El Gobierno y los agentes sociales, patronal y sindicatos, recuperan el consenso para reformar el sistema público de pensiones. Lo hicieron con un primer acuerdo sellado ayer en los jardines del Palacio de la Moncloa que, según destacó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, marcará un hito y garantizará la viabilidad del sistema. Junto a Sánchez, rubricaron el que es el primer acuerdo en pensiones en una década, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el de CC OO, Unai Sordo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el vicepresidente de Cepyme, Santiago Aparicio.
El acto quedó empañado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que unas horas antes anunció que la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional supondrá para la generación del baby boom (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970) “un pequeño ajuste en su pensión”. Un ajuste que afectaría a aproximadamente a 500.000 ocupados gallegos que conforman este grupo de edad y que dejó un mal sabor de boca en la firma del primer acuerdo en esta materia en una década.
El ministro detalló que la generación de los llamados baby boomers, es “más ancha” y deberá asumir “algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo”. Para ello, plantea que podrán “elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más”.
Para Escrivá, España “no tiene un problema agudo de pensiones”, sino “un problema coyuntural” para afrontar el incremento del gasto que supondrá la jubilación de esta generación, ya que después se corregirá solo.
Este mecanismo de equidad intergeneracional sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, un elemento “mal definido” porque vinculaba las pensiones “a la esperanza de vida a todos y de forma indefinida”, aclaró Escrivá.
La reforma de pensiones entrará en vigor “a fin de año”, aseguró el ministro, quien calculó que entrará en el Congreso a principios de septiembre y “podrá estar vigente en algunos elementos centrales ya para el año que viene”. De esta forma, las pensiones ya comenzarán 2022 revalorizándose con el IPC de 2021, incidió el ministro, de forma que “los pensionistas no tendrán que estar pendientes cada año de ver qué decide en presupuestos el Gobierno de turno”.
De esta manera, el acuerdo sellado entre Gobierno y agentes sociales, con el primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones, contempla la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que estará definido en cinco meses y que comenzará a aplicarse en 2027.
El ministro también se refirió a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, que se abordará el año que viene, en el siguiente bloque de la reforma de las pensiones. Esta medida, insistió, debe acompañarse de una “mayor generosidad” en las lagunas de cotización y de la posibilidad de descartar los peores años de cotización. Escrivá garantizó que el objetivo de esta medida no es mermar la cuantía de la pensión y que la ampliación del periodo de cálculo irá ligada, sí o sí, a la elección de los mejores años de cotización.
El presidente del Gobierno resaltó que el acuerdo firmado “es solo el principio de una importante reforma que va a marcar un antes y un después del sistema público de pensiones”.
