El acuerdo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la banca para adelantar la fecha del desembolso de las pensiones durante la crisis del coronavirus finalizó en mayo. Hay excepciones, entidades que decidieron mantener el anticipo a los días 23, 24 o 25, pero, por lo general, la transferencia de la administración ahora se hace efectiva el primer día de cada mes. El canal de atención a la ciudadanía del departamento dirigido por José Luis Escrivá lo recordaba la pasada semana, a propósito de las posibles dudas sobre el cobro de la extra de verano: “Se abona con la nómina de junio, a 1 de julio –concreta la Seguridad Social en las redes sociales–. El día concreto del ingreso depende del banco”. La última nómina pagada ascendió a 10.810 millones de euros, el 11,8% del Producto Interior Bruto (PIB), un importe “levemente” inferior, como asegura el organismo, a años anteriores, cuando el coste superó el 12%. El ministro insistió en una reciente entrevista en TVE que se mantendrá el poder adquisitivo reconocido por ley y defendió que la Seguridad Social está “en la mejor situación económica” de los últimos años gracias a un mayor crecimiento de los ingresos que los gastos.
La mejora evidente de la ocupación y la calidad de los contratos tras la entrada en vigor de la reforma laboral elevan un 7,4% la recaudación por cotizaciones sociales, que están ya un 12% por encima de los niveles prepandemia. La precariedad del empleo fue el principal lastre de la caja de la Seguridad Social ante el invierno demográfico y la enorme brecha entre la cuantía de las nuevas prestaciones y el importe de las pensiones que se dan de baja por fallecimiento. De ahí la obsesión de sus responsables por acercar la edad efectiva de retiro a la edad legal. ¿Y con cuántos años se están jubilando ahora los gallegos? Pues a los 65, según el balance que acaba de publicar el organismo con los detalles de las pensiones en lo que va de ejercicio. Los retiros anticipados no llegan ni al 30% del total, un mínimo histórico tras el endurecimiento de las penalizaciones a quien se va del mercado laboral antes de tiempo voluntariamente.
Para poder jubilarse a los 65 años este 2022 hay que tener cotizados, al menos, 37 años y medio. En caso contrario y para evitar coeficientes reductores, la edad sube a 66 años y dos meses. A 1 de enero entraron en vigor nuevas penalizaciones por el retiro anticipado, ahora con descuentos en la cuantía de entre el 2,81% y el 3,26% por cada mes de adelanto en base al periodo de cotización acumulado.
En 2018 se jubilaron cerca de 7.900 gallegos menores de 65 años. Representaron el 36% de todos los retiros. El porcentaje bajó al 32% en 2019; al 29,6% en 2020; y al 29,5% en 2021. A estas alturas de 2022, las jubilaciones anticipadas suponen el 29,2%. Alrededor de los 66 años se fueron de la actividad 1.500 gallegos, una cuarta parte del total. Y hay un centenar que lo hicieron con 70 o más años. De media, los trabajadores de la provincia de Pontevedra están dejando la ocupación a los 64,8 años, frente a los 64,1 años que rondaban los nuevos pensionistas en 2018. En A Coruña se llega a los 65 años (64,4 años en 2018); a los 65,1 años en Lugo (64,6 hace cuatro años); y a los 65,7 los ourensanos (65 en 2018).
A 1 de mayo había en Galicia un total de 679.402 pensionistas con una media de edad de 72,6 años cobrando una media también de 1.049 euros al mes. Casi un tercio de ellos, alrededor de 215.800, tenía derecho a un complemento de mínimos para engordar su prestación. Precisamente por esa misma razón de bajas cuantías, existen beneficiarios que reciben más de una pensión. ¿Cuántos? 86.979, el 13% del total, según reflejan los últimos informes de la Seguridad Social, con una clarísima mayoría de mujeres (70.752) que aúnan su propia prestación con otra de viudedad, básicamente. En estos momentos perciben el complemento por brecha de género –sustituto del complemento de maternidad y con la novedad de que reconoce el extra desde el primer hijo– 17.800 pensionistas en la comunidad, con un importe medio al mes de 55,98 euros.
El 63% de los pensionistas gallegos (428.700) ingresa menos que el salario mínimo interprofesional de 14.000 euros brutos en 14 pagas. El 33% se sitúa entre el SMI y la pensión máxima (2.820 euros mensuales o 39.469 euros al año) y un 3,5% superan ese umbral.
