El Estado abre un conflicto con la Xunta por su moratoria a nuevos proyectos eólicos

La ley que regula el aprovechamiento eólico nació como alternativa de los populares a la polémica participación pública en los parques ideada por el bipartito de PSdeG y BNG. “Una escrupulosa observancia y respeto de la liberalización del sector y la consideración de que el interés público de Galicia puede y debe encontrarse mejor reflejado y en armonía plena con el ordenamiento jurídico son causa y razón suficientes para justificar el distanciamiento del procedimiento”, señala la norma, una de las primeras que sacó el Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo en su estreno en San Caetano, amparándose en “la tacha de legalidad directa e infranqueable” detectada por el Consello Consultivo.

De entre las “otras fórmulas, otros modelos más racionales, más perfectos, más rectos”, el Ejecutivo autonómico se decantó por fijar el también discutido canon a cada aerogenerador y llenar con la recaudación el Fondo de Compensación para obras y servicios en los concellos donde se ubican los parques y las líneas de evacuación. Desde la entrada en vigor el 30 de diciembre de 2009, el texto cambió diez veces para, entre otras cosas, alterar la cuantía del gravamen o los criterios de reparto de los fondos. La última modificación vino con la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales de 2022 para sorpresa de los promotores, que se encontraron con una inesperada moratoria a la presentación de nuevos proyectos durante 18 meses. Ahora el Gobierno central pone en duda que pueda hacerlo.

Tres medidas en concreto

Tanto el Boletín Oficial del Estado (BOE) como el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaron ayer el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones, el órgano destinado a limar las diferencias por el reparto competencial. Es el paso previo a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional. Gobierno y Xunta abren las negociaciones “para resolver las discrepancias manifestadas en relación al artículo 39 de la ley de medidas fiscales y administrativas de la Xunta. En ese apartado están los últimos cambios introducidos en la regulación del sector eólico, aunque las reticencias de Ministerio de Política Territorial se centran en tres cuestiones concretas.

La más importante es, sin duda, el veto de la Xunta a más parques de los que hay ya en curso. La medida se extiende hasta el 30 de junio del próximo ejercicio para, según defendió el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, “garantizar un desarrollo compatible con el medio natural”.

A otros territorios

En la ventanilla de la administración autonómica hay en estos momentos 275 expedientes que suman 7.200 megavatios (MW). A pesar de que el sector lleva dos años sin levantar nuevos parques por la lentitud de tramitación, la acumulación de proyectos y la idea de una posible “burbuja eólica” despertó una oleada de protestas en contra. ¿Puede la Xunta tomar semejante decisión? El departamento dirigido por Conde asegura que sí. “Puede establecer una moratoria dentro del ámbito de sus competencias recogidas en la propia ley”, aseguran fuentes de Economía, en referencia a la normativa del aprovechamiento eólico. “De la misma manera que el Estado estableció, en el ámbito de las suyas –añaden–, moratorias como la de presentación de eólica marina o de los permisos de acceso y conexión”.

El problema está, según las fuentes del sector consultadas por FARO, en las limitaciones a esas competencias para la Xunta. El Estatuto de Autonomía reserva a la comunidad la potestad de las “instalaciones de producción, distribución y transporte de energía eléctrica”, mientras que “ese transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o Comunidad Autónoma”. Algo que claramente sucede con la producción de muchos parques eólicos limítrofes con el resto de España y norte de Portugal.

Distancia y permiso de conexión

La Comisión Bilateral de Cooperación debe pronunciarse también por la distancia de 500 metros entre los aerogeneradores y los núcleos de población impuesta por la Xunta para los parques que todavía no están en tramitación. El Estado exige excepciones para los casos de autoconsumo. La Vicepresidencia económica defiende que ya está previsto porque la ley de 2009 excluye directamente de su ámbito de aplicación a “entre otras, las instalaciones de generación eólica para autoconsumo”. “Por lo que la nueva regulación no afecta a esta excepción que ya está recogida en la legislación vigente”, remarca el Ejecutivo autonómico.

El tercer punto en discordia es el plazo de 12 meses que se da para conseguir los permisos de acceso y conexión al sistema eléctrico a los proyectos que iniciaron su tramitación sin tenerlos. “La Xunta considera que cumple con la legalidad, ya que se trata de proyectos en tramitación y que aún no obtuvieron la autorización administrativa, autorización para la que sí se exigirá tener este permiso”, explican en la Consellería de Economía, que reitera el cumplimiento “riguroso” de la legislación vigente y sus competencias en todos los cambios introducidos.

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