Con la economía aún sin pisar a fondo el acelerador, Galicia acabó el reciente 2021 con la mayor cifra de afiliaciones a la Seguridad Social de los últimos trece años. A 31 de diciembre había casi 1,022 millones de altas, unas 32.000 más que el mismo día del ejercicio anterior y 14.100 por encima del cierre de 2019. Probablemente nadie hubiese puesto la mano en el fuego por una recuperación laboral tan meteórica cuando el 14 de marzo de 2020 entró en vigor el primer estado de alarma.
A las dos semanas de confinamiento inicial le siguió otro par de hibernación de la actividad. Solo se permitió lo estrictamente esencial para intentar frenar aquella ola mortífera. La comunidad perdió en ese periodo 42.600 ocupaciones y otras 197.000 quedaron a salvo gracias a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), convertidos ya con la nueva reforma laboral en un instrumento de apoyo estructural y una de las prioridades también de la Inspección de Trabajo para verificar “la correcta aplicación de los beneficios en la cotización y disfrute de prestaciones y ayudas vinculados a los mismos”. La detección de posibles fraudes en el uso de los ERTE protagonizó las actuaciones del organismo durante el año inicial de la pandemia, que en Galicia se saldó con más de 47 millones de euros para la Seguridad Social entre multas y expedientes liquidatorios por todo tipo de fraudes.
Limitaciones por la pandemia
Prácticamente todos los indicadores bajan en comparación con 2019, fruto de la particular situación vivida por la aparición del COVID-19 y las limitaciones a los propios inspectores para acudir a centros de trabajo. Se dieron 33.800 órdenes de servicio, alrededor de 2.000 menos que el año precedente. Las infracciones disminuyeron un 17%, hasta las 3.599; y en la misma línea bajaron las multas, con 12,3 millones de euros, según el balance que acaba de publicar la Inspección de Trabajo.
El importe de los expedientes liquidatorios descendió un 28%. Fueron 35 millones de euros. La recaudación inducida por las irregularidades afloradas alcanzó los 10,4 millones de euros. Otros 8,4 millones vinieron de las actas de liquidación; prácticamente 14 millones se debieron a la derivación de responsabilidad por las deudas reclamadas a terceros solidarios; y unos 2,1 millones llegaron de la devolución de prestaciones.
Los expedientes liquidatorios superaron los 731 millones de euros y se dieron de baja 3.366 prestaciones en todo el Estado. Los cobros irregulares por desempleo, incapacidad temporal, invalidez o jubilación en Galicia fueron 214. Además, los inspectores obligaron a inscribir en la Seguridad Social a 2.088 personas en la región que estaban sin alta laboral.
Más de 4.400 falsos temporales convertidos en indefinidos
El incremento del pasado año en la contratación indefinida no se entendería del todo sin la labor que está haciendo la Inspección de Trabajo para rastrear las ocupaciones que oficialmente son temporales, aunque en verdad desempeñan tareas con carácter fijo. El envío masivo de cartas a empresas donde existen evidencias de fraude en la contratación favoreció en 2021. A falta de los datos de diciembre, las conversiones se dispararon un 40% con los picos en los meses en los que, precisamente, se entregaron las misivas. A pesar de las dificultades por el coronavirus, la Inspección de Trabajo instó a hacer indefinidos a 4.417 trabajadores en Galicia en 2020 (2.395 hombres y 2.022 mujeres). En 2019 fueron casi 9.700 y por encima de 11.500 en 2018, el máximo histórico hasta ahora. Los datos de conversiones de temporales en fijos del conjunto del país alcanzaron los 83.800 en 2020, incluyendo la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo y los resultados del Plan de Choque ligado a la hoja de ruta del organismo para dignificar el empleo. En otros 600 casos en Galicia, los inspectores comprobaron que los trabajadores tenían una jornada laboral mucho mayor de lo que se recogían en sus contratos de supuesta jornada reducida.