España experimenta la mayor inflación de los últimos casi 40 años y ello repercute directamente en el coste de la vida de sus ciudadanos. El IPC adelantado del mes de marzo se situó en el 9,8%, fregando el doble dígito, y ese encarecimiento de la cesta de la compra la sufren los trabajadores, entre los que la mayoría han visto mermado su poder adquisitivo porque sus salarios no suben en igual proporción. Y ese aumento de los precios también inquieta a los casi 10 millones de pensionistas, por más que tras la última reforma del Gobierno blinda sus prestaciones ante las escaladas de la inflación.

El año pasado el Ejecutivo pactó con patronal y sindicatos una reforma del sistema público de pensiones que introducía varias novedades de calado. Una de las cuales es la revalorización automática de las prestaciones contributivas en función del IPC medio del año. Esta se calcula sumando el IPC anual entre el mes de diciembre y el de noviembre y dividiendo dicha cifra por 12. El año pasado dicho cálculo dio por resultado el 2,5% que luego finalmente han subido las pensiones a partir del 1 de enero del 2022.

No confundir dicho concepto con el dato que popularmente se ha denominado "IPC real", que es fijarse únicamente en el IPC del mes de diciembre (del 6,5%). El Gobierno adoptó esta referencia ya que considera que refleja mejor la realidad del ejercicio completo, pues si diciembre coincide con un IPC muy alto dispara las pensiones a favor del receptor, pero si el dato de dicho mes es especialmente bajo y viene de cifras muy superiores, el pensionista pierde poder adquisitivo.

Para conocer cuánto subirán las pensiones a partir del 2023 habrá que esperar a conocer cómo evoluciona el IPC en los meses venideros. De momento y sin que sirva de referencia fiable, dada la alta volatilidad de los precios y la incertidumbre futura entorno a los efectos de la guerra de Ucrania, el IPC medio en lo que va de año está en el 7,5%.

¿Cómo acabará el IPC el año?

Es una incógnita que dependerá de muchas variables: si las medidas del Gobierno para limitar el precio de la luz o para subvencionar a los sectores más afectados sirven para contener los precios. De si patronal y sindicatos consiguen cerrar un acuerdo salarial que no descontrole la inflación. De cuánto se alargue el conflicto bélico y que magnitud acabe adquiriendo. De cómo reaccionen los operadores energéticos a todo ello. Así como un largo etcétera de variables.

Algunas casas de estudios han ido publicando y revisando sus previsiones para este 2022. Funcas, por ejemplo, este pasado miércoles actualizó sus cálculos y anticipó que el IPC podría acabar el año en una media del 6,8%. De cumplirse dichas previsiones, el Gobierno debiera subir las pensiones contributivas a partir del 1 de enero del 2023 un 6,8%. Otros organismos, como el Banco Central Europeo, son más moderados en sus últimas estimaciones (del 10 de marzo) y prevén que el IPC acabe en el 5,1%. La alta volatilidad del escenario hace que este indicador pueda sufrir sustanciales variaciones a lo largo del año, lo que alteraría la media que en diciembre acabe tomando de referencia el Gobierno para actualizar la tabla de pensiones.