Carlos San Juan pone a la sociedad frente al espejo, sin que salga muy bien parada otra vez por el trato que reciben los mayores. Como si todo lo sucedido con ellos en la pandemia no dejase ni una sola lección aprendida. Este valenciano de 78 años, médico jubilado, reclama su derecho a ser “lo más independiente posible”, eso que tantas veces se le pide al colectivo bajo la consigna del envejecimiento activo. “Soy mayor, pero no idiota”, proclama desde la carta dirigida a Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y al mismísimo Banco de España exigiendo “atención humana en sucursales bancarias” en change.org. Su reclamación supera ya las 300.000 firmas y va camino de convertirse en una de las iniciativas más apoyadas en la plataforma. El problema de la exclusión financiera lleva años latente, desde que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria provocó una recesión global en 2008 y el frenético, y en muchos casos fallidos, baile de fusiones entre entidades enmendó la desaforada expansión en los años previos de financiación al ladrillo y crédito barato. Hoy Galicia tiene la misma red bancaria que en 1974. Quedaban 1.096 oficinas en septiembre de 2021, según los últimos datos del supervisor, tras el cierre de unas 1.440 en los últimos 13 años. Y no parece que la tijera vuelva al cajón para desesperación de personas como Carlos San Juan y todas las víctimas de la brecha digital.
“La banca básicamente hace números y con el modelo digital puede, precisamente, reducir la capacidad instalada. Desde luego el sector no está pensando en la inclusión financiera porque, si así fuera, tendría más en cuenta el servicio que prestan a los mayores”, apunta Luis Otero, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y director del grupo de Valoración Financiera Aplicada de la Universidade de Santiago (USC).
Después de años argumentando el goteo de cierre de sucursales por la limpieza de los excesos del pasado, la redundancia en la atención al cliente en las integraciones de entidades competidoras como el caso de Caixanova y Caixa Galicia y la asfixia de los márgenes por el histórico periodo de tipos de interés en mínimos, el sistema financiero apela ahora al acelerón de las nuevas tecnologías a causa de la pandemia. Abanca, líder Galicia con cerca del 40% de las oficinas, asegura que siete de cada diez clientes son digitales ya. En general, todo el sector alcanza cuotas que esperaban para dentro de tres o cuatro años.
Sí, hay un incremento muy destacable de los usuarios de banca electrónica en Galicia con el COVID-19 como telón de fondo. En 2019, el 54% de los gallegos de 16 a 74 años eran usuarios. El porcentaje subió al 58% durante 2020 y escaló al 67,6% el pasado ejercicio, según la reciente Encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Casi un tercio de la población en la comunidad en esa horquilla de edades (641.000 personas) no tiran de internet para interaccionar con su entidad.
Al igual que otros servicios y actividades vinculados a internet, la penetración de la banca electrónica se desploma entre los gallegos de más de edad. Únicamente el 7,6% de los mayores de 75 años, unos 27.300, recurren a este modelo. “Es verdad que hay un porcentaje elevado de gente mayor que rápidamente se adapta al mundo digital, pero eso está muy relacionado con otras cuestiones como el nivel educativo, su formación o incluso su entorno –afirma Otero–. No se le puede pedir lo mismo a alguien del rural que nunca manejó nada digital que a personas de núcleos urbanos grandes porque incluso ha podido trabajar con ordenadores”. Tener un móvil no significa necesariamente abrir la puerta a la banca electrónica. “Lo veo en gente que conozco. Solo quieren usarlo para llamadas”, señala el catedrático.
De hecho, los datos más bajos del uso de internet en Galicia –hasta 15 puntos que la media regional, del 78%– están en las comarcas del interior, especialmente en las provincias de Ourense y Lugo, donde los mayores de 75 años rondan el 30% del censo. Justo donde se concentra buena parte de los 45 concellos que a finales de 2020 –a estas alturas con toda seguridad son más– carecían de una oficina bancaria, “obligando a mucha gente a recorrer decenas de kilómetros para disponer de un mínimo de efectivo”. “Se está perdiendo eso, la ayuda con la declaración de la Renta y un montón de trámites más como los impuestos –alerta Otero–. Creo que tendrían que declararse algunas zonas de especial protección y que hubiese una subvención mayor para cofinanciar una oficina porque son servicios de apoyo al ciudadano”.
Los cajeros subvencionados por la Xunta funcionarán en el primer trimestre
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó a principios del pasado mes de diciembre la resolución para la adjudicación definitiva a Abanca de las subvenciones para la prestación de servicios financieros básicos en los concellos sin oficina que soliciten el servicio. Fue la ganadora inicial del procedimiento de concurrencia competitiva abierto por la Consellería de Facenda para cubrir el hueco en la atención a los vecinos que dejan los cierres del sector, incluidos los de la principal entidad del mercado autonómico, y será la que acometa el proyecto, que cuenta con una inversión de hasta 2,883 millones de euros en total entre las anualidades que van de este mismo 2021 a 2025. El servicio prevé una asignación máxima de 7.100 euros anuales por cajero para “la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento”.
De los 45 municipios que al cierre de 2020 carecían de una oficina bancaria, según los datos del Banco de España que posiblemente sean ya más altos a estas alturas tras las clausuras llevadas a cabo durante el pasado ejercicio, 39 se adhirieron al protocolo firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para “adoptar medidas para universalizar el acceso a los servicios financieros”. Son 12 de la provincia de A Coruña, 4 de la de Lugo y 23 de la de Ourense.
Los gobiernos locales tienen que ceder un espacio para la colocación de los cajeros y la realización de los trabajos previstos en el convenio con Abanca, como “la prestación de un servicio de asistencia financiera de forma semejante a una oficina bancaria convencional”, incluidos la retirada de efectivo, la actualización de libretas y el pago de recibos sin necesidad de tener que desplazarse a otra localidad; y “la oferta de formación financiera y banca electrónica para adquirir nociones básicas y aprender a utilizar los servicios bancarios a través de las nuevas tecnologías”.
“En el primer trimestre del año se iniciará el despliegue de estas actuaciones”, confirman fuentes del departamento que dirige Miguel Corgos. La iniciativa levantó polémica con la oposición, que criticó a la Xunta por pagar a Abanca por servicios que debería asumir sin contraprestación.