El anteproyecto de ley de vivienda y sus medidas para frenar la escalada de precios del alquiler no irán hoy al Consejo de Ministros como estaba previsto. De los 21 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 15 votaron en contra de la ponencia que avala la futura norma en su pleno del pasado viernes bajo el argumento de una supuesta invasión de funciones autonómicas por parte del Gobierno central. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo niega. La limitación de previos depende de las comunidades porque son ellas las que tienen que declarar o no si una zona está tensionada y los ayuntamientos tienen la última palabra sobre los recargos en el IBI para los inmuebles vacíos. “No supone ningún conflicto en ningún caso”, insistió ayer Raquel Sánchez, que defendió de nuevo la “transcendentalidad” de la ley, a la espera ahora de la decisión que tome el CGPJ en su siguiente cita, el 27 de enero. Mientras, los arrendamientos espantan cualquier indicio de crisis por culpa de la pandemia en Galicia. Los contratos en 2021 volvieron a los niveles precoronavirus ya y el coste bate un nuevo récord.
¿Cuánto cuesta alquiler un piso en la comunidad? De media, a lo largo del pasado ejercicio el importe se acercó a los 451 euros al mes, según el balance que acaba de publicar el Observatorio da Vivenda de Galicia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). A diferencia de los portales inmobiliarios y otras entidades privadas, la administración regional dispone de la información real del mercado con las fianzas que, obligatoriamente, los propietarios tienen que depositar cada vez que formalizan un nuevo contrato. El incremento anual fue del 2,7%. Y van seis ejercicios consecutivos de subidas. En comparación con 2015, cuando el importe se situó en 363 euros, los alquileres acumulan un encarecimiento en la región superior al 24%. Los datos de la Agencia Tributaria con el IRPF y la información de los convenios colectivos reflejan que los salarios en Galicia crecieron en Galicia la mitad, alrededor de un 12%.
Como en el resto de sectores, al inicio de la crisis del COVID-19 se encendieron todas las alarmas por un posible shock del mercado inmobiliario cuando empezaba a coger velocidad de crucero después del largo peregrinaje a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. La búsqueda de viviendas más confortables tras el confinamiento y el ahorro acumulado por los meses de restricciones impulsaron una fuerte recuperación de la construcción y las compraventas. Parte de las operaciones vienen de pequeños inversores que buscan en los inmuebles destinados al arrendamiento una alternativa muy rentable a los depósitos bancarios.
El IGVS recibió 32.631 fianzas de contratos de 2021, un 7% más que en 2020 (30.478) y prácticamente la misma cantidad que en 2019 (32.648). La opción de alquilar por menos de 300 euros al mes se desinfla. Representaron solo el 16,7% del total. Los de 300 a 400 euros supusieron el 31,4%; un 26,3% van de los 400 a los 500 euros; y un 13,4% llegan a los 600 euros. Los arrendamientos más altos no paran de aumentar. El año pasado se firmaron 1.848 contratos por encima de los 700 euros, lo que supone un incremento del 361% respecto a 2015.
El importe medio en los siete concellos más poblados –donde se concentran seis de cada diez contratos de alquiler– roza los 500 euros. Vigo sigue liderando el coste (536,8 euros) después de un ascenso anual del 3,2%, seguido de A Coruña (532,6 euros), donde los precios aumentaron un 0,4%.
El encarecimiento sin tregua obliga a los inquilinos a reservar a la mensualidad una porción cada vez mayor de sus ingresos. En casi 24.200 hogares el arrendamiento se llevó en 2020 al menos un 40% del presupuesto anual. Un grupo de población que en solo un año, coincidiendo con la crisis del COVID-19, se disparó un 50%, según la Encuesta Estructural a Hogares del Instituto Galego de Estatística (IGE).
El Gobierno aprueba hoy las ayudas del plan de vivienda y el bono de 250 euros para jóvenes
El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros, el bono joven de ayuda al alquiler, consignado en los presupuestos con 200 millones de euros y el anteproyecto de ley de arquitectura.
Para la ejecución del plan de vivienda, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) suscribirá convenios con las comunidades y condicionará la financiación estatal a que estas cofinancien las medidas en determinados porcentajes. Recoge subvenciones de hasta el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables. Aunque mantiene la limitación de 600 euros de renta, ampliable a 900, del plan anterior (2018-2021), sube las subvenciones del 40% al 50% para familias que ingresen tres veces o menos el Iprem (579,02 euros al mes).
También prevé ayudas para que los jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el Iprem alquilen o compren casas en pueblos de menos de 10.000 habitantes y medidas para aumentar el parque público de alquiler con viviendas cedidas por la Sareb y otras entidades, empresas y particulares. Establece además subvenciones para los promotores que fomenten los alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.
El bono joven de alquiler recoge una ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros), para facilitar su emancipación.
