El Gobierno aprobó hace un par de semanas el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda defendiendo una vez más que ni una de las medidas invade las competencias de otras administraciones. Es lo que le reprocha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras votar en contra del primer informe a favor elaborado por el vocal progresista Álvaro Cuesta, el organismo decidió encargar un segundo análisis a otros dos vocales, propuestos por el PP y el PNV, para cumplir el trámite preceptivo, pero no vinculante. El dictamen habla de “clara limitación” de las funciones de las autonomías, algunas de ellas “expropiadas” en la norma, mientras la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sostiene que la ley respeta esas competencia ajenas porque las herramientas que se crean deben ser aprobadas y complementadas por las propias comunidades si las necesitan.
Entre los elementos en discusión destaca la posibilidad de declarar zonas de mercado tensionadas por los elevados precios y actuar sobre ellos por la vía de la oferta o con límites a la subida de los alquileres, algo que tampoco gusta a muchos operadores del sector inmobiliario. A la espera de ver cómo cambia el anteproyecto en la tramitación parlamentaria y qué regiones deciden agarrarse a esa opción, el coste de los arrendamientos en Galicia sigue en niveles sin precedentes y complicando la vida a decenas de miles de familias.
El alquiler mira ya cara a cara a las hipotecas como puerta de entrada a una vivienda en la comunidad. Según la última Encuesta Estructural a los Hogares del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2020 había 158.335 familias viviendo en régimen de arrendamiento, un 28% más que en 2010, cuando eran 123.432; y un 46% por encima de 2010 (108.349). El auge de los alquileres coincide con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el endurecimiento por parte de la banca de la concesión de hipotecas.
Para cerca de 85.600 hogares en arrendamiento, algo más de la mitad del total, el abono de la mensualidad es una carga pesada y otro 44% (70.200) reconoce que también le cuesta pagar, aunque lo van consiguiendo. Únicamente el 1,6%, unas 2.500 familias, resta importancia al alquiler en su presupuesto familiar.
La diferencia entre los hogares en alquiler y los hipotecados es cada vez más estrecha. En 2010, el número de familias con crédito en vigor para la compra de primera vivienda rozó los 225.000. Una década después rondan los 182.900, solo 24.500 más que las familias de alquiler. De ellos, la cuota del préstamo es una pesadilla para el 40,8%; el 56,9% la lleva razonablemente bien; y el 2,4% dice que no es ninguna carga.
Que haya más inquilinos en apuros para llegar a fin de mes que hipotecados con el agua al cuello es la consecuencia de seis años consecutivos de incrementos en Galicia en el precio del alquiler, donde son mayoría los grupos de población con menor renta. Dejando a un lado los que ya tienen casa en propiedad o cedida, entre los 47.700 hogares que ingresaban menos de 600 euros al mes en 2020, el 25,6% estaba de alquiler y un 2,5% pagaba una hipoteca. En las familias que ganan entre 600 y 1.000 euros, el 19,2% reside en un inmueble arrendado y el 5,5% está comprándolo con un préstamo. Los hipotecados suben al 13,8% en el caso de los hogares que disponen de entre 1.000 y 2.000 euros mensuales, frente al 19% que alquila. De 2.000 euros en adelante, hay más familias camino de ser dueñas de su vivienda (23,4%), que en arrendamiento (10,1%).
Hay que tener en cuenta, además, que los jóvenes son claros protagonistas del mercado del alquiler. La mitad de los hogares gallegos en los que todos tienen menos de 35 años tiran del arrendamiento. El 10% se pudo permitir pedir un crédito bancario para adquirir el inmueble.
El coste medio del alquiler en Galicia alcanzó los 442,9 euros el pasado mes de enero tras un encarecimiento anual del 2,5%. La subida en Vigo fue del 1,8%, hasta los 531,1 euros. El ascenso en A Coruña superó el 8% (546,1 euros), colocándose a la cabeza del ranking de los precios del arrendamiento. En Pontevedra se situó en 506,7 euros, un 3,5% más que en enero de 2021; y en 465,6 euros en Santiago, donde subió un 5,2%. Los precios descendieron un 2,1% en Ourense (414,6 euros) y un 4,5% en Lugo (370,8) y repuntaron levemente (1%) en Ferrol (366,1 euros), como recoge el balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).
Desde 2016, los arrendamientos acumulan un alza en la comunidad del 24%. No se frenaron ni en pandemia. De ahí que en 2020, los hogares que tienen que dedicar más de un 40% de sus ingresos al pago se disparase un 40%: casi 25.000, según el último informe del gasto doméstico del IGE.
