Hace muchos años que los nuevos jubilados dejaron de ser mileuristas. Fue en el ejercicio 2006, como consta en los registros de la Seguridad Social –y cuando el SMI apenas superaba los 540 euros–, cuando las pensiones medias de alta superaron por primera vez los 1.000 euros mensuales. Un rango que alcanzaron los retirados del régimen general, claro, porque, a día de hoy, los autónomos que abandonan la vida laboral siguen teniendo una paga reconocida muy por debajo de ese umbral. Pues aquellos 1.000 euros pelados se han convertido en 1.462 euros al mes, que es lo que ingresaron las 1.110 personas que se convirtieron en jubiladas el pasado febrero en Galicia. La cifra es notablemente inferior a la media nacional (1.594 euros), pero es un gran sueldo en comparación con lo que perciben la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena en Galicia. Porque las pensiones de los recién jubilados son más elevadas que las nóminas de seis de cada diez asalariados. Son cifras oficiales, de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. De acuerdo al Fisco, son más de 630.000 los trabajadores cuyos sueldos están por debajo de los 20.450 euros, resultado de multiplicar esas nuevas pagas por catorce mensualidades.
La descompensación en materia de ingresos escora todavía más en favor de la población inactiva si se tiene en cuenta lo que declaran los profesionales autónomos, que está a años luz de esos importes. Los 127.000 empleados por cuenta propia que tributa bajo el sistema de estimación directa reportaron, en el último ejercicio computado de la Renta (la realizada en 2020), ganancias limpias por 11.170 euros anuales; los que lo hicieron por módulos apenas obtuvieron 10.000 euros de beneficios. Así que, tomando todo esto en consideración, Galicia arroja el siguiente resultado: ocho de cada diez personas ocupadas perciben menos ingresos mensuales que los que acaban de jubilarse.
Pagas y últimos sueldos
De vuelta al salario, estas nuevas pensiones se acercan de forma apresurada a los sueldos medios de los gallegos. La diferencia es mínima, porque el salario promedio fue el año pasado de 1.658 euros en la comunidad. Así que las pagas equivalen ya a más del 90% de los asalariados. Es importante tener cuenta que, de momento, y teniendo en cuenta la derogación de la reforma del sistema de 2013, la diferencia entre las pensiones y el último salario percibido es muy pequeña. En aquella norma, además de imponer un índice de revalorización vinculado a la solvencia de la Seguridad Social –por eso las pagas solo subían un 0,25% al año, independientemente de la inflación–, se incluía el llamado factor de sostenibilidad. Al margen de los cálculos matemáticos, su mecanismo era sencillo: las pensiones se reducirían a cambio de cobrarlas durante muchos más años (por la esperanza de vida). El año que viene entrará en vigor su sustituto, bautizado como mecanismo de equidad intergeneracional, que reactivará la hucha de las pensiones con una subida de cotizaciones a trabajadores y empresas (del 0,6% en total).
De momento, lo que se puede analizar es esa no implantación del factor de sostenibilidad. La Comisión Europea llegó a advertir de que, para el año 2060, las pagas para los recién jubilados iban a equivaler a menos de la mitad del último sueldo, para encajarlas en una mayor esperanza de vida. Ahora mismo –los retirados en los tres pasados años sí lo notaron–, no queda rastro de aquella norma. Los asalariados de más de 65 años declararon en la última Renta ingresos del trabajo por 21.157 euros, de media, frente a los 20.450 euros que van a percibir en un año, también de promedio, los que se acaban de convertir en pensionistas.
Además de un elemento económico de primera magnitud, el de los trabajadores retirados –o perceptores de pagas de viudedad u orfandad, por ejemplo– es un colectivo tan numeroso que lo convierte en esencial desde un punto de vista político y electoral. Sin ir más lejos, tres de cada diez hogares gallegos tienen como único ingreso una prestación pública; solo una cuarta parte percibe solo rendimientos del trabajo. En tanto la intención del Ejecutivo es de blindar las pensiones con la evolución del coste de la vida, la escala inflacionaria ya anticipa un desembolso infinitamente más elevado que el que estaba previsto. Sirva como ejemplo lo abonado en Galicia en los últimos meses: si en diciembre se pagaron 681 millones de euros entre todas las pensiones, en enero –con la revalorización mediante– la nómina rebasó los 710 millones. Esto implica un pago extra de más de 30 millones de euros al mes.
Escrivá garantiza que el poder adquisitivo se mantendrá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró este martes, “con toda rotundidad”, que los pensionistas podrán mantener su poder adquisitivo “este año e indefinidamente” gracias a la ley que “garantiza y blinda” y su actualización de acuerdo a la inflación promedio de los últimos 12 meses. “Esa ley está pensada para situaciones de incertidumbre, de volatilidad, para dar certidumbre a esos 10 millones de pensionistas y futuros pensionistas”, dijo durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. El ministro recordó que la normativa cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
También reprochó al Partido Popular, en concreto a su número dos, Cuca Gamarra, que quisiera “volver a 2013”, en alusión a la ley de pensiones aprobada por el PP ese año.
