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Enmiendas en el Congreso

El PP quiere colar en la ley de interinos una compensación a los funcionarios ante el "acoso separatista" en Cataluña

La reforma de los interinos entra en la recta final, los partidos en el Congreso negocian enmiendas y esperan cerrarlas durante noviembre

El líder del PP, Pablo Casado. Alberto Ortega / EP

La reforma de los interinos entra en la recta final y los partidos con representación en el Congreso de los Diputados negocian sus enmiendas al real decreto aprobado ‘in extremis’ en verano. Centenares de miles de eventuales –mínimo 300.000, según los cálculos del Gobierno, y cerca de 800.000, según las plataformas de interinos- aguardan expectantes el desenlace del proceso, que los partidos esperan cerrarlas durante noviembre; según estiman fuentes presentes en las conversaciones. La tensión entre los servidores públicos se ha trasladado esta semana a las calles, con una huelga del sector público en Cataluña, con discreto seguimiento pero con capacidad para congregar a 20.000 personas en una manifestación. En ella reivindicaron una solución "justa" para los interinos en abuso desde hace décadas, apelando a los partidos y a sus propuestas.  

Hay más de 180 enmiendas formalmente registradas, con planteamientos plurales, pero que convergen en aumentar la indemnización para los eventuales que pierdan la plaza, reformular las oposiciones para premiar la experiencia o flexibilizar el tiempo que un interino puede estar en el mismo destino mientras se culmina el proceso selectivo. Entre las registradas destaca por singular una del Partido Popular. La formación liderada por Pablo Casado ha aprovechado el debate de la ley de estabilización del empleo público para reiterar una propuesta que ya le tumbó el Congreso en verano: conceder a los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) con plaza en Cataluña un “incentivo económico” para compensarles su exposición ante “el acoso separatista”.

Los populares recurren para su enmienda a una figura que existe en las Islas Baleares o en Ceuta y Melilla para aumentar ligeramente las remuneraciones de los empleados públicos que pidan plaza allí, con el fin de garantizar la cobertura de plazas, dadas las particularidades geográficas. El importe de estos pluses varía según el cuerpo y el destino, pero en Baleares para un docente puede significar entre 30 y 60 euros mensuales; según explican fuentes sindicales.

En el caso de Cataluña, el ‘handicap’ los populares lo ven en "el hostigamiento y acoso del entorno separatista y el incumplimiento del bilingüismo en la Enseñanza por parte de las autoridades educativas" que, a su parecer, puede sufrir un trabajador del SEPE o de la Tesorería General de la Seguridad Social que ejerza en Cataluña. “Es una muestra de la seriedad con la que se están tomando este proceso”, opina el responsable de función pública de CCOO de Cataluña, Manel Pulido.

Indemnizaciones de 33 a 45 días

Los partidos deberán votar a favor o en contra de las distintas propuestas y las del PP, dada la aritmética parlamentaria, tienen pocos visos de prosperar. Otros partidos, como Unidas Podemos, plantean aumentar el importe de las indemnizaciones para aquellos interinos que pierdan la plaza después de estar varios años en abuso. La norma prevé 20 días por año trabajado y los morados quieren subirla a 33 días, con tope de 24 mensualidades. Una interpretación más garantista, que aplica el mismo importe que la reforma laboral del PP impuso en el 2012 para los despidos improcedentes. Antes dichas indemnizaciones eran de 45 días, monto al que apela ERC, clave en las negociaciones con el PSOE (responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública). 

La pugna por qué administración acabará pagando las indemnizaciones, si el Estado, la responsable del interino o de manera compartida, es un elemento clave de las negociaciones. Pues el coste para el erario público puede acabar siendo millonario. Y, como mayor cobertura acaben aprobando los partidos darle a los trabajadores que no superen los procesos de estabilización, mayores recursos deberá desembolsar la Administración.

Esa tripleta PSOE-UP-ERC está negociando para subir el actual importe de las indemnizaciones, una de las claves del proceso. La otra es habilitar soluciones para facilitar el salto de interino a fijo para aquellos que lleven ya años desempeñando funciones en la Administración. El PSOE salvó el real decreto prometiendo que aquellos eventuales que llevaran 10 años en la misma plaza, de forma ininterrumpida, y sin que se hubieran convocado oposiciones sobre dicha plaza, pasarían automáticamente a fijos. Los morados y los republicanos abogan por bajarlo a entre 5 y 3 años; dependiendo de la casuística.

En este sentido, ERC pone encima de la mesa la propuesta más ambiciosa para garantizar la continuidad de los interinos y es limitando la participación en los concursos de méritos solo a aquellas personas con ya experiencia previa en dicha institución. Algo que puede entrar en contradicción con los criterios de publicidad y libre concurrencia que exige la Constitución para la asignación de toda plaza pública. Los partidos se encuentran ante la dicotomía de prometer mayores facilidades para que los interinos retengan la plaza y evitar caer en la ilegalidad de la fórmula. Hasta que precisó los votos de ERC, el Gobierno sostuvo que no era constitucional la vía del concurso de méritos y alertaba de una cascada de denuncias legales.

Mayor peso de la experiencia

Aumentar el peso de la experiencia en los procesos es uno de los consensos extendidos entre las enmiendas de los partidos. Con matices, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu o Junts abogan por sacar adelante los procesos masivos de estabilización por la vía de los concursos-oposición, con un peso mínimo de entre el 40 y 45% de la experiencia y sin que la fase de oposición sea eliminatoria. Ahí coincide también el PSOE, lo que hace bastante probable que los partidos lleguen a un acuerdo en este aspecto; que es una de las reivindicaciones de mínimos de las plataformas de interinos y fue uno de los puntos que estuvo encima de la mesa en la negociación entre el Gobierno y los sindicatos. 

Otro consenso extendido en las enmiendas es reformar el decreto para aclarar y detallar los plazos de ejecución de esos macroprocesos de estabilización. Según lo propuesto por casi todos los grupos, pretenden que Función Pública haya resuelto los procesos selectivos y asignado las plazas antes del 2025. Con el objetivo de reducir drásticamente los actuales niveles de temporalidad, superiores al 30%, y dejarlos cerca del 8% que se ha fijado el Gobierno con su reforma.

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