Naturgy ha decidido intensificar la ofensiva de su distribuidora eléctrica, UFD, contra el fraude de los enganches ilegales a la red en Galicia “para la seguridad de las personas y reducir el coste para el sistema eléctrico”. Son unos 93 millones de euros que la normativa carga en el recibo de los consumidores que sí tienen contratos declarados. De media, el fraude supone unos 55 euros al año por cliente. “Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes y ponen en riesgo a la persona que las realiza, como a las que conviven con ella y a sus vecinos”, según la compañía, inmersa en un plan “para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores” en la comunidad, con el foco en las principales ciudades: Vigo, A Coruña, Arteixo, Carballo u Oleiros.
En la provincia de Pontevedra van ya más de 7.800 actuaciones desde enero de 2021. Naturgy estima que tras la crisis de 2008 los enganches ilegales en la red de su distribuidora crecieron un 28% y un 7,5% después del estallido de la pandemia. “Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña esta práctica, también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente”, apunta el grupo, que recuerda que la manipulación irregular de las instalaciones eléctricas es un delito recogido en el Código Penal.
