Casi la mitad de los trabajadores gallegos sufre riesgos graves para su salud mental

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está a punto de cumplir 26 años. Cuando entró en vigor, cada día había en España unos 1.640 accidentes con baja durante la jornada. En 2019 fueron 1.540. A simple vista parece que la situación cambió poco, pero hay claramente un antes y un después en la concienciación colectiva.

Los siniestros graves se desplomaron un 60% y el número de fallecidos pasó del millar en 1995 a 561 en el último ejercicio sin la actividad alterada por el coronavirus. El artículo 7 define qué es la prevención, el riesgo laboral, los daños vinculados a un puesto y las condiciones en las que se desarrolla la tarea. “Cualquier característica –señala– que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud”. A la misma altura del posible impacto de las instalaciones, la maquinaria y los agentes físicos, químicos y biológicos peligrosos para el empleado, la normativa menciona expresamente las repercusiones de la “organización y ordenación” del trabajo.

“Todas las empresas saben ahora que cuando montan un andamio deben tener determinadas condiciones para cumplir la normativa de riesgos, pero, en cambio, no hemos interiorizado los riesgos psicosociales”, asegura Maica Bouza, responsable de Emprego en CC OO Galicia. “

No se profundiza en lo que no es físico a la hora de hacer los planes de prevención en las empresas –continúa–. Es el salto que nos falta por dar y, probablemente, la pandemia ha evidenciado y agrandado esta laguna que ya existía”.

La brecha entre el blindaje por ley de la salud mental de los trabajadores y la protección efectiva en su día a día contrasta con la enorme incidencia de los riesgos psicosociales en la comunidad. Casi la mitad de los ocupados gallegos, 478.300, estuvo expuesto a efectos adversos para su bienestar mental en 2020, según el informe de accidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Afecta más a las mujeres (46%) que a los hombres (43,3%). El principal riesgo son las presiones de tiempo y la sobrecarga laboral. Las sufren alrededor de 263.400 personas, uno de cada cuatro empleados, superando incluso la cantidad de trabajadores que padecen posturas dolorosas o agotadoras (198.100) en la región.

“El propio contrato de trabajo reconoce el eventual riesgo por la precarización”

Carlos Montes

— Colexio Psicoloxía de Galicia

“Desgraciadamente, no me sorprenden estas cifras”, asegura el psicólogo Carlos Montes. “Desde una perspectiva más conceptual, tenemos que entender el trabajo como una fuente de bienestar o malestar. O, dicho de otra manera, puede generar salud o enfermedad”, recuerda el presidente de la Sección de Psicoloxía do_Traballo del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, porque, además de ganarse la vida, el acceso al mercado laboral “nos provee de un sistema de organización, de estructuración del tiempo, del contacto y la relación con otras personas, pone a prueba nuestras habilidades y un largo etcétera”.

Todo eso tiene, en principio, “un impacto psicológico generalmente positivo”. “Pero dependerá de cuáles son las condiciones materiales en las que yo realizo ese trabajo para decir también si es saludable o no”, explica Montes. “Pensemos en la parcialidad o la temporalidad involuntaria, por ejemplo –añade–, en situaciones en las que se participa en un mercado de trabajo, pero no como desearía. El propio contrato de trabajo reconoce una eventual exposición a esos riesgos”.

La precariedad incentivó la recuperación del empleo en Galicia después de la gran recesión financiera. Las jornadas parciales se incrementaron un 22% entre 2010 y 2019 y más del 90% de los contratos son temporales. “Te presiona tener un contrato en precario porque no sabes si te van a renovar, el cumplir con tu trabajo para no poner en riesgo la continuidad”, remarca Maica Bouza.

Luego llegó el COVID-19 “con un proceso de ajuste de plantillas y las empresas exprimiendo al límite a los trabajadores, sin refuerzos con la excusa de que estamos en pandemia”. “Sobre todo en el cuidado de las personas, en sentido general, no solo en sanidad o las residencias –concreta la secretaria de Emprego de CC OO Galicia–. Lo vimos en el comercio de alimentación o la educación, con esfuerzos sobrehumanos”. “Un menor número de personas tiene que realizar las mismas actividades y eso significa una presión añadida”, coincide Carlos Montes, que destaca que todos los informes apuntan a que en pandemia se trabajó “más horas de las que debíamos”. “En algunos casos probablemente porque el trabajo podría ser un refugio, una distracción frente a la situación pandémica –añade–, y en otros simplemente porque ese cambio de contexto y de reglas de juego nos obliga a invertir mucho más tiempo para tareas que antes realizaríamos de otra manera”.

El mayor riesgo para la salud mental de otros 70.800 trabajadores gallegos es el trato con “clientes difíciles”, pacientes en el caso de las profesiones sanitarias o alumnos en los centros de enseñanza. Cerca de 64.000 apuntan a la inseguridad laboral;_28.800 priorizan la mala comunicación o cooperación en la empresa como el factor que más pesa en su bienestar;_y más de 9.000 identifican la falta de autonomía y su capacidad de influir sobre el ritmo y los procedimientos del trabajo.

La precarización de las relaciones laborales se está llevando por delante “la soberanía del tiempo”. “Desde hace muchos años ya se viene advirtiendo de los efectos devastadores del estrés para una de cada cuatro personas en Europa y no por picos concretos de trabajo”, subraya presidente de la Sección de Psicoloxía do_Traballo do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. La digitalización y automatización de la economía trasladada la sobrecarga física a lo cognitivo, hasta el punto de que se prevé que los problemas de salud mental sean la primera causa de baja laboral en 2030, por encima de los trastornos músculo esqueléticos.

En los casos más graves de exposición a riesgos psicosociales, el 1,2% de los ocupados en la región (12.600) habla de violencia o amenazas, según el IGE, y 7.700 de acoso e intimidación. ¿Cúantas empresas en la comunidad cuentan con protocolos para actuar en episodios tan graves como estos? Los últimos datos disponibles son de una encuesta elaborada por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) de 2017. Con una muestra de 560 compañías, menos del 40% disponía de información suficiente sobre los riesgos psicosociales existentes para su plantilla y sabía cómo incluirlos en los planes de prevención. Seis de cada diez tenían un procedimiento específico para afrontar episodios de acoso, pero solo el 49% había elaborado un plan de acción para prevenir el estrés laboral.

“Probablemente debemos desprendernos de esa cierta culpa que le echamos a la pandemia como responsable de todo. Muchas organizaciones ya no funcionaban antes en la gestión del capital humano y de planes preventivos”, dice Carlos Montes, que pide dejar a un lado “el peligro” de revictimizar a los trabajadores afectados. “Evidentemente hay que mitigar el impacto en la persona –asevera–, pero la verdadera intervención, la verdadera prevención tiene que ver con la actividad de la propia organización”. “Hay empresas que cumplen, incluso de forma excelente, y otras que no cumplen nada”, cuenta Maica Bouza. Para todas, la Inspección de Trabajo reforzó el pasado abril los criterios técnicos con los que comprueba si se cuida el bienestar mental de la plantilla. Son criterios más específicos para tener en cuenta los factores psicológicos en el examen de los riesgos laborales. Las multas pueden alcanzar los 41.000 euros.

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