El sector del metal necesita de inmediato 400 profesionales cualificados –300 para la ciudad de Vigo– que no encuentra en las bolsas de empleo gallegas. Una cifra que podría multiplicarse por cuatro a lo largo de los próximos 12 meses. Ante la falta urgente de trabajadores, las empresas metalúrgicas están recurriendo a países extranjeros para captar personal y engrosar así unas plantillas capaces de hacerles frente a la carga de trabajo. “Es muy complicado porque los trámites burocráticos son complejos. Fundamentalmente estamos en contacto con embajadas de Latinoamérica y países de Europa del Este”, reconoce Enrique Mallón, secretario general de la patronal del metal (Asime).
Hace poco más de un año la industria gallega –donde el municipio de Vigo engloba el conglomerado más grande– destruía casi 10.600 empleos solo en el sector del metal. Y los puestos de trabajo fueron cayendo, aún más, si cabe. Así lo constataba en febrero 2021 Asime en un informe elaborado a partir de encuestas a 600 asociados del sector, según el cual, un tercio de las empresas preveían reducir personal externo o temporal y alrededor de un 20% contemplaban despidos o ajustes de plantilla. Tratar de comprender ahora la carestía de profesionales que están padeciendo los principales sectores estratégicos de las ciudades gallegas –industria, automoción, construcción y transporte– resulta complejo. El Gobierno central anunció hace unas semanas la reforma de la normativa de Extranjería que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la que pretende “flexibilizar” el sistema de autorizaciones de residencia y empleo, así como reforzar las contrataciones desde los países de origen. Permisos similares a los que ya se efectúan con Marruecos en los contratos a temporeros. El decreto está todavía desarrollándose y falta todavía la aportación de los demás organismos y la sociedad civil.
La medida podría regularizar a miles de personas que en estos momentos no tienen posibilidades para conseguir los papeles o contratar a más trabajadores desde los países de origen pero de una forma quirúrgica, estudiando caso a caso y ligando los permisos de residencia a la situación del mercado laboral. El borrador plantea que estas autorizaciones de trabajo tengan una duración de cuatro años, por periodos máximos anuales de nueve meses. Y, si el empleado cumple con el regreso a su país durante este tiempo, podrá solicitar tras el primer periodo de cuatro años una autorización de residencia y trabajo de dos años en España, con la que podrá trabajar por cuenta ajena y propia. “Necesitamos ese empujón del Gobierno para acelerar esa tramitación. Porque precisamos trabajadores cualificados en todas las profesiones como soldadores, ajustadores, electromecánicos, carpinteros navales y un largo etcétera”, añade Mallón.
“Nesitamos un empujón del Gobierno para agilizar trámites”
Los transportistas también secundan la iniciativa del Ejecutivo en un sector que en este momento adeuda más de 1.500 trabajadores, 600 solo en la provincia de Pontevedra. “Estamos muy necesitados de personal. Veremos en qué queda la regularización del ministerio pero de ser así la valoramos muy positivamente. Primero habría que garantizar la legalidad de esos contratos, aliviar la burocracia y después poner en marcha un plan de formación para las personas que vengan porque en nuestro sector es necesario un período de adaptación ya que hay muchas variantes laborales. Pero, en principio, es muy buena idea”, señala Ramón Alonso, presidente de la asociación de transportistas de Pontevedra (Asetranspo).
“La curva demográfica está cayendo y no hay relevo generacional”
La construcción es otro de los vectores industriales más afectados por la falta de profesionales. Al igual que en el metal, la crisis demográfica y la fuga de profesionales está lastrando a las empresas que buscan trabajadores y estarían dispuestas a hacerlo también fuera de España. En Galicia, el sector necesitaría cubrir 5.000 puestos. “Es complejo porque además de la experiencia y cualificación necesaria, nuestros trabajadores precisan de la titulación en Riesgos Laborales específica de la construcción. Cuando se publique la normativa definitiva veremos como esto se puede encajar. Estaríamos dispuestos a recibir personal cualificado porque nos hace mucha falta. No hay relevo generacional y la curva demográfica está cayendo y debemos recurrir a personal extranjero”, destaca Miguel Caruncho, presidente de la asociación de constructores de Pontevedra.
¿Fuga de profesionales?
“Se van porque fuera es todo más atractivo para ellos y otros siguen estudiando”
La pregunta pertinente si realmente existe una fuga de profesionales que impide atender la demanda en Galicia y España, tiene una respuesta ambigua. Sí y no. Al menos no existe una razón única. Para ello recurrimos a las nuevas promociones de profesionales que egresan cada año de los institutos técnicos que insisten en las ofertas atractivas en otros países pero también en que los jóvenes son globales y que buscan experiencias vitales fuera de nuestro país. “Quieren estar unos años fuera donde se les ofrece formación lingüística y vivienda y salarios mejores y después volver a España. Su edad cuando finalizan coincide con las ganas de buscar otras experiencias de vida. Hay empresas punteras gallegas que se quedan con un porcentaje de profesionales, otros se van y otros siguen estudiando”, concluye Euloxio Santos, directos del IES Politécnico de Vigo.
