La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinó, el 6 de octubre de 2020, que el colapso de Pescanova SA (conocida como vieja Pescanova) fue la consecuencia de una compleja trama financiera, liderada por el expresidente del grupo Manuel Fernández de Sousa, con la que engañó a más de un centenar de bancos de todo el mundo y a miles de inversores tras el fracaso de su proceso expansivo.
Que el concurso de acreedores, el más cuantioso de la historia empesarial española para una empresa no inmobiliaria (3.650 millones de euros), no fue fruto de una confabulación en su contra de las entidades de crédito o de sus exsocios. Que manipuló las cuentas e inventó miles de facturas, con la connivencia de la auditora BDO, para ocultar que Pescanova llevaba años quebrada.
“Ideó una serie de mecanismos que tenían por objeto aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a Pescanova seguir obteniendo financiación y ostentar [...] una situación económica y financiera positiva muy distinta”
Hoy, más de un año después del fallo, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía sobre los recursos de casación formulados por la mayoría de las partes personadas. No habrá sentencia firme hasta, como pronto, la próxima primavera.
Fernández de Sousa ingresará en la cárcel por hundir Pescanova: "Causó enormes perjuicios"
Es la previsión, a preguntas de FARO, con la que trabajan distintos responsables jurídicos involucrados en el caso, lejos de la estimación inicial, que esperaba el pronunciamiento para finales de este 2021. De este modo, cuando el Supremo determine si ha lugar o no a la modificación de la sentencia, habrá pasado una década desde el verdadero año del caos en la multinacional. Sousa no logró sacar a Bolsa la filial salmonera de Chile – tampoco fue capaz de venderla, pese a negociar con Coke Aquaculture y Marine Harvest– y la macroplanta de rodaballo en Mira solo producía desastres.
Y fue en 2012 cuando el equipo de Sousa logró colocar una ampliación de capital de 125 millones de euros, basada en información financiera falsa, que acabaría sepultando la inversión de un fondo luxemurgués. Una compañía que, a la postre, sería su madera de verdugo: Luxempart.
Fue ésta, bajo la dirección letrada de Joaquín Burkhalter, la que nutrió no solo la primera demanda contra la antigua cúpula, sino que la que amplificó las acusaciones contra BDO. Nunca, hasta esta sentencia, se había condenado a prisión a un auditor (Santiago Sañé) en España: tres años y seis meses de privación de libertad por haber contribuido, “de forma decisiva, a que la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía, que era, precisamente, su principal responsabilidad”.
El fraude de Pescanova, una historia todavía más larga
Recursos
Fernández de Sousa ha reclamado la anulación del fallo judicial. “No hubo perjuicio para los bancos, que se lucraron durante años con los costes financieros de estas operaciones. No hubo falsedad contable”, dice su recurso de casación, que sí admite una elaboración “incorrecta” de las cuentas. El expresidente de la multinacional trata así de evitar una condena de ocho años de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, estafa agravada, falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera y alzamiento de bienes. En concepto de responsabilidad civil, y de forma solidaria, se le impuso una sanción de 165 millones de euros.
En total, la sentencia fijó penas de cárcel para doce personas físicas, por 33 años y medio, casi el mismo periodo que reclamaba Fiscalía para el propio Sousa. Todas ellas –Alfonso Paz-Andrade falleció de forma inesperada el pasado mes de junio– han formulado sus propios recursos de casación. La auditora BDO, que contaba con un seguro de Mapfre de más de 36,4 millones –frente a los exiguos patrimonios declarados por buena parte de los condenados–, recurrió el fallo con un ataque: Si no se cambia la ley de auditoría –dice–, habrá más casos Pescanova.
