La posibilidad de una aprobación tranquila de la reforma laboral en el Congreso se aleja ante la insistencia cada vez mayor de los socios parlamentarios del Ejecutivo de modificar aspectos de la legislación laboral de la era Rajoy que han quedado sin abordarse en el pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios: asuntos como la indemnización por despido, la autorización administrativa de los eres o la recuperación de los salarios para los trabajadores despedidos injustamente entre el momento de la extinción y la sentencia judicial, que son el objetivo declarado por fuerzas como ERC, EH Bildu o Más País. Como avanzó El Periódico de España, estos grupos trabajan en un frente común para dar más potencia parlamentaria a estas exigencias, y ante esa perspectiva Gobierno y agentes sociales se preparan para negociar.
Son precisamente las materias de izquierdas, las que tienen que ver de una forma u otra con el despido, las que más preocupan en el Ejecutivo y en los agentes sociales, según fuentes de la negociación, porque son las que tienen más potencial de ahuyentar a CEOE: la patronal ya ha advertido varias veces de que si se toca lo pactado, se desvincularán del acuerdo y afrontarán con desconfianza futuras negociaciones. Estas fuentes apuntan a que el principal problema es que “CEOE llega con muy poco margen a la negociación parlamentaria, después de un acuerdo que no consiguió el apoyo de algunas de las principales patronales sectoriales y territoriales”, como la del campo, la del motor, la madrileña o la catalana.
La otra exigencia de los grupos, un mayor papel para los convenios autonómicos, se da por seguro que se incorporará al texto; pese a que la patronal argumenta que este paso dañaría la “unidad de mercado”, la presión de los grupos de la derecha nacionalista, como el PNV, y el hecho de que las organizaciones que integran CEOE ya firman centenares de convenios provinciales y autonómicos juega a favor de un cambio en esta materia, sobre todo si se redacta “de una forma light, apostando por acuerdos interconfederales o con otras fórmulas que no sean plantear directamente que el convenio autonómico prime sobre el estatal”, apunta un dirigente sindical.
Contraoferta a CEOE
La clave es, pues, cómo introducir cambios que puedan avalar tanto la izquierda parlamentaria como la patronal; una tarea nada fácil. Los consultados apuestan por profundizar en las restricciones a la subcontratación, que ya se tocó en la reforma recién aprobada, y en materias que se cayeron en la última fase de las negociaciones para lograr que la patronal entrase en el acuerdo, como el poder empresarial para cambiar unilateralmente las condiciones de trabajo de sus empleados. La ventaja de estas materias sobre la del despido es que estuvieron a debate en la última ronda negociadora, con lo que su reapertura será menos gravosa para CEOE que entrar en las extinciones contractuales, un asunto que -por controvertido- nunca se analizó en la mesa de negociación.
A cambio de las modificaciones para complacer a los socios parlamentarios, los negociadores contemplan también algún cambio a favor de la patronal. Uno de los retoques a los que aspira CEOE, según fuentes empresariales, es una mayor flexibilidad en materia de temporalidad para los contratos del sector agrario, algo que -de nuevo- ya se planteó en la mesa de diálogo aunque finalmente no se adoptó.
La sombra de Europa
Las modificaciones que se hagan al texto pactado con patronal y sindicatos han de tener en cuenta además a Bruselas, un factor que pesará en la negociación con los grupos. Y es que no se puede olvidar que la Comisión Europea ha advertido en reiteradas ocasiones, en privado y en público, de que un retroceso en alguna de las reformas ya visadas por la UE puede suponer la paralización de la entrega de los fondos europeos.
Lo dice así de claro el Operational Agreement, el acuerdo firmado el pasado mes de noviembre entre Gobierno y Comisión Europea, en el que se detallan las medidas comprometidas por España y el calendario de su realización: “el cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos presupone que las medidas relacionadas con los hitos y objetivos cumplidos satisfactoriamente con anterioridad no han sido revertidos por el Estado Miembro”. Así que si se introducen cambios a la reforma laboral (o a cualquier otra) que sean “de una naturaleza material como para afectar a la evaluación ya realizada”, el Gobierno deberá notificarlo a Bruselas y dar las explicaciones pertinentes.
El plan de los sindicatos: reformas ‘a cachitos’
Además del Gobierno, en las próximas semanas los agentes sociales también ejercerán su influencia sobre los grupos parlamentarios para lograr que, si introducen cambios, estos sean compatibles con el texto pactado antes de Nochebuena. Entre los argumentos que los sindicatos pondrán encima de la mesa de partidos como ERC o EH Bildu, según ha sabido este diario, está el de que buena parte de sus exigencias serán abordadas en los próximos meses: “ahora que hemos terminado el diálogo a tres, vamos a ir presionando al Gobierno para abordar todos esos otros asuntos pendientes: el coste del despido, la autorización administrativa de los eres…” confía un dirigente sindical. “No hace falta que sea con otra gran mesa de diálogo; lo que queremos es que todas esas cosas se vayan corrigiendo, aunque sea a cachitos, una por una”, explica.
