La transición energética en Galicia marcha a trompicones, a la sombra de una gran paradoja. Los promotores ponen el grito en el cielo por el cuello de botella en la tramitación de las instalaciones renovables en la ventanilla autonómica, mientras se multiplican las plataformas ciudadanas contrarias a “un desarrollo descontrolado” del sector, principalmente el eólico. ¿Hay realmente tantos parques a la cola como parece? Sí. Los proyectos que tienen permiso de Red Eléctrica de España (REE) para el acceso y conexión al sistema superan los 7.300 megavatios (MW) y quedan otros 2.085 más en revisión para conseguirlo, según los datos del operador del transporte eléctrico en España a último día de febrero. ¿Y el bum se nota en los montes de la comunidad? En absoluto. No entró ni un parque nuevo en el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a lo largo de 2021, como recoge la última actualización del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), y en lo que va del actual ejercicio se inscribió solo el de Greenalia en Ourol (22,5 MW).
Después de encender 418 MW gracias a los concursos impulsados por el Gobierno central, el negocio del viento en Galicia regresa a su particular travesía en el desierto. La misma que sufrió durante casi una década por las fallidas subastas regionales del bipartito en 2008 y la del PPdeG a su vuelta a la Xunta en 2010 y la reforma energética del exministro José Manuel Soria que acabó con las primas a las tecnologías verdes. En el resto del país se pusieron en marcha desde 2019 cerca de 4.900 MW a pesar de la pandemia.
“Existe una necesidad clara de establecer un compromiso claro para que Galicia continúe liderando un desarrollo eólico compatible que mantenga las máximas garantías técnicas, jurídicas y ambientales necesarias para los proyectos que resulten aprobado tras una tramitación transparente y de conformidad con el marco legal vigente, al mismo tiempo que se da prioridad a la preservación de los espacios naturales de nuestra comunidad”, firman los diputados del PPdeG en una proposición no de ley en el Parlamento gallego que, entre otras cuestiones, pide favorecer los nuevos parques eólicos que destinen el 50% de su producción “a la industria asentada en Galicia”.
El grupo popular recuerda que el sector aporta casi el 40% de la producción eléctrica en la comunidad y culpa de nuevo a Moncloa del “momento de máxima incertidumbre económica” por “una política de transición energética desordenada, injusta y claramente ideológica”. Ponen como ejemplo el subidón de los precios de la electricidad, aunque admiten que los picos en el mercado mayorista (pool) se deben realmente a la invasión rusa de Ucrania y a las tensiones previas ya en los mercados energéticos.
Muchas de las medidas incluidas en la iniciativa registrada el pasado 28 de marzo para el debate en pleno “por el trámite de urgencia” ya están en vigor. De hecho, lo que reclaman los populares a la Xunta es afianzarlas. Que se “asegure” la vigencia del actual Plan Eólico de Galicia y las áreas de implantación eólica heredadas de la etapa de Manuel Fraga en la presidencia; “reiterar” los 500 metros de distancia entre aerogeneradores y núcleos de población estipulados en la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2022 para los parques que aún no entraron en tramitación; o “reforzar la transparencia” con información a los concellos, la ciudadanía “y el resto de entidades interesadas”.
El grupo parlamentario del PPdeG apela, además, a “mantener” hasta el 30 de junio de 2023 la moratoria impuesta por la Xunta a nuevos proyectos “con el objetivo de gestionar con las máximas garantías los 275 expedientes de tramitación autonómica existentes”. Dejan fuera del veto a “aquellos que posean una función vertebradora y estructurante del territorio”, la misma excepción, sin aclarar los criterios, que incluyó la Xunta en la ley de simplificación administrativa para reactivar la economía tras el golpe del COVID-19. En esa misma normativa se abrió la puerta a acelerar el periplo administrativo de los parques que suministren electricidad a la industria. Ahora los populares instan a otra “modificación legislativa” para “dar prioridad en la tramitación a los proyectos eólicos en Galicia que destinen el 50% de la energía que produzcan a la industria asentada en Galicia a través de contratos a largo plazo del precio de la energía”.
El texto pretende que la Xunta reclame lo mismo al Gobierno central, sobre el que descargan de paso una retahíla de reproches en otra proposición no de ley a cuenta esta vez de la planificación eléctrica 2021-2026. Los populares insisten en quejarse porque en Galicia solo se invertirán 66 millones de euros en ampliaciones y nuevas infraestructuras, a pesar de que en esa partida no se incluye la gran autopista energética con Portugal. Posiblemente sin quererlo, la crítica aflora por primera vez el reconocimiento de que en Galicia habrá parques eólicos marinos.
Los populares aseguran que la planificación no incluye en la comunidad “las infraestructuras necesarias para posibilitar la evacuación de la energía eólica marina”, junto “a la nueva potencia hidráulica que se pueda generar”. Lo cierto es que la hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica y REE sí incorpora las ampliaciones de las subestaciones de Atios (O Porriño) y Xove para facilitar la offshore en las demarcaciones previstas en el borrador del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) y una nueva en Vilariño de Conso, donde Iberdrola tramita una de las mayores centrales de bombeo para almacenamiento de España.
