Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) comunicó el pasado viernes la adjudicación, a Hijos de J. Barreras, de un ferri de 150 metros por algo más de 74 millones de euros. El punto d.4 del pliego de contratación, al que ha tenido acceso FARO, establece que la adjudicataria del contrato debe tener una completa estructura directiva, así como una plantilla de “al menos” 100 trabajadores propios. El astillero vigués cumple, legalmente, este precepto. Es cierto que cuenta con más de un centenar de empleados, pero también que la inmensa mayoría están temporalmente suspendidos (hasta julio de 2022, con un ERTE), que no hay dirección general y que la compañía, desde el cese del consejo de administración –con el presidente ejecutivo, Douglas Prothero, al frente– está bajo la gestión de una consultora especializada en procesos de reestructuración.
Al igual que este punto, la situación actual de Barreras coquetea con varios artículos del decreto legislativo italiano 50/2016, que determina bajo qué circunstancias no podría optar a este ferri. Porque Rete Ferroviaria Italiana (RFI) es una empresa pública, y por lo tanto está bajo el paraguas del Codice dei contratti pubblici (código de contratación pública). Por ejemplo, es causa de exclusión (art. 80.5B) el hecho de que “el operador económico se encuentre en estado de liquidación, en concurso de acreedores” o con “un procedimiento en su contra para la declaración de alguna de estas situaciones”. ¿Es así en el caso de la empresa viguesa? En parte. Barreras busca comprador, tanto para toda la compañía –con el traspaso del capital social, las acciones– como para su unidad productiva. El mecanismo por el que se decantan los postores es un prepack concursal, que necesariamente requiere de la intervención judicial; formalmente es como una suspensión de pagos, en la que se escinden los activos de valor y se liquida la matriz, cargada de contingencias por los pedidos de Havila y Armas. Cuando el trámite concursal se inicie, ¿seguirá vigente el contrato, teniendo en cuenta que, a día de hoy, Barreras no está en esa fase? Las fuentes jurídicas consultadas creen que, como sucedió con Factorías Vulcano, habrá colisión entre la legislación mercantil y la administrativa.
“Incumplimiento”
El artículo 80.5C del mismo Codice determina lo siguiente: “El operador económico ha demostrado deficiencias significativas o persistentes en la ejecución de un contrato [...] que han provocado su terminación por incumplimiento”. ¿Es el caso de Barreras? De momento, no. Pero el próximo mes de julio se celebrará en Londres la vista por el litigio entre Barreras y la propia Havila, que encargó en Vigo dos cruceros que quedaron a medio hacer. La naviera noruega reclama la devolución de casi 37 millones de euros al astillero por incumplimiento de contrato, así como otros 20 millones por los dos buques que no recibió. Barreras, por su parte, reclama una indemnización de cerca de 13 millones. El astillero tiene 365 días, si pone en vigor el contrato de este ferri –cuando RFI pague el primer hito– para elaborar el proyecto, y hasta 1.025 días para rematarlo.
Pero hay más. En el artículo 80.5.C de la norma italiana fija la incompatibilidad, para un proceso de contratación pública, de aquellas empresas que hayan “cometido una infracción grave contra uno o más subcontratistas, reconocida o comprobada mediante sentencia firme”. Hijos de J. Barreras ha recibido múltiples demandas por parte de auxiliares y proveedoras, tanto del proyecto Havila como del ferri de Armas. No ha trascendido si, de momento, alguno de los pronunciamientos del juzgado de lo Mercantil es firme. Todas las demandas formuladas contra la compañía, en las que se instaba a un concurso necesario por impago de facturas, quedaron bloqueadas por la normativa COVID.
En todo caso, y como apuntan fuentes conocedoras del sector, Barreras deberá concretar las características del pedido con la compañía estatal transalpina, lograr financiación y que una aseguradora acceda a facilitarle las garantías de reembolso. Gracias al aval de la entidad semipública Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) y al visto bueno del Gobierno, el astillero quedó liberado de los más de 40 millones de deuda financiera por los ingresos del tax lease del crucero Evrima, no sin haber horadado antes la confianza del pool bancario. El pleito con Havila y la no ejecución del contrato de Armas le han puesto de frente, además, a las aseguradoras BarentsRe y Abarca.
El anuncio de la adjudicación, que causó estupor y sorpresa en todo el sector, solo ha añadido más incertidumbre a un proceso opaco, en el que la propiedad de Barreras decidió adelantar casi un mes el plazo de presentación de ofertas vinculantes, sin motivo aparente. Astilleros Armón y Gondán son las principales opciones de futuro para los terrenos de la atarazana, la de mayor capacidad de España dentro del sector naval privado. Aunque, eso sí, ambos postores entregaron sus ofertas vinculantes una semana antes de conocer que Hijos de J. Barreras les iba a obsequiar con un pedido que no habían negociado.
