone 29,4 millones de sanción a Acciona; 57,1 millones a Dragados; 40,4 millones a FCC; 38,5 millones a Ferrovial; 21,5 millones a OHL; y 16,7 millones a Sacyr. El caso se archiva para Lantania.
6. Los “acuerdos colusorios”
Pactaban qué ofertas presentar y contrataban consultores para compartir trabajos técnicos.
