El revuelo suscitado por el cártel de los coches no ha hecho más que empezar. Después de que el Tribunal Supremo ratificara, hace unas semanas, las multas millonarias impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015 a las principales marcas automovilísticas por crear un cártel de intercambio de información, se avecina una avalancha de demandas por parte de los consumidores. “Existe la posibilidad de colapso en los juzgados de lo mercantil”, vaticina Juan Ramón Camacho, socio de Balms Abogados y ratifican otros expertos. “Las demandas multitudinarias suponen una carga extra de trabajo en los juzgados”, coincide María del Rocío Arnoso, responsable del servicio jurídico de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal).
“Existe la posibilidad de colapso en los juzgados de lo mercantil”
Se cifran en hasta 400.000 afectados en la comunidad gallega y 10 millones de clientes en el conjunto del Estado, que compraron sus vehículos entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Fue en este periodo cuando se produjo el “intercambio de información confidencial y comercialmente sensible con gran nivel de detalle, que agrupaba la venta de vehículos nuevos y usados, prestación de servicios de taller, reparación mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales”, exponen José Alberto Cerdeira y Ramón Ozores, área de Derecho Concursal y Procesal de On, Tax & Legal. Tras un largo proceso los tribunales han dado la razón a los consumidores que podrán recuperar parte del dinero que invirtieron en la compra de su automóvil: entre un 10% y un 15%, estiman los expertos, el sobreprecio estimado que pagó el cliente en su momento.
Considerando que las marcas implicadas concentran más del 90% de cuota de mercado, la posibilidad de una avalancha de denuncias está ahí. Pues pueden reclamar tanto consumidores particulares y empresarios o empresas dueñas de grandes flotas, como las de renting o de VTC. En este marco, para satisfacer la oleada de denuncias, se están creando plataformas para interponer demandas conjuntas. Una de ellas es la liderada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que plantea una acción colectiva a nivel nacional. La estrategia se basaría en “plantear 28 demandas colectivas que se corresponderían con las 18 resoluciones sancionadoras que dictó la CNMC”, explica Myriam Vivar, abogada portavoz de la OCU. “Siete resoluciones son contra fabricantes y 21 contra concesionarios”. Ante lo cual cabe un matiz: el cártel de los coches y el de los concesionarios son dos expedientes distintos, recuerda Atilano Márquez, socio director del despacho Cremades & Calvo Sotelo en Galicia.
Con la demanda colectiva se persigue la economía procesal, es decir, gestionar en un procedimiento las relaciones de muchos afectados, matiza Vivar. De la misma manera, los gastos se reparten entre todos esos afectados, con lo cual lo que aporta cada consumidor es una cuantía inferior. Además, los clientes “no tendrán que mostrar documentación acreditativa de titularidad de su vehículo, ni informe para valorar los daños. Solo la documentación que acredite su identidad. No hace falta la factura de compra”, agrega Vivar.
Arguyen otras voces que la factura está siendo “un elemento clave para justificar el sobreprecio en otros precios, como en el caso del cártel de camiones”, sostiene Márquez. Porque, en todo caso, lo importante en el proceso será la prueba pericial: “la obligación de reparación del daño está bien fundamentada, falta la cuantificación”, expone el socio de Cremades&Calvo Soltelo, despacho que también auspicia una plataforma de afectados con una estrategia que centra la subdivisión por zonas geográficas y fabricantes.
En esa época se vendieron más de 20.000 modelos. Por lo que efectuar un informe pericial de tal volumen de coches no es tarea sencilla. La cuantía a la que ascienda la devolución rondará los 2.000 euros de media por vehículo, aunque oscilará en función del modelo o del año de la compra, entre otros factores, comenta Arnoso. La idea de la Unión de Consumidores de Galicia, para asegurarse la viabilidad y agilidad del proceso es agrupar las demandas colectivas en función de los rasgos “más idénticamente posibles”, es decir, “lo ideal sería por modelos”, sugiere Arnoso.
“Se utiliza la asociación, que sí tiene legitimación activa para reclamar”
Una fórmula, la de la demanda colectiva, con la que se pretende evitar que estos procesos, de forma individual, lleguen a colapsar el sistema judicial. Y es que, recuerda Camacho, se utiliza la asociación porque en España no existe la figura de acción colectiva class action propia de países anglosajones, en la que los consumidores unidos pueden accionar directamente la demanda. “Se trata de agrupar el máximo número de reclamaciones porque en España no existe como tal”, complementa Márquez. Así, “se utiliza el vehículo de la asociación que sí tiene legitimación activa para reclamar”, añade Camacho. Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen y Volvo son las marcas implicadas.
