En los 45 concellos donde no había ni una sucursal bancaria a finales del pasado año vivían 54.651 personas. Muy probablemente las dos cifras son diferentes ya a pesar de que no pasó demasiado tiempo. Esos pueblos, rurales y muy envejecidos, siguen perdiendo población y servicios básicos, víctimas del gravísimo problema de la exclusión financiera a causa del ajuste sin fin de la red de las entidades.
“Es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito”, reconoce el Banco de España en un reciente estudio sobre “la vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España” . El supervisor cree que el impulso “de soluciones alternativas a los canales tradicionales” puede ser “un importante complemento”, pero insuficiente para “sustituir completamente el abanico de servicios que prestan dichos canales”.
Después de muchos meses con el plan paralizado por culpa de la pandemia, la Xunta acaba de adjudicar la subvención de hasta 2,8 millones de euros para colocar cajeros en los ayuntamientos que se encuentren en esta situación. La elegida, según anunció ayer en el Parlamento gallego el director xeral de Política Financieira, Tesouro e Fondos Europeos, David Cabañó, es Abanca, que dará también un servicio de asistencia “que permita solucionar de forma presencial dudas” y formación digital.
La resolución definitiva no cogió por sorpresa porque, como adelantó Praza Pública, hace semanas que Abanca comunicó internamente a sus trabajadores que era la ganadora tras recibir la mejor valoración. Cabañó defiende que se siguió “escrupulosamente” la ley gallega de subvenciones “para la concesión del incentivo”. Abanca consiguió “una puntuación con amplia diferencia sobre la otra entidad interesada”. ¿Cuál? Caixa Rural Galega, según apuntaron a FARO fuentes de la Consellería de Facenda.
“Ustedes regalan el país a Juan Carlos Escotet”, arremetió Noa Presas, del BNG, que considera “un escándalo la financiación con fondos públicos de servicios que son el negocio de las entidades”. Los socialistas acusan al Ejecutivo autonómico de “echar balones fuera” por la petición que Cabañó reiteró ayer al Gobierno central para que “capitanee” una estrategia nacional. “La Xunta no va a hacer nada,”, dijo el diputado Juan Carlos Francisco Rivera. El director xeral de Política Financieira recordó que la reestructuración afecta a todo el país, aunque “el 40%” de cuota que Abanca tiene en Galicia provoca que “sus decisiones, las buenas y las malas, afecten significativamente”.
“Claro que hay que pedirles mayor responsabilidad, consideración y cuidado en la toma de decisiones”
Además de los gastos de transporte, instalación y mantenimiento de los cajeros en dependencias cedidas por los propios concellos, la orden de Facenda recoge “un máximo de 104 horas anuales”, unas 8,6 de media por semana, para la atención presencial “como asesoramiento en servicios y productos bancarios o contratación de operaciones de activo o pasivo”. No incluye servicio de caja. Se desconocen los detalles. La Xunta considera que es Abanca la que debe darlos “si lo considera oportuno”.
“Más allá de las disputas políticas, Abanca mantiene su compromiso con_Galicia y en especial con el mundo rural”, defiende la entidad, “la única que mantiene sus servicios en 115 concellos” con oficinas móviles para otros 18 y una red de 900 cajeros renovados con “nueva funcionalidad de menú, simplificado para clientes mayores”. “Damos servicios de efectivo al 998% de la población”, explica.
De los 45 concellos sin oficina, 38 se acogieron al convenio de servicios financieros básicos suscrito entre Facenda y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que ha solicitado una reunión a Abanca “para hacerles ver el gran problema que están ocasionando” con la retahíla de cierres en su red en los últimos meses. “La situación es preocupante”, se quejan en la Fegamp, por la transformación del sector “sin tener en cuenta la realidad social”, con vecinos en esas zonas sin conocimientos de banca o directamente sin medios tecnológicos.
Los concellos abren la puerta a “replantear el convenio” con la Xunta. “Esa medida se pensó como solución a una situación excepcional –destaca la Fegamp–, pero no puede ser que los ayuntamientos estemos poniendo nuestros medios e instalaciones para que las entidades cierren sus oficinas”. La Diputación de Pontevedra aprobó por unanimidad una declaración institucional ayer contra las clausuras. “Una verdadera alarma social”, calificó su presidenta, Carmela Silva.
