El sector pesquero ha actuado muchas veces como revulsivo para la industria de construcción naval. Y no solo en Galicia. El programa ruso quota allocation aceleró, al abrigo del Kremlin, un drástico proceso de renovación de flota, que en su mayoría cumplía casi medio siglo de vida. Claro que con unas condiciones impensables en el mercado comunitario: a cambio de cuotas adicionales de arenque, cangrejo o abadejo, las armadoras debían garantizar la construcción de barcos en territorio nacional, con más de un 70% de equipamiento local. Así empezaron a colmarse astilleros de Vyborg, San Petersburgo o Nizhni Nóvgorod de contratos civiles, con proveedoras gallegas –antes de la invasión de Ucrania– para sistemas de navegación o equipamiento de cubierta. Con todas las distancias, el Gobierno de las Malvinas (Falkland) ha espoleado una reacción muy parecida: cuotas garantizadas durante más tiempo, pero con contrapartidas.
La renovación de la flota arrastrera de capital gallego que opera en estas aguas ya había comenzado, pero ahora cogerá mayor velocidad, como apuntan fuentes del sector. Son tres los buques congeladores que serán contratados en astilleros gallegos “en cuestión de días”, ratifican las mismas fuentes. Dos, a cargo de sendas armadoras malvinas participadas por capital vigués; un tercero, para O Morrazo. Entrarán en vigor, de igual modo, en astilleros de las rías de Vigo y Pontevedra. Rondarán los 75 metros de eslora, de porte similar a unidades como el Argos Cíes o Falcon, y mayor envergadura que otros pedidos recientes como el Montelourido o el CFL Hunter. El equipamiento será de “última generación”.
Además de lograr un menor nivel de emisiones y consumos de combustible –uno de los requisitos impuestos desde Port Stanley–, estos pesqueros ofrecen un cambio radical en la habitabilidad y las condiciones de trabajo a bordo. El Falcon, por ejemplo –de la armadora Petrel Fishing, participada por Pescapuerta–, fue diseñado para una tripulación de 70 personas, un tercio superior a la media, con el objetivo de realizar turnos de trabajo y descanso adecuados. El tamaño de los envases se redujo, en el parque de pesca –trabajo de la gallega Josmar–, de 25 a 12 kilogramos, para evitar el manejo de pesos excesivos.
El Gobierno malvino estableció una extensión de 25 años en los derechos actuales de pesca, que expiraban en 2031, a las pesqueras con intereses en el archipiélago. El programa se conoce como ITQ, siglas en inglés de cuotas individuales transferibles. Amén de los requisitos de sostenibilidad y protección al medio ambiente, reclamó el 51% de cada una de las sociedades mixtas pesqueras. A efectos prácticos, cada barco –el principal activo de estas empresas– pasa a ser propiedad mayoritaria de las Falkland. Esta prolongación de los derechos de pesca, a juicio de este territorio de soberanía británica, aporta garantías de retorno ante una inversión tan fuerte como la de congeladores de este tipo. Pereira, Pescapuerta, Frigoríficos del Morrazo o Rampesca son armadoras que participaron en la primera fase de renovación de la flota pesquera en Malvinas, con buques de arrastre y palangre.
