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Más de 100.000 asalariados gallegos tienen el sueldo desfasado por la falta de convenio

Alumnos del ciclo de peluquería en el IES de Teis. MARTA G. BREA

El último convenio colectivo de residencias privadas de tercera edad de Galicia se firmó el 21 de diciembre de 2017. Entonces eran 273 las empresas afectadas, con 9.000 asalariados (el 90%, mujeres). Tenía una vigencia de tres años, de 2016 a 2019. Fue denunciado –porque expiraba– por el sindicato CIG un par de meses antes del estallido del COVID en España. No se ha dado entrada a un nuevo marco regulador, como consta en el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (Regcon) del Gobierno central. En su último ejercicio de aplicación, las plantillas recibieron un aumento salarial del 2%, desde un salario base, en doce pagas, que arrancaba en los 927,73 euros al mes (para auxiliares de cocina o limpieza). Ahí quedó el convenio, en los tiempos prepandemia. Y no es el único. Hay alguno de 2011 (del mueble de A Coruña), o prorrogados desde 2018 (también del mueble, pero de Pontevedra). En suma, con personal del metal, la hostelería, el comercio o las panaderías, son casi 101.500 afiliados gallegos con un salario desfasado, sin actualizar. Equivale a más de uno de cada diez trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo a la documentación analizada por FARO en datos oficiales.

Hasta el pasado julio se habían ratificado 137 acuerdos laborales en Galicia, la mayoría de empresa (106), con una subida media del 1,82%, tres décimas por encima del conjunto del Estado. Eso sí, con más horas: 1.741,38 de promedio en toda España, por las casi 1.776 de la comunidad. De amparo para 450 empresas, de acuerdo al Regcon, y con 10.000 trabajadores afectados, el último gran convenio ha sido el de la industria siderometalúrgica y de talleres de reparación de vehículos de Ourense. Todavía no consta en la base de datos, pero el pacto entre las cuatro patronales y los sindicatos CC OO y UGT ha permitido dotar de un nuevo marco laboral a esta actividad hasta 2022, con una subida salarial del 1,5% y un día de compensación por exceso de jornada. Habitualmente, en el metal es el acuerdo rubricado en Pontevedra –el último, no sin polémica– el que abre el camino a los demás, pero de momento esta tendencia no ha cuajado ahora en A Coruña. El convenio de la industria siderometalúrgica fue renovado parcialmente el año pasado, con mejoras para el personal de empresas auxiliares de Navantia, pero la última revisión que consta es la de 2019. Afecta a unas 16.000 personas.

Menos de 950

La caducidad de convenios provoca también situaciones anómalas, como el hecho de que haya trabajadores percibiendo sueldos inferiores al salario mínimo. Es el caso de los amparados en el acuerdo de comercio del mueble pontevedrés; el último se publicó en 2016, con cuatro años de vigencia (2015-2018) y de aplicación para 750 trabajadores. Los sueldos anuales oscilan, de acuerdo al mismo, entre los 12.351,75 y los 12.646 euros –para un mozo especializado y un encargado, respectivamente–. Claro que en 2018 el SMI era de 10.302,60 euros al año, frente a los 13.300 actuales. La situación se repite en el de industria y comercio vitivinícolas pontevedrés, publicado en 2014, salarios base fijados en 956 euros mensuales para titulados superiores.

La caducidad de algunos hace que haya sueldos por debajo del SMI

El acuerdo de las panaderías y obradores de pastelería de A Coruña (denunciado en 2019, con 1.985 personas afectadas), el de limpieza de edificios y locales de la misma provincia (7.458 empleados) o el comercio textil de Ourense (denunciado el pasado año, con otras 6.500 personas en plantilla) están pendientes de ser renovados. El comercio vario coruñés (ampara a 21.616 trabajadores), la actividad de eventos y producciones culturales (728 personas), los aparcamientos (902) o los rematantes de madera de Pontevedra están en la lista de espera.

Para el Gobierno, los 950 euros mensuales –prorrogados hasta que no haya acuerdo entre patronal y sindicatos– cumplen “el derecho a una remuneración equitativa y suficiente que les proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso, en línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que dicho umbral se sitúa en el 60% del salario medio de los trabajadores”, reflejó en el Boletín Oficial del Estado.

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