El 10 de marzo de 2020 había en España tan solo 3.300 personas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), el hermano desconocido en aquel momento de los ERE, lamentablemente mucho más populares por los recortes masivos de plantilla durante la doble recesión de 2008 y 2013. El número de trabajadores con el contrato paralizado o jornada reducida fue creciendo a medida que la pandemia pasó de un temor lejano a la peor pesadilla imaginable, superando los 3,6 millones de afectados en toda la tercera semana de abril tras la decisión del Gobierno de hibernar la economía y vetar cualquier desplazamiento que no fuera estrictamente necesario para frenar la primera ola del COVID-19.
Hubo dos más, y, aunque los ERTE se prorrogaron y ampliaron la cobertura para los diferentes supuestos posibles –desde negocios a medio gas a los sectores más apretados por las restricciones–, la ocupación no recuperó los niveles precrisis hasta finales de mayo de este año gracias a la relajación de las medidas por el buen ritmo de la vacunación. Aún así, la recaudación por IRPF aumentó un 1,2% el pasado ejercicio y mantiene la tendencia en lo que va de 2021.
Retenciones del sector público
¿Cómo esta subida es posible en medio de un golpe fortísimo para el mercado laboral? Porque los trabajadores en ERTE siguieron cotizando a cargo del Estado y, además, los ingresos por las retenciones en las administraciones crecieron un 7%. Las pensiones y, sobre todo, los sueldos públicos compensaron la merma en las aportaciones de las pymes, donde las retenciones disminuyeron un 4,1%. En grandes empresas también subieron, pero únicamente el 0,8%, según la Agencia Tributaria. Detrás están los refuerzos de plantilla en sanidad, educación y otras áreas cruciales frente al coronavirus, como las tramitaciones de los propios ERTE y prestaciones estatales, autonómicas y locales en general, que llevaron el personal al servicio del sector público en Galicia a máximos en una década.
Antes de la irrupción del coronavirus y la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020, en Galicia había unas 131.700 personas trabajando para las administraciones, sin contar los mutualistas. El pico de afiliados a la Seguridad Social en el sector público en la comunidad se alcanzó en noviembre, por encima de los 141.000, y en marzo del actual 2021 los cotizantes rondaban los 140.500, como recoge el último balance del organismo. No hay precedentes de una cifra así en la serie estadística que va hasta 2013. Para encontrar un volumen mayor de personal en las administraciones en Galicia hay que retroceder hasta 2010, según los boletines elaborados por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, antes del profundo ajuste aplicado tras la crisis financiera para atar en corto el déficit.
“Como parte de los procesos de consolidación fiscal aplicados en los últimos años, un conjunto amplio de países de la UE, entre ellos España, ha puesto en marcha revisiones del funcionamiento y la estructura del gasto de sus administraciones públicas, dentro de las cuales las medidas relativas a la remuneración de los asalariados, y en particular las que han afectado a su personal, ocupan un lugar destacado”, apuntaban Antonio Montesinos, Javier J. Pérez y Roberto Ramos, economistas del Banco de España, en un análisis de Funcas sobre los cambios en la estructura y composición del empleo público durante la crisis publicado en noviembre de 2015.
El sector público era hasta el pinchazo financiero “uno de los principales actores del mercado laboral de los países de la OCDE”, con una media de entre el 15% y el 20% del total de los trabajadores. Ese porcentaje en el caso de España bajó hasta el 12,1% de la población activa tras “el intenso ajuste en el empleo” en las administraciones del país entre 2011 y 2014: 345.000 puestos menos.
“La pandemia pilló a la administración pública en los huesos tras los años del austericido con reposición cero de efectivos y sin la cobertura de las vacantes que se iban acumulando”, indica Maica Bouza, responsable de Emprego en CC OO Galicia, que recuerda el gravísimo problema que “a medio plazo” traerá el envejecimiento progresivo de las plantillas. “En buena parte de las administraciones el personal es de edad elevada –añade– y, como se demostró durante esta crisis, saben hacer muy bien su trabajo. No será fácil sustituirles”.
"La pandemia pilló a la administración pública en los huesos tras los años del austericido"
Galicia sumó 8.800 empleos públicos desde marzo de 2020, lo que supone un incremento de personal del 6,7%. El alza está por debajo de la media estatal, un 7,5%, (192.000 ocupados nuevos) con 2,76 millones de trabajadores en el conjunto de las administraciones en total. La Xunta incorporó a 7.300 empleados, un 8,1% de subida, hasta los 97.700; los concellos elevaron su plantilla casi un 6% (1.600) y alcanzaron los 29.200; y el Estado se queda por debajo de los 13.800 después de una caída del 1% (146). Los últimos datos en detalle de la administración autonómica son de julio de 2020, cuando los sanitarios rozaron los 28.600: 1.000 más que en enero de ese ejercicio y muy por encima de los 26.300 previos a los recortes de la anterior crisis.
“Debemos olvidar los criterios economicistas y ser conscientes de que el sector público juega un papel fundamental de estímulo y acompañamiento social y, si se desarrolla, el sector de los cuidados puede ser un tractor muy importante en empleo y el consumo”, apela Bouza.
