Distintos eslabones de la cadena alimentaria gallega recelan del Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que el Consejo de Ministros ya ha acordado remitir a las Cortes para su tramitación. La “ineficiencia” y “difícil aplicación” de la normativa, así como las sanciones que contempla en caso de incumplimiento, son las dos razones fundamentales para que distintos sectores relacionados con la alimentación no vean con buenos ojos una medida que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación califica de “pionera”.
El texto, que entrará en vigor previsiblemente el 2 de enero de 2023, prevé, entre otras obligaciones, que todas las empresas de todos los sectores de la cadena alimentaria (agricultura, ganadería, procesamiento, distribución, hostelería...) cuenten con protocolos específicos para evitar el desperdicio de comidas y bebidas (según cálculos de este periódico realizados a partir de datos del departamento de Luis Planas, en España se despilfarraron más de 1.264 millones de kilos/litros de alimentos en 2021). Además, estas compañías deberán “disponer de infraestructuras adecuadas y formación del personal” para minimizar estas pérdidas. En caso de incumplir la futura ley, las empresas se enfrentan a multas de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de hasta 150.000 euros para las graves y de hasta un millón de euros para las muy graves.
“Cortina de humo”
“Este tipo de medidas me parecen una cortina de humo para tapar cosas como el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”, critica el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello. Considera que la norma es “una tomadura de pelo” para el sector porque este “no desperdicia nada: si un producto está estropeado por una plaga, eso ya no se puede vender y es dinero que pierde el propio agricultor”. Tampoco cree que el sector primario se vaya a beneficiar del hecho de que los desperdicios no aptos para el consumo humano se destinen, entre otros usos, a comida para animales y critica la “ineficiencia” de este punto: “Me gustaría saber a qué animal le van a llevar una manzana que sale de Ourense a Madrid porque allí no hay ganado”, reflexiona.
¿Qué pasa con los alimentos desperdiciados que sí son aptos para las personas? La prioridad será donarlos a ONG o bancos de alimentos. Pero tampoco estas entidades tienen clara la viabilidad de este punto. “Hay que ver cómo se puede materializar porque nosotros no tenemos infraestructura para ir recogiendo comida por los restaurantes cada día”, dice el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, Iván Martínez. Aunque concede que “hay una parte que se podrán llevar los bancos de alimentos”, entiende que “la mejor solución es que las sobras se las lleve el propio cliente”.
La normativa contempla esta posibilidad, pero establece que el recipiente debe ofrecerlo sin coste el establecimiento. “¿Pretenden que lo hagamos gratis?”, se indigna el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros. En este sentido, aboga por ofrecer un táper, “pero uno de verdad que se pueda usar indefinidamente, y que el cliente lo pague si quiere”, dado que uno de plástico o cartón no vale para alimentos como sopas o caldos y, además, tendría un impacto ecológico mayor. Considera una “tontería” que “se esté legislando sin consultar antes con el sector”. De haber preguntado, ahonda, “sabrían que muchos establecimientos ya ofrecen la posibilidad de llevarse las sobras y que, cuando hay grandes excedentes, como en bodas, lo que no sale de la cocina se suele dar a Cáritas”.
Fuera del ámbito gallego, son menos críticas las superficies de venta. “En general, compartimos los fines del proyecto”, cuenta el director de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García. Dice, eso sí, que, “puestos a sancionar, habría que poner el énfasis en el eslabón que más desperdicia, que son los hogares; esto es muy difícil porque ¿cómo lo haces?, pero es que son quienes más desperdician”.
Solo el 2% del malgasto se da fuera del hogar
Después de que el Consejo de Ministros acordara remitir al Parlamento el proyecto de ley, Moncloa justificaba esta medida esgrimiendo que “durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros y 250 euros anuales por persona”. Sin embargo, teniendo en cuenta que dicho proyecto de ley no va dirigido a los hogares, sino a las empresas de la cadena alimentaria, el Ejecutivo omitía un dato clave: ¿cuántos alimentos se desperdician fuera de los hogares? La cifra está en el entorno del 2% del total de la comida malgastada.
La comida que tiramos
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondientes a la primavera-verano de 2021, los hogares españoles desperdiciaron 27,3 millones de kilos/litros de alimentos a la semana, lo que da un total de 619,518 millones en ambas estaciones. Mientras, en el mismo periodo, fuera de los domicilios solo se malgastaron 12,8 millones de kilos/litros de comida y bebida. O lo que es lo mismo, del total de alimentos despilfarrados en la primavera y el verano del año pasado, más del 97,97% corresponde a desaprovechamiento doméstico. El extradoméstico no llega al 2,03%. Y estos datos tienen una segunda capa de lectura, ya que dentro del desperdicio alimentario producido fuera de los hogares no solo se incluye aquel en el que incurren las empresas de la cadena alimentaria, sino también el que generan los consumidores finales. Por ejemplo, comprar un tentempié y un refresco en el supermercado para consumirlos por la calle y posteriormente tirar una parte o pedir a una empresa de delivery un plato de comida para tomarlo en el trabajo y desechar las sobras entra también dentro de la categoría de desperdicio extradoméstico.
