En las obras de construcción hay poco material de estocaje, los aprovisionamientos son reducidos. “Si se para el transporte no hay nada”, lamenta el presidente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Miguel Caruncho. Son los camiones o las hormigoneras los que van nutriendo de materiales, a medida que avanzan los trabajos, a los proyectos de todo tipo de dimensión. Aun sin ser insumos perecederos, con los que sí debe lidiar la industria alimentaria, la planificación de los departamentos de compras o recursos humanos se ha convertido en las últimas semanas en un tetris imposible de completar. Primero, a causa de la escalada inflacionista, que amenazó con la paralización de la obra pública ante la imposibilidad –resuelta– de actualizar los precios fijados en los contratos. Al impacto de la guerra de Ucrania, con la escalada de costes y problemas de abastecimiento, se ha sumado ahora el colapso logístico, provocado por los paros en el sector del transporte por carretera. “Muchas obras van a parar, las que no lo han hecho ya. Esto es insoportable”, abunda el empresario, elegido en diciembre como nuevo líder de esta organización. Toca colgar las paletas.
Se suma así la construcción a sectores como la pesca extractiva, la logística de frío, la industria de elaboración pesquera, la conserva, automoción, la piedra natural, el lácteo o la metalurgia, obligados a reducir marchas hasta el ralentí por falta de insumos. En las obras hay falta de hormigón, madera, piedra, cerámicas, aceros, cableado o pintura. “Alguien tendrá que hablar con ellos”, dice, en referencia a los convocantes de la huelga.
El empleo
El transporte por carretera ha iniciado la tramitación de los primeros expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como avanzó FARO, con suspensiones de contratos que se prolongarán hasta seis meses. Además de los costes fijos por personal, las constructoras han de abonar pagos por el alquiler de maquinaria pesada, independientemente de que esté o no operativa. “De momento no hemos planteado la opción de los ERTE, pero nadie puede descartar que se vayan a pedir”, complementa Caruncho. Los expedientes que están en marcha se ejecutarán desde el 1 de abril, pero no se tramitarán por el denominado mecanismo RED (o ERTE de guerra). Estos ERTE podrán aplicarse solo una vez que el Consejo de Ministros determine que concurren causas excepcionales para dar cobertura a las empresas que necesiten suspender contratos de trabajo o reducir jornada. De este modo, las empresas tendrán, como con la pandemia, exenciones en cotizaciones a la Seguridad Social durante su aplicación. Pero el Gobierno se resiste a accionar este sistema, pese al sonoro golpe de la guerra y los paros logísticos en el entramado empresarial de todo el país.
Según las estimaciones del área de economía de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), “la invasión rusa a Ucrania restará entorno a un punto y medio al crecimiento económico en 2022, lo que supondrá un detrimento similar en la tasa de empleo, agravada por la subida de los costes salariales”, indica su presidente, Jorge Cebreiros. “Se prevé que el empleo crezca solo un 3% frente al 5% inicialmente previsto”. A su juicio, el mecanismo RED “ayudaría, sin duda, a contrarrestar la difícil situación actual y evitaría el cierre de empresas a corto, medio y largo plazo”.
Teniendo en cuenta el nivel de afectación diagnosticado por distintas organizaciones empresariales, el combo guerra-huelga ha hecho temblar ya a más del 30% del Producto Interior Bruto (PIB) de Galicia, con actividades como la industria manufacturera y los sectores primarios a la cabeza. La factoría de la conservera Calvo en Carballo –segunda mayor compañía del sector por volumen de facturación– permanecerá cerrada desde hoy por falta de materiales y transporte. Tampoco se encenderán las máquinas en la maderera Finsa, y la explotación forestal se quedará en casa al carecer de transportes y por el efecto de los piquetes. La pesca de fresco permanecerá amarrada por completo hasta el jueves como mínimo, en espera de la reunión que mantendrán los armadores con el ministro Luis Planas, y a expensas de que Bruselas autorice medidas extraordinarias de ayuda para sufragar el coste del combustible. Francia se ha adelantado y bonifica el litro con 35 céntimos.
Inyección de 3,5 millones de la Xunta para blindar el transporte público por carretera
La Xunta inyectará “de forma extraordinaria” más de 3,5 millones de euros para blindar el transporte público por carretera en Galicia “frente a la subida exponencial del precio de los carburantes”. Lo anunció ayer la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, en una entrevista en la Radio Galega, donde aseguró que la Xunta “no está de brazos cruzados” y que, “allí donde tiene margen legal para actuar, como en el caso del transportepúblico interurbano de viajeros, de responsabilidad autonómica, actúa”. Ethel Vázquez explicó que el Gobierno gallego adopta esta medida para garantizar la prestación del servicio público esencial de transporte público a los usuarios y para “dar certezas a un sector que emplea a miles de trabajadores”.
“El transporte público es la llave que garantiza a miles de personas cada día el acceso a la sanidad y la educación públicas, así como a sus centros de trabajo, con una especial incidencia en el mundo rural y, por lo tanto, la Xunta tiene que adoptar medidas para evitar que ese servicio esencial a la ciudadanía se ponga en riesgo”, remarcó la responsable autonómica. La conselleira volvió a criticar la inacción del Gobierno de España y la falta de adopción de medidas inmediatas y urgentes que “ofrezcan una solución a la situación iniciada el pasado día 14.
