El Gobierno de Pedro Sánchez intensifica el castigo a los planes de pensiones individuales, los más utilizados en Asturias. El pasado 1 de enero, el límite máximo de aportaciones anuales a estos planes privados se redujo drásticamente de 8.000 a 2.000 euros y de cara al próximo año, el proyecto de presupuestos generales incluye una nueva reducción a 1.500 euros. Por el contrario, el Gobierno mantuvo este año en 8.000 euros la aportación máxima a los planes de pensiones de empleo (que se promueven dentro de empresas y administraciones públicas) y para el próximo año prevé aumentar el límite a 8.500 euros.

El Ejecutivo pone trabas a los planes de pensiones individuales con el argumento de que las rentas más altas abusaban de su atractivo fiscal ya que las aportaciones a los planes pueden descontarse de la base imponible del IRPF (aunque después cuando se perciben las prestaciones estas tributan como rendimientos de trabajo). Con la drástica rebaja del límite máximo de este año, las aportaciones a planes de pensiones individuales se redujeron un 22% durante el primer semestre de 2021. Una caída que se puede acentuar con la rebaja a 1.500 euros planteada en el proyecto de presupuestos para 2022.

La asociación de las gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones (Inverco), la patronal de los seguros (Unespa) y la Confederación Española de Mutualidades (CEM) destacaron que en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales (en Galicia hay más de 400.000 cuentas) que se van a ver “perjudicados” por la medida del Gobierno y que afectará especialmente a autónomos y empleados de pymes, sectores en los que el ahorro colectivo apenas está presente.

“La reforma que propone el Gobierno va a tener efectos indeseados, como ya se está observando con la que fue aprobada el pasado año. Con los nuevos límites, la cuantía de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual va a ser claramente insuficiente. A razón de 1.500 euros por año, un trabajador podría acumular 60.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan a ese trabajador una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual que a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados”, explicaron las organizaciones que agrupan a las gestoras de fondos, seguros y mutualidades, que también advirtieron de que hay que tener presente la irregularidad de los ingresos del trabajo por las crisis económicas.

El Gobierno quiere fomentar el ahorro a través de los planes de pensiones de empleo, en el que por acuerdo las contribuciones las hace el empleador a favor de empleado. Sin embargo, este tipo de planes colectivos solo están implantados en grandes compañías y a ellos no tienen acceso trabajadores de pequeñas empresas y autónomos. Para solventar esas dificultades, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende poner en marcha un gran plan de pensiones de empleo de promoción pública.

Los parados que agoten el subsidio accederán al Ingreso Mínimo Vital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han llegado a un acuerdo para introducir una serie de mejoras en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre ellas, que las personas que pierdan sus ingresos de forma repentina como los parados que agoten el subsidio no tengan que esperar un año para acceder a la prestación y se tengan en cuenta sus ingresos de los últimos meses, de forma que no queden “en tierra de nadie”. “Ahora podremos tener en cuenta los ingresos de los últimos meses para solicitar el IMV, y la novedad más relevante es que se utilizará la cantidad de ingresos más beneficiosa para la persona, bien la del año anterior, bien la de los últimos meses, de manera que si a una persona le ha ocurrido una situación sobrevenida y una caída de ingresos, no tiene que esperar al siguiente año para solicitar el IMV. Esto tiene por objetivo que no haya gente que se quede en tierra de nadie”, explicó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Entre otras mejoras acordadas por ambos ministerios para el Ingreso Mínimo Vital, también han anunciado que la prestación aumentará en un 22% para las familias con algún miembro con una discapacidad igual o superior al 65% y que no se tendrán en cuenta como ingresos las prestaciones asociadas a la Dependencia, pues hasta las familias con una persona dependiente a cargo y en situación de pobreza veían “vulnerado el principio de equidad”. Los jóvenes extutelados ya no tendrán que acreditar ningún año de vida independiente para poder solicitar el IMV.