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Exclusión financiera

Las cajas rurales palían la salida de la gran banca de las zonas despobladas

Las cooperativas han reducido sus oficinas un 16% desde 2008, frente al 46% de los bancos y el 58% de las antiguas cajas

Oficina de Cajamar en Soneja, una población de unos 1.450 habitantes en el interior de Castellón. El Periódico

El recorte de oficinas en la banca ha sido generalizado y masivo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, pero no todos los subsegmentos del sector han aplicado un tijeretazo igual de severo. Los grandes bancos tradicionales y, sobre todo, los surgidos de las antiguas cajas de ahorro han echado la persiana a en torno a la mitad de sus sucursales. En cambio, las cooperativas de crédito (un colectivo formado básicamente por decenas de cajas rurales, además de algunas entidades profesionales como las de ingenieros y arquitectos) han sido mucho más moderadas, lo que ha impedido que el acusado incremento del número de municipios sin sucursal (23%) fuera aún más dramático.

Las cooperativas integradas en la patronal Unacc más Cajamar (el mayor grupo cooperativo, que abandonó la organización en 2014) pasaron de tener 5.141 sucursales hace 13 años a 4.286 al cierre de 2020, es decir, un 16% menos. Además, el 41% de los locales comerciales de las entidades de la asociación empresarial están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y el 79%, de menos de 25.000. En esos doce años, los bancos clásicos de la AEB recortaron su red comercial un 46%, de 15.639 a 8.367 oficinas, mientras que las antiguas cajas de la CECA la redujeron en un 58%, de 25.035 a 10.269. Y a ello se sumarán los fuertes ajustes adicionales anunciados en el último año por Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja. 

Las cajas fueron, precisamente, las que más excesos cometieron antes de la anterior crisis, de ahí su mayor recorte de oficinas y la desaparición de la mayor parte de ellas. Los bancos fueron algo más prudentes, pero también sufrieron una indigestión de ladrillos y además se quedaron con muchas cajas rescatadas, con lo que también han metido la tijera con contundencia. Las cooperativas, en cambio, fueron en general más cautas. La consecuencia es que en torno al 19% de las oficinas bancarias en España pertenecen ahora a cooperativas, cuando en 2008 eran el 11%. Además, las cajas rurales son actualmente líderes por sucursales en ocho provincias (cuando hace tan solo siete años no lo eran en ninguna), segundas en otras 17 regiones y terceras en 12 territorios, la mayoría en la España vaciada. 

Razones y medidas

El ajuste sin precedentes de la red de oficinas bancarias responde a factores coyunturales (los excesos de la burbuja, así como la baja rentabilidad que provoca al sector el entorno de bajos tipos de interés impulsado por los bancos centrales durante la última década para tratar de levantar la economía). Pero también estructurales (mayor uso de los canales a distancia por parte de los clientes, acentuado por la pandemia, y la irrupción de competidores puramente digitales con menores costes). 

Las patronales AEB y CECA argumentaban en julio que, pese a todo, España sigue siendo uno de los países "con mayores índices de bancarización del mundo". Los ciudadanos, esgrimieron, disponen de la segunda mayor red bancaria de la Unión Europea y solo el 3% de la población carece en su municipio de una sucursal, "frente al 12% que habita en un municipio sin centro de salud o el 8% que vive en un término municipal sin centro de enseñanza secundaria y bachillerato". La digitalización, añadieron, facilita recibir los servicios financieros a través del móvil e internet, lo que permite evitar que la ausencia de una oficina en un municipio "suponga, por sí misma, la exclusión financiera". 

Con todo, afirmaron ser "conscientes de la preocupación que existe en sectores sociales y territoriales, especialmente en la llamada 'España rural'". Por ello, se comprometieron con sus entidades asociadas a potenciar canales alternativos a las sucursales (agentes financieros, acuerdos con entidades no financieras como Correos, sistemas para sacar efectivo en tiendas, autobuses-oficina o cajeros) y a ampliar los planes de formación digital de los colectivos afectados. Asimismo, aseguraron que apoyarán la extensión de redes de datos de alta capacidad en zonas rurales, reforzarán sus servicios de atención telefónica y crearán un observatorio para la inclusión financiera. "Todo el apoyo de las administraciones públicas y, en especial, las de ámbito local, debería ser un elemento clave a la hora de diseñar potenciales soluciones y promover alternativas", reclamaron.

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