El Gobierno central dio marcha atrás en el proceso de negociación de la compraventa de la planta de Alcoa en Cervo (Lugo) tras comunicar a los representantes de los trabajadores que no está dispuesto a que la SEPI (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sea la que se haga con la planta, para después transferirla a un tercero. Después de un primer intento frustrado, el otoño pasado, las negociaciones se volvieron a activar a principios de este año. La participación de la SEPI fue siempre uno de los elementos clave en la discusión entre Gobierno y empresa. En las últimas semanas, el secretario general de Industria, Raül Blanco, advirtió de que no era necesaria esa “triangulación” o “intermediación” por parte de la SEPI, una cuestión que Alcoa considera imprescindible. Con todo, el dirigente reclamó que sea Alcoa la que venta la factoría a un tercero directamente.
Ayer, el Ejecutivo comunicó que “no está dispuesto a meter a la SEPI en la compra de esta fábrica,” según trasladó el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Ante esta situación, el comité reclamó una reunión “urgente e inmediata” tras criticar que ya se cuentan 15 días de retraso. En este encuentro, incidió Zan, quieren que estén el vicepresidente de la Xunta, Francisco Conde, y la ministra de Industria. El gobierno gallego dijo que no tenía problema en aceptar la invitación y los trabajadores están a la espera de que la ministra ponga fecha a la reunión.
La multinacional se desprendió de sus dos plantas y ahora la justicia dictaminó que ni Parter (el primer comprador) ni el grupo Risco (el segundo) eran un socio serio para dar un futuro industrial a las factorías
