El 4 de junio de 2008, la Comisión Europea declaraba “incompatibles con el mercado común” las ayudas que el Gobierno francés había desplegado en favor de la flota pesquera por el incremento del precio de los carburantes. De este modo, tuvo que recuperar los más de 65 millones de euros que había concedido a través de los denominados Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires. Michel Barnier era entonces su ministro de Pesca. En el último año de aplicación de aquel subsidio (2008), el coste del diésel pesquero en Vigo alcanzó, de media los 55 céntimos por litro. Se había duplicado en los últimos cuatro años; eran momentos complicados para el sector. Pero ahora resultan anecdóticos, visto el actual escenario: el litro de gasóleo se pagaba a 1,11 euros ayer en el poste marítimo de O Berbés, tras haber doblado su precio en poco más de dos semanas. Aquella experiencia de Francia con las ayudas no fue positiva –por la reprimenda del Ejecutivo comunitario–, pero no ha impedido que El Elíseo haya decidido volver a salir al rescate de su pesca extractiva. La pesca española, con la gallega enfrente, reclama lo mismo. Ahogada por los costes y el paro de transportistas, ha decidido parar por completo hasta que el Gobierno central no tome medidas paliativas.
Es un paso más, e inaudito, después de que el cerco haya permanecido ya amarrado durante la última semana. Este parón engloba ahora a toda la actividad de fresco de proximidad –la que seguía operando– con artes menores, que suman más de 4.000 embarcaciones solo en Galicia. “No va a haber pescado”, zanja el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero. A nivel nacional, el cese de operaciones dejará en silencio a unas 200 cofradías y más de 9.000 barcos. El amarre se prolongará, al menos, hasta la reunión que mantendrá el sector el miércoles por la tarde con el ministro de Pesca, Luis Planas, que optó por no adelantar la cita pese al SOS de la flota hace más de una semana. Para entonces, y solo en fresco en Galicia, la industria habrá encajado ya pérdidas por más de 12 millones de euros, teniendo en cuenta el volumen equivalente de ventas y teniendo en cuenta que los barcos no se han incorporado a la campaña de la caballa en el Cantábrico. Es un duro peaje que busca arrancar de Madrid una dotación presupuestaria como la que han habilitado Francia o Irlanda.
Ayudas
La flota pesquera francesa ha reconocido su sorpresa después de que el primer ministro, Jean Castex, anunciara una reducción de 35 céntimos por litro para el gasóleo, lo que rebajará el coste de abastecimiento para la flota hasta el umbral de los 65 céntimos. Una medida “excepcional para que todos los barcos puedan zarpar lo más rápido posible con la seguridad de beneficiarse del sistema de apoyo”, indicó en rueda de prensa. Este subsidio, que estará vigente hasta el 31 de julio, se ha integrado dentro del Plan de Resiliencia trazado por Emmanuel Macron contra la pandemia del COVID. “Las herramientas que han demostrado su eficacia durante la crisis sanitaria –abundó Castex– se movilizarán de nuevo y se adaptarán a las especificidades de esta crisis”. El Gobierno central, por contra, ha decidido no ser proactivo, y se encomienda a una solución europea.
Precisamente este lunes y martes habrá reunión del Consejo de Agricultura y Pesca en Bruselas, con la “situación del mercado tras la invasión de Ucrania” en la orden del día. “Lo más probable es que la Unión Europea diga que las medidas particulares para los sectores productivos tengan que ser tomadas por los Estados Miembros dentro de la normativa vigente”, apunta Iván López Van der Veen, miembro de Europêche y presidente, entre otras, de la recién creada Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA). “Debiera salirse con unas reglas de juego básicas”. Para Francia es importante que exista un marco europeo, que le permitiría diluir cualquier riesgo de que las ayudas que acaba de aprobar puedan ser declaradas, como en 2008, como incompatibles y sujetas a devolución.
Portugal tampoco ha querido esperar por Bruselas. El Diário da República publicó ayer el acuerdo del Gobierno de António Costa para bonificar el denominado gasóleo colorido e marcado (equivalente al gasóleo B en España) con 3,4 por litro a partir de mañana lunes. Eso sí, de momento es una medida aplicable solo al diésel para uso agrícola. “Esta orden se traduce en un apoyo global a los agricultores de alrededor de 2,7 millones de euros”, anunció la ministra del ramo, Maria do Céu Antunes. Su homólogo en la cartera de Mar, Ricardo Serrão Santos, ha reclamado una modificación en los fondos Femp y Feampa, para que éstos asuman la desviación en los precios derivada de la guerra de Ucrania.
Otras flotas
Al amarre de los buques de fresco se le añadirán los de la flota de arrastre congeladora y de palangre de superficie, que irán parando conforme vayan agotando sus existencias de combustible, como avanzó FARO. En Gran Sol, de momento, existe un impasse. Varios buques consultados por este periódico apuntaron sus temores a no contar con transporte una vez desembarquen sus capturas en los puertos de Castletownbere o Killybegs, en Irlanda, ya que después se subastan en Vigo. Pero, de momento, la tónica general es de continuar. “Tenemos que seguir”, apuntó ayer una armadora. Para un buque de unos 36 metros y 350 GT, por ejemplo, el consumo diario ronda normalmente las tres toneladas. Para las armadoras suponía antes un coste de unos 1.300 euros al día, teniendo en cuenta que el litro de gasóleo B (bonificado) cotizó el año pasado a 0,44 euros en el poste marítimo de Vigo. Toda una utopía en medio del panorama actual; hoy, al mismo barco y para las mismas maniobras, no le llegan los 3.400 euros diarios.
El cese de operaciones en los barcos de bajura y litoral es un golpe en la línea de flotación a la industria frigorífica de fresco, que asume ya pérdidas de hasta 20.000 euros diarios. La industria de elaborados encarará esta semana una carestía severa de materia prima. El stock se agota.
Los súper reducen jornada y cierran establecimientos
El desabastecimiento de alimentos provocado por la huelga del transporte obligó este viernes a cerrar los dos primeros supermercados de la cadena Lidl. Tras seis días consecutivos de paros, dos tiendas de multinacional la multinacional alemana en Gijón han bajado la persiana por la falta de abastecimiento de alimentos ante la paralización de la plataforma logística que tiene la cadena de distribución en Galicia. Por su parte los mayoristas de fruta también alertan de la falta de producto. Central Lechera Asturiana también está “al borde del colapso”, afirmó un portavoz de la empresa. Este viernes pudo recoger leche en toda Asturias, pero la empresa no sabe si lo podrá hacer hoy. El almacén de la cooperativa está “al límite”, resaltó el portavoz, con el agravante de que ni llegan otros suministros, ni pueden sacar producto al mercado.
La Xunta defiende que intervenga el Ejército
La Xunta instó ayer al Gobierno central a garantizar el ingreso de alimentos a la granjas y la recogida de leche y carne en las explotaciones ganaderas, con el objetivo de “asegurar la supervivencia del sector primario”. “En Galicia este paro está teniendo un gran impacto”, afirmó el conselleiro de Medio Rural, José González. También pidió al Delegado del Gobierno que identifique corredores seguros para la distribución de los servicios esenciales a la población, “incluso sacando al Ejército si fuera necesario”.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón instó al Gobierno del Estado y a la Xunta a tomar medidas “inmediatas”. “En Galicia ya tenemos muchas granjas en el límite, tenemos muchos barcos amarrados. En un comunicado, Pontón se ha preguntado“dónde está Feijóo” mientras todo esto ocurre.
