Con más de 209.000 personas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) en Galicia, la contribución de este colectivo es indispensable para la economía, el mercado laboral y las cuentas públicas. En el conjunto de España está compuesto por más de 3,32 millones de personas, que aportan en cotizaciones –sin tener en cuenta a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social– más de 7.000 millones de euros al año al sistema. Se trata de una masa crítica ingente, pero también heterogénea. En el caso gallego, por ejemplo, el 75,7% de las personas físicas (no integradas en sociedades mercantiles o cooperativas) pagan cada mes la cuota mínima, fijada ahora en 289 euros al mes. Son amplia mayoría, pero es la menor proporción de toda España (85,7% de media).
Y uno de los motivos es la edad media del colectivo; conforme se acerca la fecha de jubilación, buena parte de los profesionales por cuenta propia aumenta los pagos mensuales para mejorar la pensión. Y, en Galicia, son muchos los que están a las puertas de dejar la vida laboral. Ocho de cada diez autónomos tienen más de 40 años; a un tercio le quedan solo diez años para retirarse, y con unas prestaciones en retroceso.
En el conjunto del país se ha producido una tendencia inversa a la gallega. En el primer caso, los profesionales autónomos de más de 40 años representan el 69% del total, pero la ratio se redujo en más de tres puntos en el último lustro, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Trabajo. En Galicia, por contra, esta proporción medró en más de cuatro puntos porcentuales, hasta alcanzar el 78,3%. La incorporación de la población activa más joven a este régimen es testimonial, como prueba el hecho de que solo uno de cada cien autónomos gallegos tiene menos de 25 años.
Las condiciones económicas no son las más atractivas para captar talento, teniendo en cuenta que estos profesionales declaran ingresos netos de 10.300 euros anuales, frente a los más de 21.600 que perciben de promedio los trabajadores asalariados (por cuenta ajena).
Una dicotomía que permanece, claro está, a la hora de la jubilación, y que ahondará la nueva reforma del sistema, exigida por Bruselas para el pago de uno de los tramos de los 70.000 millones de euros de los fondos COVID. Se trata de la ampliación a 35 años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la pensión, frente a los 25 actuales. Para el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social, de las universidades de Valencia y Extremadura, esta medida tendría a los trabajadores del RETA como principales perjudicados. “El régimen de autónomos saldría más perjudicado, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general, debido a que en el de autónomos no se integran las lagunas de cotización, es decir, los meses no cotizados computan con cero euros, penalizando fuertemente el valor de la base reguladora”, dicen los expertos.
¿Y de qué punto de partida salen los autónomos gallegos? Pues de uno bajo. La prestación de alta de los nuevos jubilados del RETA alcanzó, el pasado septiembre, los 829 euros mensuales, a años luz de los 1.462,66 euros que le fueron reconocidos a los trabajadores del régimen general. Si se aplican las previsiones del grupo de investigación sobre la actual paga, los más de 44.000 profesionales que se jubilarán en la próxima década tendrán una prestación mensual de unos escasos 750 euros. De media, eso sí, porque las mujeres autónomas gallegas percibieron una primera pensión en septiembre de 714 euros, un 23% más baja que la de los hombres.
