Hijos de J. Barreras se sometió a un complejo y agónico proceso de reestructuración, culminado en febrero de 2020, con el que logró esquivar la quiebra. En aquel momento, sobre el mayor astillero privado de España ya pesaban dos litigios de enorme envergadura económica con otros tantos clientes: Havila Kystruten y Afortunadas Shipping (Naviera Armas). La primera había adelantado 36,8 millones de euros por dos barcos que nunca recibió (contratos 1710 y 1711), y la segunda abonó 22,8 por un ferri del que nunca se cortó la chapa (contrato 1708). Pero Barreras, ya bajo la batuta de Ritz-Carlton, centró todos sus esfuerzos en resolver el cisma por el crucero Evrima; en aquella reestructuración no se incluyeron los importes reclamados por esas dos armadoras o las deudas con la industria auxiliar por sus respectivos contratos. Ahora esto pesa, y mucho, en las posibilidades de cobro de los proveedores. “Es obvia la tremenda importancia que uno y otros procesos tienen para el concurso, porque sus respectivas cuantías afectarían notoria y negativamente a las expectativas de cobro”, apunta la administración concursal (Tahice Legal) en el informe remitido al juzgado. Con una masa activa valorada en 70,56 millones de euros, el pasivo que arrastra Barreras supera los 104 millones.
El documento, de 515 páginas, está firmado por el administrador José Ramón Cerezales. “La administración concursal carece de la información precisa para poder pronunciarse sobre la viabilidad” de ambos pleitos, apunta en el texto. Ahora bien, al margen de su resolución, “ ya adelanta su enorme preocupación por el gran coste que suponen las defensas de los derechos de la concursada en los procesos de arbitraje y judicial instados por ella”. Los créditos están clasificados de momento como contingentes, dado que son litigiosos. Si prospera la reclamación de Naviera Armas, Barreras se enfrentaría a una responsabilidad patrimonial por importe de 22,8 millones, además del importe correspondiente al seguro y del aval bancario (3,3 millones de euros, en garantía de pago de intereses). Frente a esta armadora, cliente de referencia en la trayectoria del astillero, éste ha solicitado anular cualquier reclamación, y que la propia Armas pague los costes del arbitraje, como ya avanzó FARO.
El caso noruego
El pleito contra Havila, por los cruceros Pollux y Polaris, se dirimirá en Londres a partir del 11 de julio. La naviera noruega exige a Barreras la devolución de los 36,8 millones de euros que pagó por distintos hitos de construcción de los dos barcos, en los que se dejó de trabajar en julio de 2019, además de intereses y una indemnización complementaria de 10 millones de euros por cada uno de los buques. El astillero vigués tiene la opción, si la corte comercial londinense le da la razón, de ingresar entre 7,1 y 10 millones, que servirían para satisfacer en buena medida los créditos ordinarios. En todo caso, para bien o para mal, la resolución de ambos litigios será determinante para las expectativas de cobro de múltiples proveedoras. Como la ingeniería Ghenova (400.000 euros), Hierros Arteta (249.649), JJ Naval (359.263), Maessa (1,3 millones), Norinver (492.500) o Montajes Cancelas (650.000 euros). Los créditos ordinarios alcanzan los 9,6 millones.
Con prioridad de cobro figuran los 16.277 euros de la factura del despacho británico Holman Fenwick Willan, contratado por el expresidente del astillero Douglas Prothero para el caso Havila. Con privilegio especial la deuda roza los 650.000 euros, compuesta principalmente por pasivos contraídos con la plantilla, la Agencia Tributaria y la Autoridad Portuaria de Vigo.
En el mejor de los casos, Hijos de J. Barreras ingresará 14,2 millones de euros por su unidad productiva, que es la oferta formulada por Astilleros Armón. Eso sí, el grupo presidido por Laudelino Alperi asumiría una veintena de trabajadores, con la consiguiente obligación de promover un ERE parcial de extinción y sus costes derivados. En caso de que fuese Gondán la opción elegida, Barreras percibiría 5,5 millones de euros netos, sin tener que programar medidas de ajuste laboral. Importes insuficientes, en todo caso, para satisfacer las facturas impagadas de los contratos con Havila y Armas. Como publicó este periódico, la quiebra definitiva del mayor constructor naval privado de España –la sociedad anónima irá a liquidación– ha afectado a 55 proveedoras y auxiliares que ya tuvieron que digerir deudas que les dejó la desaparecida Factorías Vulcano.
Ritz-Carlton elige el proyecto de Astilleros Armón
Hijos de J. Barreras, como sociedad anónima, es una de las partes con voz y voto en el proceso de selección del astillero que se quedará con su unidad productiva. A día de hoy es una mercantil filial de Cruise Yacht Opco, a su vez propiedad del fondo de inversión norteamericano –pero con base en las islas Caimán– Oaktree. Como empresa concursada, cuanto más dinero ingrese por sus instalaciones en este procedimiento, menos reclamaciones tendrá que soportar después de todos aquellos acreedores a los que debe dinero. Por este motivo, y a través de un escrito remitido el 25 de marzo al juzgado de lo Mercantil, los abogados de Barreras han comunicado cuál es su elección: Astilleros Armón.
“Parece claro que la mejor oferta es la presentada por Armón en cuanto al aspecto económico”, dice textualmente el documento, firmado por el letrado madrileño Blas González. “Con la oferta presentada [por el grupo que preside Laudelino Alperi] se podría hacer frente al importe calculado de las indemnizaciones de los trabajadores que no se mantendrían en la empresa, por importe de 3.999.751 euros, y aun así atender al 90% de los créditos ordinarios”. La propuesta de Armón consta de un pago de 14,2 millones de euros, pero solo se quedaría con veinte de los más de 120 trabajadores de la empresa. Este es un aspecto menor para Ritz-Carlton, a frente de la cual continúa Douglas Prothero, expresidente de la propia Barreras.
Si bien la oferta de Gondán incluye la subrogación de todo el personal, para Ritz “no asegura el mantenimiento de sus contratos a medio-largo plazo”. El astillero que preside Álvaro Platero ha puesto sobre la mesa una oferta de 4,5 millones de euros, y un millón adicional por los terrenos que dan a la calle Tomás Alonso. Y es la que ha defendido el comité de empresa en pleno (UGT, CC OO y CIG) a través de las alegaciones formuladas a la magistrada encargada del concurso, Amelia Pérez.
La propuesta de Marina Meridional, dueña de la desaparecida Vulcano, está descartada. Entre otras cosas, por “las bajas expectativas de atraer negocio al astillero”.
