El Gobierno ha puesto en marcha hoy su plan de choque para frenar la escalada en el recibo de la luz, con reducciones tributarias y contención de determinados beneficios del sector. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para cumplir el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018. El Ejecutivo estima que la rebaja en el recibo hasta fin de año será del 22%, aunque llegará al 30% por efecto de las medidas tributarias acordadas, ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La norma, que se llevan a cabo cuando está previsto un nuevo récord del megavatio por hora (MWh) este miércoles, con 172,78 euros, combina medidas generales, que benefician a todos los consumidores, con específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses. Ribera ha destacado que el Gobierno incide sobre la parte que puede y "respetando la normativa comunitaria", no sobre el mercado mayorista, que está disparado en toda Europa. También ha asegurado que se "respeta la rentabilidad de las empresas del sector" y "pensando en el beneficio de las familias y las empresas".

Además de medidas coyunturales, como rebajar el impuesto especial de la electricidad del 5,11% al mínimo del 0,5% y suspender hasta final de año el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica; aumenta en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

Además se minoran temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. A su vez se incrementa la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, al establecer un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del bono social eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. De hecho, en la próxima revisión del 1 de octubre, el incremento medio de la tarifa regulada de gas será del 4,6% en vez del 29%, para evitar un coste excesivo para las familias y pymes de cara al invierno.

Nuevo mecanismo de contratación

Otra de las medidas consiste en la creación de un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial. Por otro lado, se modifica la ley de aguas para ordenar su uso como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños. De esta forma se pondrá coto a situaciones como las que en agosto provocaron el vaciado de embalses de Iberdrola.

Este paquete de medidas se suma a las ya aprobadas en junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía. Entonces, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.

Críticas al plan de choque del Gobierno para rebajar la factura de la luz Video: Agencia Atlas | Foto: EP

Nuevo récord

Desde junio, catapultado por la cotización del gas natural en los mercados internacionales y por la elevada cotización del CO2 en la UE, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha subido un 80%, alcanzando unos niveles nunca vistos que han creado alarma social y son motivo de evidente preocupación.

Ante una situación de desajuste entre oferta y demanda en el mercado global del gas que perdurará los próximos meses, el Gobierno ha optado por aprobar una batería de medidas extraordinarias con aplicación inmediata para prevenir y amortiguar el impacto de los costes energéticos sobre los consumidores y sobre el conjunto de la economía. Esta situación de los mercados energéticos coincide con la fase de recuperación tras la pandemia y es prioritario evitar una ralentización del ritmo de crecimiento, según la perspectiva del Ejecutivo.

Entre las decisiones adoptadas, destacan las fiscales: prorrogar hasta fin de año la suspensión del impuesto sobre la venta de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación; reducir desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) –el mínimo permitido por la regulación comunitaria–, y ampliar el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones.

Minoración temporal de la sobrerretribución

Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan y que se han disparado en "una situación sin precedentes" y que, según los expertos, durará hasta marzo de 2022, ha explicado Ribera. Por eso la medida durará hasta el 31 de marzo del año que viene. Se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso con los denominados 'beneficios caídos del cielo ('windfall profits').

Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas. También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano. 

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%.