Iberdrola envió dos veces sus proyectos con los primeros parques eólicos offshore en Galicia al Ministerio para la Transición Ecológica. Entre la primera y la segunda versión, el equipo liderado por Teresa Ribera publicó el borrador de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), donde figura qué zonas son en principio aptas para colocar molinos y a qué distancia de la costa. Hay cinco en aguas de Galicia, repartidas frente al Val Miñor y entre la Mariña de Lugo y la comarca de Ortegal, el emplazamiento elegido por el líder español de las renovables para colocar los complejos de San Brandán y San Cibrao, de 490 megavatios (MW) cada uno y tecnología flotante. Tras conocer la información de los POEM, Iberdrola revisó la ubicación de ambos parques para distanciarlos un poco más de tierra y evitar el posible choque con las actividades pesqueras. Ahora le tocaría al ministerio detallar a la empresa el tipo de estudio de impacto medioambiental necesario para conseguir la autorización administrativa, pero todo quedó en el aire porque, ante el aluvión de peticiones para el desarrollo de la offshore en España, se va a hacer una reforma “estructural” de la tramitación. ¿Se celebrarán subastas en las áreas identificadas para eólica marina? A Iberdrola ya no le corre prisa la respuesta porque ha decidido paralizar su inversión en España a causa del decreto del Gobierno que recorta los ingresos a las eléctricas para frenar el impacto de los precios del mercado mayorista en el recibo de la luz de hogares y pymes.
Cualquier proyecto de Iberdrola que no aún no está en marcha pasará por un estudio de viabilidad para analizar si es rentable. El paquete de medidas del Ejecutivo contra la crisis de precios de la energía impide a las renovables cobrar por su producción lo mismo que reciben las centrales de ciclo combinado, con costes elevadísimos por la cotización disparada del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono. El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán ha adelantado su cambio de planes a algunos proveedores, como adelantó ayer El Economista y confirman fuentes del sector a FARO. La decisión afecta a prácticamente la totalidad de iniciativas previstas en Galicia y que superan una inversión de 3.500 millones de euros. Solo queda al margen el acuerdo marco firmado con el astillero de Navantia en Fene y la asturiana Windar por valor de 400 millones de euros para cimentaciones de parques marinos porque abastece a proyectos que se están construyendo fuera de España.
“La situación y la disponibilidad de recursos eólicos en Galicia convierten el territorio en una región aventajada para liderar la transición energética”, señala Iberdrola en la justificación de los proyectos para San Cibrao y San Brandán, con los que se propone aprovechar “la tecnología actual y el know-how regional” del sector en la comunidad. Ambos cuentan con 35 plataformas semi-sumergibles para aerogeneradores de 14 MW y su producción anual estimada suma 3.100 gigavatios hora (GWh), lo que supondría incrementar un 35% la aportación del viento al mix eléctrico de la región. El presupuesto se acerca a los 3.000 millones de euros.
Además de su estreno en offshore en Galicia con la intención de concurrir a los fondos europeos del Next Generation, Iberdrola tenía entre manos la construcción de varios parques en tierra después de más de una década en blanco en Galicia. Tres de ellos se presentaron directamente al Ministerio para la Transición Ecológica porque superan los 50 MW de potencia y el permiso es competencia estatal. Concretamente, el parque Berdoias (entre Vimianzo y Muxía) alcanza una potencia de 76,5 MW; el Pena do Corvo (A Capela, Cabanas y Monfero) supera los 58 MW; y Pedrabante (Tordoia, Trazo y Carballo) llega a los 90 MW. Tampoco estaba muy claro que pudieran ponerse en pie. La Xunta ha informado en contra de la mayoría de los proyectos de estas dimensiones amparándose en que salen de las zonas de desarrollo eólico en Galicia, a pesar de que la reciente ley de simplificación administrativa impulsada por San Caetano para acelerar la recuperación tras la pandemia permite hacerlo con un permiso del Consello de la Xunta.
El otro gran proyecto en cuarentena es la conversión de su hidroeléctrica de Vilariño de Conso en una megacentral reversible de 900 MW. Iberdrola solicitó la modificación de la concesión del aprovechamiento del río Bibey. Las instalaciones se convertirían en una de las mayores baterías de almacenamiento de electricidad de Europa, con más capacidad de bombeo incluso que las tres centrales que la compañía pone en pie desde cero en el tramo portugués del río Támega. El proyecto dispone ya del documento de alcance previo a elaborar el estudio de impacto medioambiental.
“Seguridad jurídica”
Desde que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las medidas del Gobierno para atajar el problema del encarecimiento de la electricidad, Iberdrola ha sido muy crítico con las consecuencias para su hoja de ruta en España, donde preveía invertir alrededor de 14.300 millones de euros para aumentar el músculo renovable y la mejora de redes. En una reciente misiva a sus accionistas, la compañía defiende que lo sucedido aquí no le ha desviado de sus objetivos. “Seguimos cumpliendo nuestro Plan de crecimiento de 75.000 millones de euros a 2025”, asegura en la carta, que destaca la próxima incorporación al grupo de la eléctrica de Nuevo México y Texas y el crecimiento en eólica marina “en nuestros países tradicionales y en nuevas geografías”. “Hoy, Iberdrola es una de las mayores empresas del mundo y –añade–, afortunadamente, tenemos presencia en otras áreas geográficas con seguridad jurídica, mayor estabilidad , predictibilidad y respeto a la ley que nos permiten ver el futuro con optimismo”.
