La responsable de compliance de Repsol, María Díaz Aldao, defendió ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la legalidad del contrato verbal suscrito entre la petrolera y la principal empresa del entramado del excomisario José Manuel Villarejo, Cenyt. Para ello apeló al prestigio que tenía y a la oportunidad que implicaba poder ser quien la contratara en vez de que lo hiciera la parte contraria. También al interés que para la petrolera tenía conocer la operación por la que la mexicana Pemex y Sacyr querían hacerse con su control.

Fuentes presentes en la declaración señalaron que Aldao contestó a todas las preguntas que le realizaron tanto el magistrado como los fiscales Anticorrupción adscritos al caso. A lo largo de casi tres horas explicó que en ningún caso el contrato produjo intrusiones en derechos de terceros, al contrario de lo que sostiene el magistrado en el auto de imputación del grupo energético y de CaixaBank. En este argumenta que en ese contexto se intervinieron las comunicaciones del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Díaz Aldao, que negó este extremo, se basó en que la operación empresarial era necesaria por seguridad corporativa, porque se pretendía controlar la sociedad sin que se realizara una opa.

Por parte de CaixaBank compareció ante el juez García-Castellón su responsable de la asesoría jurídica, Ignacio Redondo Andreu, que siguió la línea marcada por el presidente no ejecutivo de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé.