En marzo de 2018, el entonces ministro de Transportes de Noruega, Ketil Solvik-Olsen, autorizó la renovación del contrato de rutas marítimas por los fiordos del país. Hasta ese momento, el servicio estaba en manos exclusivas de la naviera local Hurtigruten. Fue cuando Oslo optó por dividir las rutas en tres paquetes, rompiendo el monopolio y dando entrada a un nuevo operador, Havila Kystruten, una de las sociedades del holding familiar Sævik. Hurtigruten renovó parte de su flota (siete buques) con dos unidades de nueva construcción –MS Roald Amundsen y MS Fridtjof Nansen, ensambladas en Kleven Yards–, y Havila encargó desde cero los cuatro cruceros comprometidos con el Gobierno. Dos se harían en Tersan Shipyards (Yalova, Turquía), y otros dos en Hijos de J. Barreras. Casi nada le salió bien. Además de los errores en el diseño, Havila perdió su primer esquema de financiación (de China), incurrió en retrasos en los pagos en Vigo y se topó con el preconcurso del astillero que presidía, entonces, José García Costas. Ahora, con enormes retrasos en la entrada en servicio de sus barcos, acaba de quedarse sin financiación por segunda vez, como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania.
Tras quedar sin su primer respaldo bancario, y cuando todavía no había cancelado el contrato con Barreras, Havila Kystruten escogió un sistema de leasing para financiar la construcción de sus cuatro cruceros, que debían haber iniciado en enero de 2021 las rutas costeras entre Bergen y Kirkenes. Lo firmó con una compañía rusa, GTLK, considerada como un “activo estratégico del Estado” que comanda Vladimir Putin. Aunque las relaciones entre Rusia y Noruega son más que amigables o cómplices –el sector pesquero es un ejemplo claro–, la nueva remesa de sanciones aprobada por Bruselas el pasado viernes incluye explícitamente a GTLK. La naviera se vio obligada a remitir ayer un comunicado al Euronext, el parqué donde cotiza. “Havila Kystruten asume que las sanciones impiden que GTLK lleve a cabo la financiación de los barcos”, y avanzó que lleva semanas trabajando en “alternativas”, en previsión de que se llegase a esta situación.
De los cuatro barcos encargados, solo uno, Havila Capella, está operativo. La naviera urge una solución para abonar el hito de entrega del segundo, el Havila Castor, que todavía se encuentra en las instalaciones del astillero Tersan. Los dos siguientes (Pollux y Polaris, los que se iban a hacer en Beiramar) ya se botaron, pero no podrán rematarse si la compañía noruega no resuelve este nuevo revés, porque necesita dinero para cada uno de los hitos de construcción. El contrato firmado con Barreras fijaba un precio de 108 millones de euros por cada uno de los buques, incluyendo cinco millones de suministros del armador, como consta en el informe de la administración concursal del astillero. El hito fijaba un “hito final de tax lease de 21 millones” adicionales.
“Las sanciones no son un desafío novedoso para nosotros”, publicó este sábado GTLK en su página web corporativa. “Bajo estas nuevas condiciones, nos enfocaremos en proyectos dentro del país y de países amigos. La compañía tomará todas las medidas necesarias para garantizar una operatividad ininterrumpida y cumplir con todas las obligaciones previamente asumidas”.
El próximo mes de julio tendrá lugar, en Londres, el juicio entre Havila y Barreras por el conflicto de los cruceros. La naviera reclama al astillero los casi 37 millones de euros que adelantó por un doble pedido que no se completó, amén de intereses y una indemnización adicional de 10 millones de euros por barco. El astillero vigués tiene la opción, si la corte británica le da la razón, de ingresar entre 7,1 y 10 millones.
