Con un horizonte cuanto menos inseguro, parecen ser cada vez más los que entienden que el futuro de Ence pasa por una nueva ubicación como opción más factible para mantener los puestos de trabajo. La sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión de Costas deja poco margen de confianza para pensar en que el Tribunal Supremo aceptará el anunciado recurso de la compañía. Mientras Ence insiste en que el traslado “es inviable”, ayer mismo el conselleiro de Economía de la Xunta, Francisco Conde, planteaba la posibilidad de realizar un traslado subvencionado en parte con fondos europeos. Además un informe del Banco Sabadell alerta de un posible cierre antes de tres años si no se abre el diálogo al traslado y hasta los propios trabajadores entienden que recurrir la sentencia no traerá una solución para sus puestos de trabajo.

El vicepresidente segundo del ejecutivo gallego pidió ayer al Gobierno central “realismo y que se pueda concretar una alternativa al cierre”. Sin querer nombrar la palabra traslado, sí pidió realismo para dar viabilidad a esta opción. “Necesitamos saber cuáles son las condiciones a las que se puede acceder en términos de ayudas de fondos europeos donde el gobierno es quien tiene la última palabra para dotar de estos fondos a un proyecto de estas características”, reclamó ayer Conde a la vez que solicitaba a la pastera los requerimientos técnicos necesarios para buscar una nueva ubicación. Criterios que la empresa ya ha expresado a través de distintos informes.

Demanda al gobierno central

Por otro lado, Conde alegaba que “de igual modo que el gobierno está visitando otras comunidades autónomas como pueden ser Cataluña y el sector de la automoción o Extremadura, le pedimos que visite Galicia y que pueda concretar fondos europeos para dar una alternativa a Ence y que se pueda concretar un contexto realista”.

El titular de la cartera de Economía dejó claro que para el gobierno gallego la prioridad es el empleo y que pueda haber una continuidad, no solo de los puestos de trabajo, sino del impacto que tiene un proyecto de estas características del sector forestal y logístico. Conde prometió ser proactivos y colaborar con el Gobierno y con la empresa para poder aportar esas soluciones, pero, insistió en la necesidad de conocer los requisitos así como saber si se podrán destinar fondos europeos para esta alternativa. Por último, criticó que “hasta ahora la transición ecológica solo se traduce en cierre de empresas”.

La sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión de Costas deja a la pastera en el peor de los escenarios posibles. Así lo ratifican analistas del Banco Sabadell en un informe donde tildan la situación de “muy negativa” para Ence ya que, a pesar de no ser una resolución definitiva, se trata de una sentencia contraria “que además aleja el escenario intermedio de una nueva prórroga hasta 2033”.

En este sentido, la entidad bancaria contempla como escenarios posibles el cierre de la planta una vez la sentencia sea firme, con independencia de los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar para una nueva ubicación de la misma, y una sentencia definitiva favorable para el grupo que, considera, “implicaría la confirmación de la actual prórroga hasta 2073”.

No obstante, advierten de que la incertidumbre sobre el resultado final del proceso judicial es “muy elevada, dando tras el fallo de la pasada semana una mayor probabilidad a una sentencia contraria, y cree que tiene más sentido posicionarse “en un escenario de cierre de la planta en un corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 años)”.

De cumplirse esta última previsión, los analistas entienden que en un escenario de cierre de la planta, la compañía presentaría la oportuna reclamación solicitando una indemnización al menos por los 130 millones de euros que lleva invertidos desde que se le concedió la prórroga actual hasta 2073.

Con todo, salvo que el Tribunal Supremo derogue la sentencia de la Audiencia Nacional cuyo recurso aún no ha presentado la empresa, todo indica que Ence tiene los días contados en Lourizán mientras la empresa continúa negándose a barajar el traslado, que cifra en unos 700 millones de euros.

Los títulos de la compañía se desploman un 13% en Bolsa

Los títulos de Ence Energía y Celulosa se desplomaron casi un 13% en la sesión bursátil de ayer lastrados por el fallo de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión. En concreto, las acciones del grupo papelero y de energía renovables perdieron en la jornada un 12,73%, retrocediendo hasta los 2,550 euros, en niveles mínimos desde noviembre del año pasado. Los títulos de Ence ya experimentaron el pasado viernes una caída del 9,09%, siendo el valor más castigado del mercado español en esa jornada, después de conocerse la sentencia. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha divulgado la comunicación remitida por Ence a este organismo en el que confirma su intención de recurrir ante el Supremo las dos sentencias de la Audiencia Nacional, en respuesta a los recursos del Concello y de Greenpeace. Además, anuncia que “la sociedad convocará una conference call con inversores” esta semana.

El comité apela a la mesa de diálogo: “El cierre no es una opción”

El comité de empresa de la fábrica de Ence se reunió ayer con la dirección de la empresa en la que no pudieron tratar aún el mantenimiento de trabajo. La pastera les ha trasladado que todavía están evaluando la situación. Sí les ratificó que van a continuar con el recurso, pero la empresa mantiene su postura y no cree posible otra ubicación, pese a que está abierta al diálogo. Un diálogo que piden constantemente los trabajadores, que necesitan una solución. Con esa intención se concentraron ayer frente a la Subdelegación de Gobierno. El comité de fábrica solicitó una reunión inminente con la subdelegada para reabrir la mesa de diálogo, que se reunió el pasado 19 de abril y no volvió a convocarse. Maica Larriba no se encontraba ayer en Pontevedra, pero se comprometió a mantener una reunión esta misma semana con los trabajadores. El secretario del comité, Pablo Bacariza, insiste en mantener el diálogo con las administraciones ya que temen que “cualquier decisión política o empresarial pueda precipitar un cierre y es lo último que queremos”. “El cierre no es una opción”.