El sector público actúa, durante los periodos de atonía de la demanda privada, como agente dinamizador de la actividad económica. Eso sí, a comienzos de 2020 no había un escenario recesivo, ni restricción de crédito o excesivo apalancamiento financiero, y fue un vendaval sanitario global el que lo paralizó todo de un día para otro. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha sido tan disruptiva y diferente que, en esta ocasión, no importó el desfase presupuestario estructural de España (déficit); Bruselas dejó de ser frugal y los gobiernos tuvieron plena disponibilidad de gasto para ejecutar lo necesario a nivel sanitario, educativo o logístico. Y, amén de las masivas políticas sociales y de apoyo a empresas o autónomos, se ha notado en el empleo. Mucho. De las más de 25.000 afiliaciones que Galicia sumó entre diciembre de 2019 y el pasado diciembre, buena parte obedecieron a las contrataciones de las administraciones estatal, autonómica y local. Cuatro de cada diez empleos creados en la comunidad durante lo que llevamos de pandemia fueron para el sector público.
Fueron las incorporaciones acometidas por la autonómica –tiene transferidas las competencias en materia sanitaria o educativa– las que marcaron la diferencia. De acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el sector público dependiente de la Xunta pasó de 90.200 a más de 97.500 efectivos, anotando un alza de siete puntos porcentuales. En suma, la cifra de afiliaciones públicas medró en cerca de ocho puntos, muy por encima (2,6%) de lo que crecieron las cotizaciones en todo el sistema en el mismo periodo. También hicieron un copioso esfuerzo los concellos, con más de 3.000 contrataciones, hasta alcanzar los 40.000 trabajadores. La administración menos efusiva fue la estatal –la que cuenta con un menor número de empleados públicos en Galicia–; mantuvo casi los mismos efectivos que los que tenía a cierre de 2019. De cualquier forma, la ingente demanda de profesionales para hospitales, residencias o colegios actuó de complemento necesario para la mejora del mercado laboral –con cifras prepandemia–, pero no fue el único factor.
Estructura laboral
Se produjo un tirón muy fuerte de la actividad en sectores como la alimentación o el transporte –fueron esenciales, no pararon en ningún momento durante el COVID–, y también en el metal, la construcción o de servicios técnicos para arquitectura o energía. La estructura laboral de Galicia cambió sustancialmente, con mayor peso de los puestos menos precarios, lo que ha provocado una subida de 100 euros en la base media de cotización desde que empezó la crisis por el COVID-19. La remuneración bruta (incluidas las pagas prorrateadas, horas extra y vacaciones no disfrutadas) de los trabajadores de la comunidad superó por primera vez los 1.800 euros de media, un 1,5% más que a lo largo de 2020 (1.778 euros) y un 5,6% por encima de 2019 (1.708 euros). Solo no llegó a ese umbral en el mes de junio (1.776,8 euros), cuando es habitual que el importe baje por los contratos temporales de verano.
Esta, el de las remuneraciones, es una foto fija que también ha reflejado la Agencia Tributaria. En su estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias –se elabora en base a la declaración que aportan los empleadores– constan unos ingresos medios en Galicia de 19.900 euros durante el año 2020 (último ejercicio analizado), prácticamente iguales a los del ejercicio previo al COVID (19.879). El despliegue de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sostuvo en buena medida las cifras de afiliación, si bien la diferencia de ingresos entre los que pasaron por un proceso de este tipo y los que no es clara. En Galicia, el salario medio anual de los trabajadores que eludieron un ERTE superó los 21.200 euros de promedio, por los 14.340 de los que tuvieron el contrato suspendido en algún momento. Cerca de 200.000 gallegos fueron sometidos, solo en 2020, a un procedimiento laboral de este tipo.
