El Gobierno ha dado luz verde a la ampliación de plazos para la solicitud de las ayudas recogidas en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE) que inicialmente finalizaba el 3 de mayo.

Así, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy una orden ministerial que modifica la orden de bases y la convocatoria de la parte industrial del Perte VEC, que tiene una dotación presupuestaria de 2.975 millones de euros. En un primer momento, el Ministerio que dirige Reyes Maroto, ya estipuló una ampliación de plazos hasta el 17 de este mes, fecha que "continuaba resultando insuficiente para salvaguardar la mayor competencia en el procedimiento de concurrencia competitiva", explican fuentes del Ministerio.

Así que la fecha hasta la que se podrán solicitar las ayudas serán finalmente el día 3 de junio, quedando ampliado el procedimiento en dos semanas. El Gobierno alude en este punto a la complejidad del proceso de presentación de solicitudes de ayuda por parte de las agrupaciones participantes en la convocatoria de 2022, que incorporan a varias entidades y que entrañan "un importante trabajo previo de negociación interna y de preparación de documentación y reparto de tareas".

Ampliación de criterios

Además de modificarse varias veces la fecha límite de solicitud, es importante recordar que el Gobierno también amplió el espectro de beneficiarios, pudiendo serlo empresas de nueva constitución, que anteriormente quedaban excluidas de algunas líneas de inversión.

Al mismo tiempo, la orden ministerial publicada en abril también modificaba el apartado de la formación obligatoria que tiene que llevarse a cabo dentro de los proyectos y que a partir de la entrada en vigor de la orden se podría realizar a través de plataformas digitales. También se aclaró la redacción de los costes subvencionables relativos a materiales, suministros e instrumentos amortizables en dichos proyectos de formación.

Otra de las correcciones que se hicieron de la orden ministerial corresponde al régimen de garantías, de forma que se incorporó una declaración responsable a presentar por las entidades que forman parte de la agrupación, relativa a que estas no se encuentran en situación de crisis.