La patronal eólica carga contra la Xunta por “bloquear y crear gran inseguridad”
El sector avisa de las consecuencias “por legislar contra los objetivos” de la UE y de que Galicia “se queda al margen de la transición energética”
Con la aprobación definitiva de los presupuestos de 2022 va también adelante la ley de acompañamiento de la Xunta que cambia el escenario del futuro de la eólica en Galicia. Entra en vigor la polémica moratoria para nuevos proyectos. No se pueden presentar más en año y medio. Los únicos cambios que el Ejecutivo regional aceptó en sus medidas previstas para restringir el desarrollo del negocio de viento fueron las enmiendas de los propios populares que suavizaron la distancia de un kilómetro entre los nuevos parques en tramitación y los núcleos de población, aunque condicionado a una serie de criterios generales que, según el sector, “crean una enorme inseguridad jurídica”. La patronal de los promotores eólicos en Galicia (EGA) arremete, y muy duramente, contra el Gobierno gallego, al que acusa de “bloquear” la actividad. “Galicia se quedará al margen de la transición energética”, advierten.
Para el sector, el aplazamiento “van en contra de las políticas energéticas, tanto europeas como estatales”. “Resquebrajando así la unidad de acción –añade EGA– con la que las distintas administraciones deberían combatir el principal riesgo al que se enfrenta el planeta, que no es otro que el cambio climático”. Los promotores incluso avisan que la legislación gallega “en contra de los objetivos europeos” puede “tener consecuencias”.
La ley de acompañamiento matiza de forma tan general las distancias a mantener para los parques, incluso la propia moratoria –que no afectaría a proyectos estratégicos– que, según las empresas eólicas de Galicia, es “ambigua”, incluidos los criterios para las repotenciaciones y lo que la Xunta considerará “modificaciones de carácter sustancial”. “La moratoria de año y medio, que debería quedar reducida al mínimo posible, tendría que servir para reflexionar conjuntamente sobre cualquier disposición relevante que pueda repercutir en el sector”, exige EGA. Frente al mensaje de una posible aglomeración de proyectos (10.000 megavatios con acceso concedido o en proceso), EGA, que ya dejó claro que no todos se iban a poder llevar adelante, cuestiona “cómo se puede decir que tenemos muchos proyectos en tramitación, si desconocemos cuál es el objetivo que queremos conseguir”.
Sin adaptación por parte de “la gran mayoría de concellos” a la legislación urbanística vigente, EGA cree que “muchos núcleos de población” quedarán “desprotegidos” por el nuevo criterio de distancias. “Esto generará contestación social, pues se está enviando un mensaje de que se aumentará la separación de los aerogeneradores, algo que no se producirá. Todo redunda en mayor inseguridad jurídica y crispación. ¿Es esto lo que queremos’”, preguntan los promotores, convencidos de que “se está generando un debate artificial por parte de los que solo quieren que no se construyan parques en Galicia”.
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